Olga Pellicer
MÉXICO, D.F., 25 de junio.- En los últimos tiempos, reclamar se ha convertido en elemento central de la política de México hacia Estados Unidos; esto es particularmente notorio en el discurso presidencial. La participación del presidente Felipe Calderón en el Congreso estadunidense será recordada por sus duros señalamientos en contra de los contenidos xenófobos de la Ley Arizona y la falta de apoyo para contener el tráfico de armas hacia México. Más recientemente, el documento La lucha por la seguridad pública, firmado por el presidente y publicado a dos páginas en los principales diarios del país el domingo 13 de junio, pone el acento sobre la responsabilidad de Estados Unidos en los difíciles problemas de seguridad y violencia que vive el país.
Algunos ejemplos: “El origen de nuestro problema de violencia –comienza el citado documento– radica en primer término en el hecho de que México está situado al lado del país que tiene el mayor consumo de drogas a nivel mundial. Es como si tuviésemos al lado a un vecino que es el mayor adicto del mundo”.
Ese empeño en señalar la culpa del vecino se reitera más adelante, al hacer referencia a la estrategia de control territorial utilizada por los narcotraficantes. Un factor que ha favorecido esa estrategia, se afirma, “ha sido la facilidad de tener armamento cada vez más letal. Una de las principales razones de este problema ha sido el descuido de las autoridades estadunidenses de contener este proceso que ha llegado a permitir la venta de casi cualquier arma en Estados Unidos (…) El crecimiento de la violencia en México comienza coincidentemente con la derogación de la ley que prohibía la venta de armas de asalto en Estados Unidos”.
Sin duda hay motivos justificados para hacer reclamos, y es imposible cualquier análisis sobre narcotráfico que no incorpore el tema de la demanda y compra de armas en Estados Unidos. Sin embargo, tales señalamientos y los ánimos nacionalistas que levantan tienen efectos indeseables, entre otros, por tres motivos: dejan en segundo término las situaciones internas que constituyen las verdaderas causas del problema; oscurecen el hecho de que la cooperación con los estadunidenses en materia de seguridad es cada día más fuerte; finalmente, tienen el efecto de acrecentar los sentimientos negativos hacia México que, cada vez con mayor intensidad, recorren a numerosos grupos sociales en Estados Unidos.
Una lectura más detallada del mencionado documento permite tomar conciencia de la extrema vulnerabilidad de una lucha que se libra al mismo tiempo que se intenta, sin garantía de éxito, reorganizar diversos aspectos de los sistemas de seguridad e impartición de justicia en México. El documento habla de las acciones para reorganizar, rehabilitar, entrenar y eliminar la corrupción de la Policía Federal; reconoce que “la impunidad crónica en México tiene que ver con las enormes posibilidades de corrupción de ministerios públicos y jueces”; toma en cuenta el hecho de que nuestro “sistema judicial no cumple con el principio constitucional de justicia pronta y expedita, ni permite castigar eficazmente a los delincuentes”; señala que se inicia apenas una base de datos de información delictiva compartida por las autoridades federales, estatales y municipales. En suma, la batalla se desarrolla sin que las fuerzas del Estado dispongan de las capacidades operativas y tecnológicas para tener éxito. Los esfuerzos para otorgarles dichas capacidades se hacen, pero hay un camino muy largo por recorrer antes de asegurar buenos resultados.
Las debilidades institucionales de México para la “guerra” que conduce el presidente hacen muy necesaria la cooperación con Estados Unidos. Es irremediablemente una cooperación en la que estamos en situación de desventaja. La superioridad de los sistemas estadunidenses de información, entrenamiento de fuerzas del orden, planeación estratégica, equipos, sistema judicial, sistema carcelario, etcétera, nos hablan de una cooperación asimétrica, en la que estrategias y líneas de acción serán impuestas por ellos, o al menos será difícil evitar que así sea.
Llama entonces la atención que la sección relativa a cooperación internacional, en el multicitado documento, sea reducida y muy engañosa. Allí parece que lo importante es reiterar “los principios de responsabilidad compartida, respeto a la soberanía y jurisdicción de cada Estado”. Por lo demás, sólo se habla de las extradiciones y no se mencionan los importantes acuerdos para acciones entre México y Estados Unidos que se están aplicando, como la instalación de una oficina bilateral en la que de manera conjunta mexicanos y estadunidenses decidirán la implementación de la Iniciativa Mérida.
Finalmente, cabe referirse al efecto que la retórica de los reclamos tiene sobre los sentimientos hacia México en Estados Unidos. Una lectura rápida de los medios de comunicación en aquel país, desde los reportajes casi cotidianos de la prensa hasta twitter y facebook, nos habla de sentimientos crecientemente hostiles hacia los mexicanos. Basta ver las encuestas sobre quienes están de acuerdo con la Ley Arizona y el número de estados en los que se pretende aprobar una legislación semejante.
Ese ambiente de hostilidad está presente no sólo hacia los trabajadores indocumentados, sino hacia el país en su conjunto, cuya imagen se identifica cada vez más con la violencia, la corrupción y la inoperancia de sus sistemas de justicia. Imaginar que “hablando fuerte” en el Congreso o denunciando la responsabilidad de las adicciones en Estados Unidos se modificarán tales sentimientos es una apreciación muy equivocada.
El objetivo no es corresponsabilizar, lo cual está muy superado en el discurso; el objetivo es ofrecer motivos para que se tenga más respeto por México, para que el país ofrezca al exterior resultados que vayan más allá de los reclamos.
