Teodoro Rentería Arróyave
En todo esto de los espionajes políticos, de llevar a los responsables de los mismos ante la justicia, de la intención de enjuiciar a funcionarios presuntamente involucrados en la tragedia de la guardería ABC que acabó con la vida de 48 niños y el pretendido chantaje de que a cambio de esos juicios revivir lo de Atenco, lo de Lidia Cacho y la violación de los derechos humanos en Oaxaca, nos ubica en la cloaca electorera en que nos han colocado los protagonistas partidistas, de ninguna manera se trata de acabar con la impunidad vergonzosa y vergonzante que nos atosiga.
El gobierno federal está detrás del espionaje político, acusa el coordinador de los diputados federales priístas por Oaxaca, Héctor Pablo Ramírezpuga y queda de manifiesto que los aparatos de inteligencia del gobierno federal están siendo utilizados para estos fines mediáticos en lugar de volcarse en las investigaciones del llamado crimen organizado. Desde luego que tal “sospecha” la niega el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont.
En ese contexto, el vicecoordinador de los legisladores panistas, Alberto Pérez Cuevas recula después de firmar el acuerdo para estudiar la posibilidad de someter a juicio político a Juan Molinar Horcasitas, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, al considerar su probable responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC, que dejó un saldo doloroso de 49 niños muertos y más de un centenar heridos.
En efecto, sin valorar la fuerza de su firma y seguramente después de que le jalaron las orejas, Pérez Cuevas, salió con el galimatías siguiente: “el análisis que se realiza, y que se pide que lo hagan los órganos técnico-jurídicos, versará no sólo sobre lo del caso ABC, como se ha manifestado ya, porque finalmente hay otros antecedentes, o por lo menos el tema central en el cual se basa, que es el análisis del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; tiene que ver con otros análisis, como es el caso Atenco, como en el tema del caso Lydia Cacho y como en el asunto de la violación de los derechos humanos en Oaxaca”.
Al hacerle ver que el acuerdo firmado sólo se refería a Juan Francisco Molinar Horcasitas, y que corroborara si la rúbrica era suya o no, contestó textual con este otro enredijo sin inmutarse: “Pues ese acuerdo entregado lo desconocemos, porque no se entregó; el que se entregó ahí se modificó. Se modificó el acuerdo, mi firma sí es, lo que no es lo del acuerdo”.
De inmediato, para poner más dinamita al proceso, el presidente del Partido Acción Nacional, César Nava Vázquez se lanzó contra el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto al acusarlo de ser el principal responsable del delito de espionaje telefónico y recordó que en el 2008 le fue descubierto un centro para tales fines.
Todo lo anterior se reduce a saber cuál de los dos partidos cuenta con el mejor y más completo aparato de espionaje o de supeditar la justicia a los intereses coyunturales, lo grave es que nadie por ahora tiene intención cierta de revertir el vergonzoso y vergonzante fenómeno de la impunidad que nos agobia. Es la cloaca electorera la que se nos impone.
En todo esto de los espionajes políticos, de llevar a los responsables de los mismos ante la justicia, de la intención de enjuiciar a funcionarios presuntamente involucrados en la tragedia de la guardería ABC que acabó con la vida de 48 niños y el pretendido chantaje de que a cambio de esos juicios revivir lo de Atenco, lo de Lidia Cacho y la violación de los derechos humanos en Oaxaca, nos ubica en la cloaca electorera en que nos han colocado los protagonistas partidistas, de ninguna manera se trata de acabar con la impunidad vergonzosa y vergonzante que nos atosiga.
El gobierno federal está detrás del espionaje político, acusa el coordinador de los diputados federales priístas por Oaxaca, Héctor Pablo Ramírezpuga y queda de manifiesto que los aparatos de inteligencia del gobierno federal están siendo utilizados para estos fines mediáticos en lugar de volcarse en las investigaciones del llamado crimen organizado. Desde luego que tal “sospecha” la niega el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont.
En ese contexto, el vicecoordinador de los legisladores panistas, Alberto Pérez Cuevas recula después de firmar el acuerdo para estudiar la posibilidad de someter a juicio político a Juan Molinar Horcasitas, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, al considerar su probable responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC, que dejó un saldo doloroso de 49 niños muertos y más de un centenar heridos.
En efecto, sin valorar la fuerza de su firma y seguramente después de que le jalaron las orejas, Pérez Cuevas, salió con el galimatías siguiente: “el análisis que se realiza, y que se pide que lo hagan los órganos técnico-jurídicos, versará no sólo sobre lo del caso ABC, como se ha manifestado ya, porque finalmente hay otros antecedentes, o por lo menos el tema central en el cual se basa, que es el análisis del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; tiene que ver con otros análisis, como es el caso Atenco, como en el tema del caso Lydia Cacho y como en el asunto de la violación de los derechos humanos en Oaxaca”.
Al hacerle ver que el acuerdo firmado sólo se refería a Juan Francisco Molinar Horcasitas, y que corroborara si la rúbrica era suya o no, contestó textual con este otro enredijo sin inmutarse: “Pues ese acuerdo entregado lo desconocemos, porque no se entregó; el que se entregó ahí se modificó. Se modificó el acuerdo, mi firma sí es, lo que no es lo del acuerdo”.
De inmediato, para poner más dinamita al proceso, el presidente del Partido Acción Nacional, César Nava Vázquez se lanzó contra el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto al acusarlo de ser el principal responsable del delito de espionaje telefónico y recordó que en el 2008 le fue descubierto un centro para tales fines.
Todo lo anterior se reduce a saber cuál de los dos partidos cuenta con el mejor y más completo aparato de espionaje o de supeditar la justicia a los intereses coyunturales, lo grave es que nadie por ahora tiene intención cierta de revertir el vergonzoso y vergonzante fenómeno de la impunidad que nos agobia. Es la cloaca electorera la que se nos impone.
Comentarios