Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) exigió que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social finque responsabilidades entre los funcionarios coahuilenses, quienes sin una orden de la Secretaría de Economía (SE), desalojaron de la mina Pasta de Conchos a las viudas y familias de los 63 mineros que permanecen sepultados en el yacimiento desde 2006.
El lunes, las viudas y familias de los mineros fallecidos en la zona carbonífera de Coahuila, se reunieron con funcionarios del estado, quienes se contradijeron entre sí al tratar de responder quién tenía la “supuesta” orden de desalojo de la mina, emitida por la Dirección General de Minas, de la SE, informó en entrevista Cristina Auerbach, de la OFPC.
Las familias solicitaron dicho documento el jueves pasado, desde ese día se dieron cita en la Plaza de Armas, en Saltillo, sin obtener ninguna respuesta, hasta ayer, cuando los funcionarios les dijeron que no les entregarían la orden, ya que Humberto Moreira, gobernador del estado, estaba revisando el asunto.
Lo anterior lo expresaron Alejandro Torres, secretario de Asuntos Sociales del Estado, Gerardo Martín de Hoyos, subsecretario de Asuntos Sociales y el general Jesús Ernesto Estrada, director del área operativa de la Fiscalía General del Estado, informó la OFPC en un comunicado de prensa.
Los representantes de Asuntos Sociales les informaron que no podían darles el escrito, porque estaba en poder de la Fiscalía General, lo cual fue negado por el general Estrada, quien informó que él sólo recibió la orden del gobierno coahuilense para que la policía estatal ocupara Pasta de Conchos.
A partir de este momento, los funcionarios de Asuntos Sociales pidieron tiempo para buscar el documento, y varias horas después terminaron la reunión afirmando que Humberto Moreira estaba revisando el asunto.
Con ello, la OFPC señaló que es evidente que el operativo policíaco del gobierno priísta carece de “debida motivación y fundamentación legal, pues la única autoridad competente para ordenar el sellado de la mina es la Dirección General de Minas”.
De acuerdo con Auerbach, el deslinde de responsabilidades por parte de las autoridades estatales y federales permite que Grupo México opere la mina Pasta de Conchos, resguardada por elementos la policía estatal, que el jueves pasado agredieron nuevamente a las familias afuera del yacimiento.
Cabe recordar que tras el desalojo de las familias, Humberto Moreira declaró que tenía una orden para ello de la Dirección General de Minas, y de no actuar, sería acusado de desacato. Al tiempo, Javier Lozano señaló también de manera pública, que el gobierno federal no ordenó el desalojo y que desconocía lo que había ocurrido, precisó Auerbach.
“Si el gobierno federal no entregó ninguna orden y Moreira es responsable ¿porqué no proceden en su contra?”, cuestiona la también lideresa de Equipo Nacional de Pastoral Laboral.
En caso de que el gobierno federal no tuviera conocimiento del desalojo de las viudas y con ello, la entrega de la mina a Grupo México, registrado el pasado 8 de junio, el hecho “implica una invasión de las facultades y competencias federales así como la probable comisión de delito de abuso de autoridad”.
Cabe mencionar, que debido a la violencia ejercida por la policía estatal en contra de las viudas y familiares que resguardaban la mina, ellas levantaron una denuncia en contra de la policía estatal ante el ministerio público de Coahuila, por el delito de abuso de autoridad.
Con o sin orden de desalojo, ningún policía tiene derecho a ejercer violencia, sobre todo cuando se trata de mujeres mayores de 60 años, como las viudas y madres de los mineros indicó Cristina Auerbach.
La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) exigió que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social finque responsabilidades entre los funcionarios coahuilenses, quienes sin una orden de la Secretaría de Economía (SE), desalojaron de la mina Pasta de Conchos a las viudas y familias de los 63 mineros que permanecen sepultados en el yacimiento desde 2006.
El lunes, las viudas y familias de los mineros fallecidos en la zona carbonífera de Coahuila, se reunieron con funcionarios del estado, quienes se contradijeron entre sí al tratar de responder quién tenía la “supuesta” orden de desalojo de la mina, emitida por la Dirección General de Minas, de la SE, informó en entrevista Cristina Auerbach, de la OFPC.
Las familias solicitaron dicho documento el jueves pasado, desde ese día se dieron cita en la Plaza de Armas, en Saltillo, sin obtener ninguna respuesta, hasta ayer, cuando los funcionarios les dijeron que no les entregarían la orden, ya que Humberto Moreira, gobernador del estado, estaba revisando el asunto.
Lo anterior lo expresaron Alejandro Torres, secretario de Asuntos Sociales del Estado, Gerardo Martín de Hoyos, subsecretario de Asuntos Sociales y el general Jesús Ernesto Estrada, director del área operativa de la Fiscalía General del Estado, informó la OFPC en un comunicado de prensa.
Los representantes de Asuntos Sociales les informaron que no podían darles el escrito, porque estaba en poder de la Fiscalía General, lo cual fue negado por el general Estrada, quien informó que él sólo recibió la orden del gobierno coahuilense para que la policía estatal ocupara Pasta de Conchos.
A partir de este momento, los funcionarios de Asuntos Sociales pidieron tiempo para buscar el documento, y varias horas después terminaron la reunión afirmando que Humberto Moreira estaba revisando el asunto.
Con ello, la OFPC señaló que es evidente que el operativo policíaco del gobierno priísta carece de “debida motivación y fundamentación legal, pues la única autoridad competente para ordenar el sellado de la mina es la Dirección General de Minas”.
De acuerdo con Auerbach, el deslinde de responsabilidades por parte de las autoridades estatales y federales permite que Grupo México opere la mina Pasta de Conchos, resguardada por elementos la policía estatal, que el jueves pasado agredieron nuevamente a las familias afuera del yacimiento.
Cabe recordar que tras el desalojo de las familias, Humberto Moreira declaró que tenía una orden para ello de la Dirección General de Minas, y de no actuar, sería acusado de desacato. Al tiempo, Javier Lozano señaló también de manera pública, que el gobierno federal no ordenó el desalojo y que desconocía lo que había ocurrido, precisó Auerbach.
“Si el gobierno federal no entregó ninguna orden y Moreira es responsable ¿porqué no proceden en su contra?”, cuestiona la también lideresa de Equipo Nacional de Pastoral Laboral.
En caso de que el gobierno federal no tuviera conocimiento del desalojo de las viudas y con ello, la entrega de la mina a Grupo México, registrado el pasado 8 de junio, el hecho “implica una invasión de las facultades y competencias federales así como la probable comisión de delito de abuso de autoridad”.
Cabe mencionar, que debido a la violencia ejercida por la policía estatal en contra de las viudas y familiares que resguardaban la mina, ellas levantaron una denuncia en contra de la policía estatal ante el ministerio público de Coahuila, por el delito de abuso de autoridad.
Con o sin orden de desalojo, ningún policía tiene derecho a ejercer violencia, sobre todo cuando se trata de mujeres mayores de 60 años, como las viudas y madres de los mineros indicó Cristina Auerbach.
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