MÉXICO, D.F., 25 de junio.- En los últimos tiempos, reclamar se ha convertido en elemento central de la política de México hacia Estados Unidos; esto es particularmente notorio en el discurso presidencial. La participación del presidente Felipe Calderón en el Congreso estadunidense será recordada por sus duros señalamientos en contra de los contenidos xenófobos de la Ley Arizona y la falta de apoyo para contener el tráfico de armas hacia México. Más recientemente, el documento La lucha por la seguridad pública, firmado por el presidente y publicado a dos páginas en los principales diarios del país el domingo 13 de junio, pone el acento sobre la responsabilidad de Estados Unidos en los difíciles problemas de seguridad y violencia que vive el país.
Algunos ejemplos: “El origen de nuestro problema de violencia –comienza el citado documento– radica en primer término en el hecho de que México está situado al lado del país que tiene el mayor consumo de drogas a nivel mundial. Es como si tuviésemos al lado a un vecino que es el mayor adicto del mundo”.
Ese empeño en señalar la culpa del vecino se reitera más adelante, al hacer referencia a la estrategia de control territorial utilizada por los narcotraficantes. Un factor que ha favorecido esa estrategia, se afirma, “ha sido la facilidad de tener armamento cada vez más letal. Una de las principales razones de este problema ha sido el descuido de las autoridades estadunidenses de contener este proceso que ha llegado a permitir la venta de casi cualquier arma en Estados Unidos (…) El crecimiento de la violencia en México comienza coincidentemente con la derogación de la ley que prohibía la venta de armas de asalto en Estados Unidos”.
Sin duda hay motivos justificados para hacer reclamos, y es imposible cualquier análisis sobre narcotráfico que no incorpore el tema de la demanda y compra de armas en Estados Unidos. Sin embargo, tales señalamientos y los ánimos nacionalistas que levantan tienen efectos indeseables, entre otros, por tres motivos: dejan en segundo término las situaciones internas que constituyen las verdaderas causas del problema; oscurecen el hecho de que la cooperación con los estadunidenses en materia de seguridad es cada día más fuerte; finalmente, tienen el efecto de acrecentar los sentimientos negativos hacia México que, cada vez con mayor intensidad, recorren a numerosos grupos sociales en Estados Unidos.
Una lectura más detallada del mencionado documento permite tomar conciencia de la extrema vulnerabilidad de una lucha que se libra al mismo tiempo que se intenta, sin garantía de éxito, reorganizar diversos aspectos de los sistemas de seguridad e impartición de justicia en México. El documento habla de las acciones para reorganizar, rehabilitar, entrenar y eliminar la corrupción de la Policía Federal; reconoce que “la impunidad crónica en México tiene que ver con las enormes posibilidades de corrupción de ministerios públicos y jueces”; toma en cuenta el hecho de que nuestro “sistema judicial no cumple con el principio constitucional de justicia pronta y expedita, ni permite castigar eficazmente a los delincuentes”; señala que se inicia apenas una base de datos de información delictiva compartida por las autoridades federales, estatales y municipales. En suma, la batalla se desarrolla sin que las fuerzas del Estado dispongan de las capacidades operativas y tecnológicas para tener éxito. Los esfuerzos para otorgarles dichas capacidades se hacen, pero hay un camino muy largo por recorrer antes de asegurar buenos resultados.
Las debilidades institucionales de México para la “guerra” que conduce el presidente hacen muy necesaria la cooperación con Estados Unidos. Es irremediablemente una cooperación en la que estamos en situación de desventaja. La superioridad de los sistemas estadunidenses de información, entrenamiento de fuerzas del orden, planeación estratégica, equipos, sistema judicial, sistema carcelario, etcétera, nos hablan de una cooperación asimétrica, en la que estrategias y líneas de acción serán impuestas por ellos, o al menos será difícil evitar que así sea.
Llama entonces la atención que la sección relativa a cooperación internacional, en el multicitado documento, sea reducida y muy engañosa. Allí parece que lo importante es reiterar “los principios de responsabilidad compartida, respeto a la soberanía y jurisdicción de cada Estado”. Por lo demás, sólo se habla de las extradiciones y no se mencionan los importantes acuerdos para acciones entre México y Estados Unidos que se están aplicando, como la instalación de una oficina bilateral en la que de manera conjunta mexicanos y estadunidenses decidirán la implementación de la Iniciativa Mérida.
Finalmente, cabe referirse al efecto que la retórica de los reclamos tiene sobre los sentimientos hacia México en Estados Unidos. Una lectura rápida de los medios de comunicación en aquel país, desde los reportajes casi cotidianos de la prensa hasta twitter y facebook, nos habla de sentimientos crecientemente hostiles hacia los mexicanos. Basta ver las encuestas sobre quienes están de acuerdo con la Ley Arizona y el número de estados en los que se pretende aprobar una legislación semejante.
Ese ambiente de hostilidad está presente no sólo hacia los trabajadores indocumentados, sino hacia el país en su conjunto, cuya imagen se identifica cada vez más con la violencia, la corrupción y la inoperancia de sus sistemas de justicia. Imaginar que “hablando fuerte” en el Congreso o denunciando la responsabilidad de las adicciones en Estados Unidos se modificarán tales sentimientos es una apreciación muy equivocada.
El objetivo no es corresponsabilizar, lo cual está muy superado en el discurso; el objetivo es ofrecer motivos para que se tenga más respeto por México, para que el país ofrezca al exterior resultados que vayan más allá de los reclamos.
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