Manuel Fuentes Muñiz*
El reciente asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador por el estado de Tamaulipas, confirma la crisis que vive el Estado mexicano en su conjunto. Los grupos de poder, los que sean, narcotraficantes, políticos resentidos, fuego amigo, mafias de poder económicas, han aprendido que el único lenguaje que se entiende en este país es el de la violencia.
A ese clima ha contribuido de manera determinante el gobierno mexicano. El uso del Ejército, aún sabiendo que es inconstitucional su actuación, se impone a como dé lugar. Todo se justifica, no hay argumento que valga. La violación a garantías individuales, el secuestro, el homicidio, las amenazas, no importa que las víctimas sean niñas y niños.
La desafortunada declaración de Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación, descalificando a las Comisiones de Derechos Humanos en el país, llamándolas “tontos útiles” demuestra el desprecio que hay por este tipo de instituciones. Ni siquiera se cuida el lenguaje, simplemente no hay respeto.
La investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el asesinato de los niños Almanza, en Tamaulipas, mediante la Recomendación 36/2010 a la Secretaría de la Defensa Nacional, dejó en evidencia el montaje del ejército y desencajó a los principales secretarios de Estado, incluyendo al presidente.
Para ellos no son válidas las voces discordantes, muchos menos de las Comisiones de Derechos Humanos. Gómez Mont las llamó a no ser cómplices ni encubridoras de anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad, “ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, destituir, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de la autoridad”.
A la par, las agresiones sin límite contra los comunicadores siguen ocurriendo; apenas la noche de este lunes asesinaron, en Guerrero, a Juan Francisco Rodríguez Ríos, corresponsal del “Sur de Acapulco” y reportero del “Diario Objetivo de Chilpancingo” sin que haya certeza, como siempre, de los responsables.
Ese ambiente enrarecido de violencia se suma a la forma de cómo enfrentar los conflictos sociales y laborales. En la mina de Cananea no importó poner en evidencia todas las instituciones, a todas: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Secretaría del Trabajo y de Economía, jueces de distrito y hasta la Suprema Corte de Justicia, para romper las relaciones laborales en plena huelga.
El uso de grupos paramilitares resguardados por la policía federal el pasado 6 de junio para enfrentar a los trabajadores para desalojarlos de la mina, demuestra que no importan los medios, lo importante es el fin: evidenciar que el único Estado de derecho, es el que se interpreta e impone desde el poder; el que beneficia a los grandes grupos económicos aliados al gobierno como Minera México.
El sellamiento de la mina de Pasta de Conchos, el mismo 6 de junio pasado, por parte de policías estatales del estado de Coahuila protegiendo a empleados de Minera México, fortaleció la impunidad para saber qué pasó ese 19 de febrero de 2006 en el que fallecieron 65 mineros por la negligencia gubernamental y empresarial.
En el desalojo fueron agredidas y lastimadas familiares, todas ellas mujeres, que resguardaban la mina. Las huellas de violencia fueron manifiestas en sus cuerpos y el ministerio público de Nueva Rosita, Coahuila, hizo como que levantó el acta, le dio vista al médico de guardia, y no se investigó más.
La violencia se expresa por el uso de un distorsionado Estado de derecho que busca socavar la soberanía nacional. La extinción de Luz y Fuerza del Centro por medio de un decreto presidencial contrario a la Constitución, es una muestra del rompimiento de esa ilegalidad.
La prolongada huelga de hambre que impulsan integrantes del SME, mujeres y hombres en el Zócalo de la ciudad de México, es un ejemplo más de que las instancias legales están rotas para restaurar los derechos constitucionales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién tiene en sus manos el caso, está invadida de desprestigio ante la reciente resolución de la guardería ABC y otros temas más; pocos tienen confianza en ella. Ha quedado demostrado que sus integrantes actúan más por posiciones ideológicas que por hacer respetar la Constitución.
A pesar de la huelga de hambre, los ministros de la Corte avisan que sus vacaciones inician el 15 de julio y el caso del SME quizá se resuelva en agosto o septiembre próximo. Dicen, no hay fecha de término, lo importante, dijo un ministro recientemente, es analizar el caso con el tiempo que sea necesario; en otras palabras desgastar y luego golpear.
En el Distrito Federal el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías Azar, desprecia la crítica y a sus críticos. Recientemente con motivo del segundo aniversario de la tragedia en la discoteca New’s Divine en el que perdieron la vida 9 jóvenes y tres policías, desde la Comisión de Derechos Humanos del DF, (CDHDF) se cuestionó el retraso en la sentencias para este caso.
Elías Azar ha respondido que la CDHDF “no tiene facultades para intervenir en las decisiones de otros poderes” y acusó de “ignorantes las afirmaciones” de quién lo cuestionó de violar la Constitución al retrasar por más de dos años la resolución.
No se puede avanzar en el respeto a los derechos humanos si desde los gobiernos se desprecia el actuar de las comisiones de derechos, si se les limita en sus facultades o se ignoran sus recomendaciones.
Pero sin duda la restauración del estado de derecho es uno de los aspectos más urgentes a que está obligado esté gobierno llevar a cabo para terminar con la impunidad que ronda por todas partes.
*Integrante del consejo de CIMAC, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y consejero de la Comisión de Derechos Humanos del D.F.
