Jorge Carrasco Araizaga
Poco les faltó a varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle perdón al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y a su actual titular, Daniel Karam, por haberlos investigado por la tragedia de la guardería infantil ABC.
De haber alargado sus deliberaciones en busca argumentos para justificar a esos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, habrían terminado por responsabilizar a los padres de los 49 menores muertos y los 104 heridos en el incendio por llevarlos a una guardería que no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad.
Como representantes del tercer Poder, esos ministros quedaron como integrantes de un poder de tercera.
Por la manera en que salieron al paso de su obligación constitucional de investigar las graves violaciones a los derechos fundamentales de los gobernados que por acto u omisión cometen las autoridades, como fue en el caso de la guardería, demostraron a quién sirven.
Con un estrecho legalismo respondieron a la ignominia que representó no sólo para los padres de los bebés, sino para la sociedad, la manera en que se comportaron las autoridades del IMSS, del gobierno de Bours y de la anterior presidencia municipal antes, durante después de la tragedia.
Como la Constitución no precisa en su artículo 97 los alcances de las investigaciones que haga la Corte para casos como el de la guardería ABC, la matanza de Aguas Blancas o los asesinatos en Oaxaca y en San Mateo Atenco, en el estado de México, los ministros se dieron unas reglas con las que se amarraron las manos.
El intento del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para hacer una nueva interpretación de esa facultad y posibilitar así el establecimiento de responsabilidades desde los más altos niveles de gobierno, se topó con esas reglas como si fueran letra sagrada, imposible de modificar.
Las reglas son un candado impuesto por el sector más conservador de la Corte para no hacer efectiva esa facultad constitucional y sancionar a los funcionarios que violan de manera grave los derechos humanos.
La mayoría conservadora que domina a la Corte, integrada por seis de los once ministros a la que se le suman otros ministros según el tema en conflicto, se ha encargado de mantener al Poder Judicial cercano al Ejecutivo para garantizar el actual estado de cosas, que desde la perspectiva judicial está caracterizado por la impunidad ante el ejercicio abusivo del poder.
Ese grupo echó a la basura no sólo el proyecto de Zaldívar, sino una costosa investigación de medio año, que entre otros datos arrojó que de mil 480 guarderías subrogadas por el IMSS al momento de la tragedia, como lo era la estancia infantil ABC, sólo el 0.3 por ciento cumplía con todos los requisitos para su funcionamiento.
En el caso de la supervisión por parte del IMSS, la investigación demostró que se trataba de un “mero control administrativo” que se cumplía en el 88.7 por ciento de los casos. Pero en el caso de protección civil, sólo la mitad tenía constancia vigente y sólo 407 (el 27.5 por ciento) tenía vigente el visto bueno de bomberos.
Nada de eso fue importante para una mayoría de ministros que también pasó por alto que el esquema de subrogación de guarderías del IMSS responde más a intereses mercantilistas en beneficio de personas cercanas al poder que a la prestación de un servicio.
Encabezado por el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el conservadurismo va de la mano de los intereses personales de algunos ministros, algunos más claros que otros.
Para quienes quieren llegar al máximo cargo del Poder Judicial cuando Ortiz deje la presidencia en diciembre próximo, su votación en esta investigación tendrá que ser tomada en cuenta en el Poder Ejecutivo, pues es claro que esa decisión no se queda sólo entre los once ministros.
A la suma de voluntades entre sus pares, quien quiera ser el próximo presidente de la Corte deberá contar el respaldo entre los otros dos poderes políticos, el Legislativo y, sobre todo, el Ejecutivo.
Es claro que la Corte hace política no sólo porque es uno de los tres Poderes del Estado, sino porque sus ministros son designados por el Senado a propuesta del presidente de la República.
Al resolver el caso ABC, los ministros que claramente apoyaron a los funcionarios del Ejecutivo Federal y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, fueron Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Sergio Valls Hernández. Parcialmente lo hicieron José Ramón Cossío Díaz y Jesús Gudiño Pelayo.
