Jorge Carrasco Araizaga
Juan Francisco Molinar Horcasitas, hombre de confianzas de Felipe Calderón, pasa el peor momento de su carrera política, pero con el aval de su amigo y jefe está decidido a doblarle la mano a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo menos, a una mayoría suficiente de seis ministros para que el máximo tribunal lo exonere de la mas grave acusación que puede pesar sobre cualquier persona y más para un funcionario publico: el homicidio de 49 niños de entre 10 meses y cuatro años de edad por el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.
En la que ha sido la peor tragedia infantil en el país, ocurrida hace justo un año, 104 niños más resultaron heridos con afectaciones pulmonares, algunas de ellas irreversibles.
Molinar fue promotor de la candidatura presidencial de su amigo, quien al ocupar Los Pinos lo designó director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cargo en el que estuvo hasta marzo del año pasado, tres meses antes de la tragedia. Calderón lo designó entonces titular de la estratégica Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), desde donde Televisa y Telefónica, de España, le disputan a Carlos Slim el futuro de las telecomunicaciones en México.
Molinar, además, es ahora el encargado de repartir las concesiones para la infraestructura vital del país.
Mucho poder y beneficio para dejarlos ir. En cuanto el ministro Arturo Zaldívar dio a conocer el dictamen que resultó de la investigación de la Corte sobre la tragedia, Molinar inicio su defensa mediática para alegar su inocencia, utilizando los recursos de la SCT. Para defenderse, Molinar comenzó a repartir culpas. A la propia Corte la acusa de haber violado sus derechos, según él, por no entrevistarlo para dar su versión de la tragedia.
Extraña el argumento del exdirector del IMSS, pues una vez que tuvo el informe preliminar de la investigación, la Corte lo entregó a las autoridades y servidores públicos para hacer observaciones y presentar la documentación o elementos que les sirvieran de descargo. Molinar se deslinda culpando al exgobernador Eduardo Bours. Dice que como director del Seguro Social le era humanamente imposible evitar los factores que provocaron el incendio de la estancia infantil, autorizada por el IMSS para operar junto a una bodega llena de papel y deficiente sistema eléctrico de la Secretaria de Hacienda de Sonora.
El exdirector del IMSS quiere ocultar una verdad incontestable: como encargado de la institución no hizo nada para evitar el "desorden generalizado" del sistema de guarderías subrogadas que propició la tragedia.
El informe de la investigación hecha por dos magistrados por mandato de la Corte, dado a conocer el 1 de marzo es contundente: sólo el 0.3 por ciento de las guarderías subrogadas, de las casi mil 500 al momento de la desgracia, cumplían con todos los requisitos para su funcionamiento. De ahí que la Corte hable de "desorden generalizado". El fondo del dictamen es sobre la responsabilidad de los que gobiernan, de los alcances de sus actos y omisiones.
En una sociedad donde la impunidad es histórica, no es extraño que el exdirector del IMSS no se haya hecho a un lado mientras el Poder Judicial lo investigaba junto a otros exfuncionarios del Seguro Social, el gobierno de Sonora y la presidencia municipal de Hermosillo. Al contrario, desde la fuerza del Ejecutivo Federal, hará cuanto pueda para que una mayoría de ministros lo exculpen.
Calderón lo apoya, pues sabe que no sólo es Molinar y el actual director del IMSS, Daniel Karam, en lo personal, los que están señalados. Es su gestión como gobernante la que está en entredicho. A decir de la manera en que la Corte ha resuelto los casos de graves violaciones a los derechos humanos en Puebla y Oaxaca, no seria raro que Molinar quedara libre de culpa. Aunque así fuera, la sociedad mexicana hace mucho que lo culpó.
Juan Francisco Molinar Horcasitas, hombre de confianzas de Felipe Calderón, pasa el peor momento de su carrera política, pero con el aval de su amigo y jefe está decidido a doblarle la mano a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo menos, a una mayoría suficiente de seis ministros para que el máximo tribunal lo exonere de la mas grave acusación que puede pesar sobre cualquier persona y más para un funcionario publico: el homicidio de 49 niños de entre 10 meses y cuatro años de edad por el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.
En la que ha sido la peor tragedia infantil en el país, ocurrida hace justo un año, 104 niños más resultaron heridos con afectaciones pulmonares, algunas de ellas irreversibles.
Molinar fue promotor de la candidatura presidencial de su amigo, quien al ocupar Los Pinos lo designó director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cargo en el que estuvo hasta marzo del año pasado, tres meses antes de la tragedia. Calderón lo designó entonces titular de la estratégica Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), desde donde Televisa y Telefónica, de España, le disputan a Carlos Slim el futuro de las telecomunicaciones en México.
Molinar, además, es ahora el encargado de repartir las concesiones para la infraestructura vital del país.
Mucho poder y beneficio para dejarlos ir. En cuanto el ministro Arturo Zaldívar dio a conocer el dictamen que resultó de la investigación de la Corte sobre la tragedia, Molinar inicio su defensa mediática para alegar su inocencia, utilizando los recursos de la SCT. Para defenderse, Molinar comenzó a repartir culpas. A la propia Corte la acusa de haber violado sus derechos, según él, por no entrevistarlo para dar su versión de la tragedia.
Extraña el argumento del exdirector del IMSS, pues una vez que tuvo el informe preliminar de la investigación, la Corte lo entregó a las autoridades y servidores públicos para hacer observaciones y presentar la documentación o elementos que les sirvieran de descargo. Molinar se deslinda culpando al exgobernador Eduardo Bours. Dice que como director del Seguro Social le era humanamente imposible evitar los factores que provocaron el incendio de la estancia infantil, autorizada por el IMSS para operar junto a una bodega llena de papel y deficiente sistema eléctrico de la Secretaria de Hacienda de Sonora.
El exdirector del IMSS quiere ocultar una verdad incontestable: como encargado de la institución no hizo nada para evitar el "desorden generalizado" del sistema de guarderías subrogadas que propició la tragedia.
El informe de la investigación hecha por dos magistrados por mandato de la Corte, dado a conocer el 1 de marzo es contundente: sólo el 0.3 por ciento de las guarderías subrogadas, de las casi mil 500 al momento de la desgracia, cumplían con todos los requisitos para su funcionamiento. De ahí que la Corte hable de "desorden generalizado". El fondo del dictamen es sobre la responsabilidad de los que gobiernan, de los alcances de sus actos y omisiones.
En una sociedad donde la impunidad es histórica, no es extraño que el exdirector del IMSS no se haya hecho a un lado mientras el Poder Judicial lo investigaba junto a otros exfuncionarios del Seguro Social, el gobierno de Sonora y la presidencia municipal de Hermosillo. Al contrario, desde la fuerza del Ejecutivo Federal, hará cuanto pueda para que una mayoría de ministros lo exculpen.
Calderón lo apoya, pues sabe que no sólo es Molinar y el actual director del IMSS, Daniel Karam, en lo personal, los que están señalados. Es su gestión como gobernante la que está en entredicho. A decir de la manera en que la Corte ha resuelto los casos de graves violaciones a los derechos humanos en Puebla y Oaxaca, no seria raro que Molinar quedara libre de culpa. Aunque así fuera, la sociedad mexicana hace mucho que lo culpó.
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