En estos días, el general en retiro Gonzalo Miguel Adalid Mier, actual secretario de Seguridad Pública en el municipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León, buscará registrar ante Derechos de Autor su proyecto para “Municipalizar a las Policías”, en el que desde la llegada de Guillermo Galván a la titularidad de la Sedena, ha planteado todo un esquema de reestructuración y manejo de cuerpos policiacos municipales y estatales a fin de mejorar sustancialmente los niveles de seguridad en varios puntos álgidos del país.
El problema es que en realidad el general Adalid se está viendo forzado a registrar su proyecto –apoyado por una decena de generales activos y en retiro– por varias razones.
La primera tiene que ver con la inminente eliminación de las policías municipales, su unificación en una estructura de control estatal y la nada remota existencia de un cuerpo policiaco nacional que rebasaría en muchos aspectos el monopolio de la fuerza que históricamente han tenido el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
La segunda, no menos importante para los intereses del general Adalid, está relacionada con el cabildeo subterráneo que el hijo de un reconocido y fallecido abogado penalista hace desde hace varios meses en el norte del país precisamente con ese proyecto, presentándolo casi como suyo y cobrando a gobernadores, alcaldes y funcionarios de áreas de seguridad una cantidad de dinero nada despreciable por las consultorías ofrecidas, algo así como cuatro millones de pesos por sus servicios.
Estas caravanas con sombrero ajeno han causado gran molestia en el grupo de militares que apoyan a Adalid. Por eso le han aconsejado registrar el proyecto y al mismo impulsar una especie de frente para detener o al menos reducir los impactos que el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, pueda causar si su idea de tener un cuerpo policiaco nacional prospera.
El tema no es asunto menor y tiene preocupados a los mandos militares en la Sedena y fuera de ella. Entre los generales afines al DN-1, Guillermo Galván, la inquietud gira en torno a que no se puede permitir que alguien como García Luna o sus colaboradores incondicionales lleguen a comandar y coordinar una fuerza policial de 400 mil efectivos o más.
Esto resulta inaceptable para los mandos castrenses ya que de inicio duplicaría a los militares y necesariamente los igualaría en armamento ligero y en capacidad de movilización aérea, además de que una fuerza de ese tamaño se comería el presupuesto de otras secretarias del ramo de la seguridad, comenzando por la de marina y continuando con la de la Defensa Nacional, que en los últimos tres años ha visto crecer sus recursos en forma importante.
Pero lo más importante sería el poder y preeminencia, la cadena de favores que García Luna crearía con determinados gobernadores una vez que la policía sufra tales modificaciones.
El plan original del general Adalid contemplaba, a inicios de 2007, muchos meses antes del recrudecimiento de la guerra contra el crimen organizado, un proyecto militar para reestructurar a fondo los cuerpos policiacos del país mediante una policía nacional regida por medidas de control interno y de disciplina tipo castrense, que incluyan la pena de muerte para los elementos que se alíen a la delincuencia organizada, en casos extremos que implicaran traición y muerte de compañeros y jefes.
Este escenario ya es obsoleto porque en su momento Vicente Fox derogó la pena capital del texto constitucional, obligando a la Sedena a hacer lo mismo en el Código de Justicia Militar en el sexenio anterior.
El proyecto planteaba que para su implementación fuera posible y solida, se necesitarían cambios constitucionales, no necesariamente reformas, para darle vida al “fuero policial”. En el fondo, la premisa descansaba en la vigencia y extensión del fuero militar ya que en el centro de la propuesta del general persiste la idea de crear mandos policiales con una estructura de Estado Mayor.
Estos cuerpos “municipalizados”, según el proyecto de Adalid, deberán ser dirigidos necesariamente por militares, por generales con licencia o en retiro, y con amplia y exitosa experiencia en áreas de seguridad.
El general Adalid no va solo en esto. Lo acompañará un grupo de empresarios neoleoneses a los que ha convencido de que el esquema de la municipalización es correcto, perfectible y viable en el corto o mediano plazo.
Una de las razones para el apoyo al militar, quien fue secretario de Seguridad Pública estatal en Michoacán en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, y Comisario General de la Policía Federal Preventiva (PFP), radica en el fracaso del esquema de seguridad, preventivo y reactivo, del gobierno federal, especialmente en el norte del país.
Además, son varios los hombres de negocios regiomontanos convencidos de que el proyecto de García Luna acabaría por anular al Ejército, dándole una preeminencia inusitada al titular de la SSPF y a su gente.
Una de las partes medulares del proyecto del general Adalid se sustenta en un análisis hecho a finales de 2006 por generales que estuvieron en la primera y segunda antigüedades del Colegio de Defensa Nacional (CDN).
De acuerdo con sus conocimientos y experiencia, plasmados en el documento “la Verdadera Seguridad Nacional”, una parte de la realidad nacional en cuanto a sus graves deficiencias en materia de seguridad, se explicaría de la siguiente manera:
“Ha quedado demostrado a la sociedad y al Gobierno Federal, que la situación actual de inseguridad que se vive a nivel nacional, que México se encuentra rebasado en sus capacidades ante este escenario. La delincuencia organizada manifiesta día a día su superioridad ante las diversas instancias del gobierno.
“Es manifiesta su estructurada red de inteligencia que se encuentra siempre un paso adelante de las autoridades municipales, estatales y federales. Es una necesidad imperante la creación de una nueva Policía Nacional, como órgano único de toda la Seguridad Pública del país, que garantice verdaderamente la seguridad de la ciudadanía.
“Y para lograrlo, será indispensable que se cuente con un Estado Mayor dirigido por personal militar, del mismo modo, deberá ocurrir en las Secretarías de Estado a quienes les atañe la Seguridad de la Nación, tales como Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Procuraduría General de la República, CISEN, SIEDO, AFI, etc.
“En el caso del CISEN, es evidente que no es una herramienta al servicio del interés nacional, sino sirve al interés particular.
“Por ello lo recomendable es la integración de un organismo de planteamiento de alto nivel en materia de seguridad y defensa nacionales, en el que participen representantes de las tres Fuerzas Armadas para realizar la concentración de la inteligencia, la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos, y la planeación de objetivos y estrategias en materia de Seguridad Nacional.
“En las Fuerzas Armadas, quienes siempre han demostrado su profesionalismo, lealtad e institucionalidad ante las diversas circunstancias históricas y políticas del México moderno, quienes cuentan con la debida preparación, mística de servicio, y facultados constitucionalmente para realizar funciones que garanticen la Seguridad y Defensa Nacional."
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