Alfredo Méndez / La Jornada
Los abogados del sindicato minero presentaron ayer una demanda de amparo para impugnar un acuerdo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que dio por terminada la huelga de más de dos años de los trabajadores de la sección 65 de Cananea, Sonora.
Se trata de un recurso que fue admitido a trámite por el juzgado quinto de distrito en materia laboral, el cual tardará varios meses en resolverse de manera definitiva. Incluso, puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que cuestiona la constitucionalidad de varios temas.
El laboralista Carlos de Buen, uno de los abogados del gremio, informó ayer a La Jornada que en la demanda se está pidiendo la suspensión en vía de amparo, para que “las cosas se mantengan en el estado que se encuentran actualmente y que la empresa no pueda hacer nuevas contrataciones mientras no se resuelva el fondo del juicio de amparo, toda vez que la huelga está en tela de juicio, lo que impide que haya labores en la mina.
"También le estamos pidiendo al juez la suspensión para que se mantengan ciertos efectos que produce el paro, como el hecho de que el patrón se haya considerado depositario de los bienes, a fin de que no pueda disponer de ellos, y el hecho de que se consideren otras preferencias respecto de los trabajadores, es decir, que no se pueden practicar embargos", destacó.
Este viernes, el juzgado quinto notificará al sindicato minero si concede la suspensión.
"En las demandas de amparo estamos alegando algunos problemas de constitucionalidad por una interpretación que está haciendo la JFCA sobre el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, lo que desde nuestro punto de vista malinterpreta lo que establece el 129 constitucional", indicó De Buen.
La noche del pasado 7 de junio, unos 2 mil agentes de la Policía Federal tomaron el control de la mina de Cananea, filial de Grupo México, tras permanecer en huelga desde el 30 de julio de 2007, lo que dejó un saldo de al menos cinco heridos y daños a inmuebles.
Los abogados del sindicato minero presentaron ayer una demanda de amparo para impugnar un acuerdo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que dio por terminada la huelga de más de dos años de los trabajadores de la sección 65 de Cananea, Sonora.
Se trata de un recurso que fue admitido a trámite por el juzgado quinto de distrito en materia laboral, el cual tardará varios meses en resolverse de manera definitiva. Incluso, puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que cuestiona la constitucionalidad de varios temas.
El laboralista Carlos de Buen, uno de los abogados del gremio, informó ayer a La Jornada que en la demanda se está pidiendo la suspensión en vía de amparo, para que “las cosas se mantengan en el estado que se encuentran actualmente y que la empresa no pueda hacer nuevas contrataciones mientras no se resuelva el fondo del juicio de amparo, toda vez que la huelga está en tela de juicio, lo que impide que haya labores en la mina.
"También le estamos pidiendo al juez la suspensión para que se mantengan ciertos efectos que produce el paro, como el hecho de que el patrón se haya considerado depositario de los bienes, a fin de que no pueda disponer de ellos, y el hecho de que se consideren otras preferencias respecto de los trabajadores, es decir, que no se pueden practicar embargos", destacó.
Este viernes, el juzgado quinto notificará al sindicato minero si concede la suspensión.
"En las demandas de amparo estamos alegando algunos problemas de constitucionalidad por una interpretación que está haciendo la JFCA sobre el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, lo que desde nuestro punto de vista malinterpreta lo que establece el 129 constitucional", indicó De Buen.
La noche del pasado 7 de junio, unos 2 mil agentes de la Policía Federal tomaron el control de la mina de Cananea, filial de Grupo México, tras permanecer en huelga desde el 30 de julio de 2007, lo que dejó un saldo de al menos cinco heridos y daños a inmuebles.
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