El reciente asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador por el estado de Tamaulipas, confirma la crisis que vive el Estado mexicano en su conjunto. Los grupos de poder, los que sean, narcotraficantes, políticos resentidos, fuego amigo, mafias de poder económicas, han aprendido que el único lenguaje que se entiende en este país es el de la violencia.
A ese clima ha contribuido de manera determinante el gobierno mexicano. El uso del Ejército, aún sabiendo que es inconstitucional su actuación, se impone a como dé lugar. Todo se justifica, no hay argumento que valga. La violación a garantías individuales, el secuestro, el homicidio, las amenazas, no importa que las víctimas sean niñas y niños.
La desafortunada declaración de Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación, descalificando a las Comisiones de Derechos Humanos en el país, llamándolas “tontos útiles” demuestra el desprecio que hay por este tipo de instituciones. Ni siquiera se cuida el lenguaje, simplemente no hay respeto.
La investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el asesinato de los niños Almanza, en Tamaulipas, mediante la Recomendación 36/2010 a la Secretaría de la Defensa Nacional, dejó en evidencia el montaje del ejército y desencajó a los principales secretarios de Estado, incluyendo al presidente.
Para ellos no son válidas las voces discordantes, muchos menos de las Comisiones de Derechos Humanos. Gómez Mont las llamó a no ser cómplices ni encubridoras de anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad, “ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, destituir, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de la autoridad”.
A la par, las agresiones sin límite contra los comunicadores siguen ocurriendo; apenas la noche de este lunes asesinaron, en Guerrero, a Juan Francisco Rodríguez Ríos, corresponsal del “Sur de Acapulco” y reportero del “Diario Objetivo de Chilpancingo” sin que haya certeza, como siempre, de los responsables.
Ese ambiente enrarecido de violencia se suma a la forma de cómo enfrentar los conflictos sociales y laborales. En la mina de Cananea no importó poner en evidencia todas las instituciones, a todas: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Secretaría del Trabajo y de Economía, jueces de distrito y hasta la Suprema Corte de Justicia, para romper las relaciones laborales en plena huelga.
El uso de grupos paramilitares resguardados por la policía federal el pasado 6 de junio para enfrentar a los trabajadores para desalojarlos de la mina, demuestra que no importan los medios, lo importante es el fin: evidenciar que el único Estado de derecho, es el que se interpreta e impone desde el poder; el que beneficia a los grandes grupos económicos aliados al gobierno como Minera México.
El sellamiento de la mina de Pasta de Conchos, el mismo 6 de junio pasado, por parte de policías estatales del estado de Coahuila protegiendo a empleados de Minera México, fortaleció la impunidad para saber qué pasó ese 19 de febrero de 2006 en el que fallecieron 65 mineros por la negligencia gubernamental y empresarial.
En el desalojo fueron agredidas y lastimadas familiares, todas ellas mujeres, que resguardaban la mina. Las huellas de violencia fueron manifiestas en sus cuerpos y el ministerio público de Nueva Rosita, Coahuila, hizo como que levantó el acta, le dio vista al médico de guardia, y no se investigó más.
La violencia se expresa por el uso de un distorsionado Estado de derecho que busca socavar la soberanía nacional. La extinción de Luz y Fuerza del Centro por medio de un decreto presidencial contrario a la Constitución, es una muestra del rompimiento de esa ilegalidad.
La prolongada huelga de hambre que impulsan integrantes del SME, mujeres y hombres en el Zócalo de la ciudad de México, es un ejemplo más de que las instancias legales están rotas para restaurar los derechos constitucionales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién tiene en sus manos el caso, está invadida de desprestigio ante la reciente resolución de la guardería ABC y otros temas más; pocos tienen confianza en ella. Ha quedado demostrado que sus integrantes actúan más por posiciones ideológicas que por hacer respetar la Constitución.
A pesar de la huelga de hambre, los ministros de la Corte avisan que sus vacaciones inician el 15 de julio y el caso del SME quizá se resuelva en agosto o septiembre próximo. Dicen, no hay fecha de término, lo importante, dijo un ministro recientemente, es analizar el caso con el tiempo que sea necesario; en otras palabras desgastar y luego golpear.
En el Distrito Federal el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías Azar, desprecia la crítica y a sus críticos. Recientemente con motivo del segundo aniversario de la tragedia en la discoteca New’s Divine en el que perdieron la vida 9 jóvenes y tres policías, desde la Comisión de Derechos Humanos del DF, (CDHDF) se cuestionó el retraso en la sentencias para este caso.
Elías Azar ha respondido que la CDHDF “no tiene facultades para intervenir en las decisiones de otros poderes” y acusó de “ignorantes las afirmaciones” de quién lo cuestionó de violar la Constitución al retrasar por más de dos años la resolución.
No se puede avanzar en el respeto a los derechos humanos si desde los gobiernos se desprecia el actuar de las comisiones de derechos, si se les limita en sus facultades o se ignoran sus recomendaciones.
Pero sin duda la restauración del estado de derecho es uno de los aspectos más urgentes a que está obligado esté gobierno llevar a cabo para terminar con la impunidad que ronda por todas partes.
*Integrante del consejo de CIMAC, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y consejero de la Comisión de Derechos Humanos del D.F.
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