Esta vez, las excepciones fueron el autor del dictamen, Arturo Zaldívar y los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
Poco les faltó a varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle perdón al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y a su actual titular, Daniel Karam, por haberlos investigado por la tragedia de la guardería infantil ABC.
De haber alargado sus deliberaciones en busca argumentos para justificar a esos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, habrían terminado por responsabilizar a los padres de los 49 menores muertos y los 104 heridos en el incendio por llevarlos a una guardería que no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad.
Como representantes del tercer Poder, esos ministros quedaron como integrantes de un poder de tercera.
Por la manera en que salieron al paso de su obligación constitucional de investigar las graves violaciones a los derechos fundamentales de los gobernados que por acto u omisión cometen las autoridades, como fue en el caso de la guardería, demostraron a quién sirven.
Con un estrecho legalismo respondieron a la ignominia que representó no sólo para los padres de los bebés, sino para la sociedad, la manera en que se comportaron las autoridades del IMSS, del gobierno de Bours y de la anterior presidencia municipal antes, durante después de la tragedia.
Como la Constitución no precisa en su artículo 97 los alcances de las investigaciones que haga la Corte para casos como el de la guardería ABC, la matanza de Aguas Blancas o los asesinatos en Oaxaca y en San Mateo Atenco, en el estado de México, los ministros se dieron unas reglas con las que se amarraron las manos.
El intento del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para hacer una nueva interpretación de esa facultad y posibilitar así el establecimiento de responsabilidades desde los más altos niveles de gobierno, se topó con esas reglas como si fueran letra sagrada, imposible de modificar.
Las reglas son un candado impuesto por el sector más conservador de la Corte para no hacer efectiva esa facultad constitucional y sancionar a los funcionarios que violan de manera grave los derechos humanos.
La mayoría conservadora que domina a la Corte, integrada por seis de los once ministros a la que se le suman otros ministros según el tema en conflicto, se ha encargado de mantener al Poder Judicial cercano al Ejecutivo para garantizar el actual estado de cosas, que desde la perspectiva judicial está caracterizado por la impunidad ante el ejercicio abusivo del poder.
Ese grupo echó a la basura no sólo el proyecto de Zaldívar, sino una costosa investigación de medio año, que entre otros datos arrojó que de mil 480 guarderías subrogadas por el IMSS al momento de la tragedia, como lo era la estancia infantil ABC, sólo el 0.3 por ciento cumplía con todos los requisitos para su funcionamiento.
En el caso de la supervisión por parte del IMSS, la investigación demostró que se trataba de un “mero control administrativo” que se cumplía en el 88.7 por ciento de los casos. Pero en el caso de protección civil, sólo la mitad tenía constancia vigente y sólo 407 (el 27.5 por ciento) tenía vigente el visto bueno de bomberos.
Nada de eso fue importante para una mayoría de ministros que también pasó por alto que el esquema de subrogación de guarderías del IMSS responde más a intereses mercantilistas en beneficio de personas cercanas al poder que a la prestación de un servicio.
Encabezado por el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el conservadurismo va de la mano de los intereses personales de algunos ministros, algunos más claros que otros.
Para quienes quieren llegar al máximo cargo del Poder Judicial cuando Ortiz deje la presidencia en diciembre próximo, su votación en esta investigación tendrá que ser tomada en cuenta en el Poder Ejecutivo, pues es claro que esa decisión no se queda sólo entre los once ministros.
A la suma de voluntades entre sus pares, quien quiera ser el próximo presidente de la Corte deberá contar el respaldo entre los otros dos poderes políticos, el Legislativo y, sobre todo, el Ejecutivo.
Es claro que la Corte hace política no sólo porque es uno de los tres Poderes del Estado, sino porque sus ministros son designados por el Senado a propuesta del presidente de la República.
Al resolver el caso ABC, los ministros que claramente apoyaron a los funcionarios del Ejecutivo Federal y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, fueron Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Sergio Valls Hernández. Parcialmente lo hicieron José Ramón Cossío Díaz y Jesús Gudiño Pelayo.
Esta vez, las excepciones fueron el autor del dictamen, Arturo Zaldívar y los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
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