Cortesía de Vanguardia
La difusión de grabaciones correspondientes a conversaciones del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, mediante las cuales quedaría en evidencia su intervención en el proceso electoral local de aquella entidad, sólo demuestran una cosa: la transición democrática no ha concluido en México.
Porque una característica indispensable de una sociedad que pretenda ser reconocida como democrática es que la renovación de los poderes públicos se registre en condiciones de equidad, es decir, sin el uso indebido de recursos para favorecer el triunfo de uno de los contendientes.
Habrá quienes intentarán, desde luego, llevar la discusión al terreno de la presumible ilegalidad en la cual incurrieron quienes grabaron las conversaciones del mandatario veracruzano y, a partir de allí, señalar que los audios no pueden ser utilizados como prueba en ningún juicio.
Con el propósito de no perder el tiempo en debates estériles habrá que concederle pronto la razón a quienes así opinen, sobre todo porque la discusión no tiene que ver con la posibilidad de castigar penalmente o imponer una sanción al Gobernador de Veracruz.
La discusión tiene que ver con el hecho de si los miembros de nuestra clase política son capaces de inyectarle un mínimo de decencia a su actuación pública, de eliminar al cinismo del código de antivalores con el cual apuntalan su conducta cotidiana.
Porque ésa es otra característica importante de las sociedades realmente democráticas: a los políticos les importa más el juicio público, la condena de la sociedad, que la sentencia de los tribunales.
En una sociedad democrática se privilegia el honor y la buena fama pública; los políticos invierten, en forma permanente, energías y recursos para demostrar, a los ojos de la sociedad, que son personas dignas de crédito, que se han esforzado por mantener una trayectoria limpia.
Por ello, en las sociedades verdaderamente democráticas, cuando un escándalo como el que acaba de destaparse en Veracruz sale a la luz, lo relevante en términos de la fama pública de los políticos no es si las grabaciones se consiguieron por medios legales o no, sino lo que éstas demuestran.
Y no es que eso no importe o deba soslayarse, sino que una y otra cosa deben tratarse por separado: frente a los ciudadanos el político debe responder por lo que hizo y pagar el costo de haber sido sorprendido violando la ley; frente a los tribunales, ese mismo político tiene el derecho de exigir que las grabaciones no sean tomadas en cuenta en juicio alguno.
Lo segundo, sin embargo, no puede supeditar a lo primero ni servir de escudo para, haciendo gala de cinismo, pedir a la sociedad que ignore un acto condenable.
Y como sociedad democrática que aspiramos a ser, los mexicanos todos no podemos ignorar que la conducta del Gobernador de Veracruz merece condena unánime y debe ser castigada.
La difusión de grabaciones correspondientes a conversaciones del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, mediante las cuales quedaría en evidencia su intervención en el proceso electoral local de aquella entidad, sólo demuestran una cosa: la transición democrática no ha concluido en México.
Porque una característica indispensable de una sociedad que pretenda ser reconocida como democrática es que la renovación de los poderes públicos se registre en condiciones de equidad, es decir, sin el uso indebido de recursos para favorecer el triunfo de uno de los contendientes.
Habrá quienes intentarán, desde luego, llevar la discusión al terreno de la presumible ilegalidad en la cual incurrieron quienes grabaron las conversaciones del mandatario veracruzano y, a partir de allí, señalar que los audios no pueden ser utilizados como prueba en ningún juicio.
Con el propósito de no perder el tiempo en debates estériles habrá que concederle pronto la razón a quienes así opinen, sobre todo porque la discusión no tiene que ver con la posibilidad de castigar penalmente o imponer una sanción al Gobernador de Veracruz.
La discusión tiene que ver con el hecho de si los miembros de nuestra clase política son capaces de inyectarle un mínimo de decencia a su actuación pública, de eliminar al cinismo del código de antivalores con el cual apuntalan su conducta cotidiana.
Porque ésa es otra característica importante de las sociedades realmente democráticas: a los políticos les importa más el juicio público, la condena de la sociedad, que la sentencia de los tribunales.
En una sociedad democrática se privilegia el honor y la buena fama pública; los políticos invierten, en forma permanente, energías y recursos para demostrar, a los ojos de la sociedad, que son personas dignas de crédito, que se han esforzado por mantener una trayectoria limpia.
Por ello, en las sociedades verdaderamente democráticas, cuando un escándalo como el que acaba de destaparse en Veracruz sale a la luz, lo relevante en términos de la fama pública de los políticos no es si las grabaciones se consiguieron por medios legales o no, sino lo que éstas demuestran.
Y no es que eso no importe o deba soslayarse, sino que una y otra cosa deben tratarse por separado: frente a los ciudadanos el político debe responder por lo que hizo y pagar el costo de haber sido sorprendido violando la ley; frente a los tribunales, ese mismo político tiene el derecho de exigir que las grabaciones no sean tomadas en cuenta en juicio alguno.
Lo segundo, sin embargo, no puede supeditar a lo primero ni servir de escudo para, haciendo gala de cinismo, pedir a la sociedad que ignore un acto condenable.
Y como sociedad democrática que aspiramos a ser, los mexicanos todos no podemos ignorar que la conducta del Gobernador de Veracruz merece condena unánime y debe ser castigada.
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