Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Pasmada queda la sociedad con las declaraciones de Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, porque primero se esfuerza por justificar, explicar y adornar la resolución de la SCJN referente al caso de la muerte de esos 49 niños cuyo cuidado estaba a cargo del IMSS, para sólo unos días después conducirse como el Humpty Dumpty de Charles Lutwidge Dodgson, y reclamar a los comunicadores el lenguaje por ellos usado cuando de informar sobre la violencia se trata.
“Las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen”, pone en labios de su personaje Charles Lutwidge. No debe extrañarnos entonces que el secretario de Gobernación llame a los medios a “revisar su lenguaje en cuanto a precisar los calificativos, porque hay presuntos responsables, acusados, asesinos y ladrón, y en un sistema democrático esos calificativos sólo suceden cuando un proceso legal ha concluido”; no le falta razón, pero esas prevenciones suyas desaparecerán en cuanto la reforma constitucional penal quede concluida y los juicios practicados en la ventanilla de prácticas cedan su lugar a los juicios orales, para que de manera idéntica al modelo sajón de impartición de justicia, ésta se ventile igual en el tribunal que en los medios, pues juicio oral que no es público deja de ser transparente, y esta transparencia es la que se persigue.
El secretario Gómez Mont se inquieta ahora por la adjetivación, que no los calificativos vertidos por los comentaristas, editorialistas y reporteros, pero sólo hasta que la conciencia y la integridad del gobierno del cual forma parte se ve lesionada, pues en lo que se refiere a la preservación de los derechos y dignidades de los supuestos -que no presuntos- culpables que no proceden de las filas del panismo, que se rasquen con sus uñas.
Intuye el secretario de Gobernación que no es monedita de oro, que se va de la lengua y que si no es necesario rectificar o corregir, al menos es prudente puntualizar, por ello durante su participación en el foro binacional de comunicación Los retos de la inseguridad y la violencia México-Estados Unidos, apuntó: “Vengo a sostenerme a la crítica. Hay un falso debate entre contar y no contar historias. Reconozco la limitada capacidad para comunicar estrategias de seguridad. Tampoco vengo a pedir aplausos; no vengo a pedir que callen, sino que contextualicen. No les vengo a pedir que tapen la violencia, sino que cuando la cuentan la pongan en contexto…”
De inmediato asaltan las dudas ante la solicitud de Fernando Gómez Mont. ¿Sabrá lo que pide? ¿Está consciente de las consecuencias de contextualizar la violencia, para que la sociedad comprenda a cabalidad lo que los medios y el gobierno le informan? ¿Hasta qué punto se hará transparente la información sobre las políticas públicas de seguridad nacional, y la de las políticas públicas cuya consecuencia es fomentar la violencia social?
Por ejemplo, es ya un secreto a voces el creciente número de mexicanos en pobreza alimentaria, lo que puede decirse de otra manera: hambre, como apuntaría Humpty Dumpty. Pues bien, ¿pueden informarnos cuántos de estos muertos de hambre se insertan en los cárteles como sicarios? ¿Pueden informarnos cuáles son las políticas públicas incumplidas o cumplidas a medias, que multiplican el número de mexicanos en pobreza alimentaria? ¿Cuántos de esos hambrientos prefieren irse al monte, a la guerrilla, en lugar de convertirse en sicarios? Dar esa información es contextualizar la violencia, es darle contexto a los más de 22 mil muertos.
Otra manera de contextualizar la violencia, sería que se informara a la sociedad de la nacionalidad de los fallecidos como consecuencia de la guerra a la delincuencia organizada, porque también es un secreto a voces que los barones de la droga contrataron mercenarios entre los kaibiles, y en respuesta de quienes les disputan las plazas y el poder, se trajeron a México miembros de la mara salvatrucha salvadoreña, ajena a la de las calles del distrito Logan de Los Ángeles.
La violencia se convirtió en carnicería en cuanto kaibiles y maras decidieron las estrategias para preservar sus esferas de influencia y repeler a las policías y los miembros de las fuerzas armadas. Proporcionar y hacer transparente toda esta información, sería contextualizarla, pero no querrán hacerlo.
En el mismo evento participó Arturo Chávez Chávez, titular de la PGR. Se comportó como un funcionario prudente, no desenvainó la violencia verbal y apuntó: “Han informado (los medios nacionales y estadounidenses) puntualmente sobre la contención de los cárteles, sobre los golpes que el Estado les ha infligido en su poder económico, en su poder de fuego y de reclutamiento y, por supuesto, sobre la violencia que se ha desatado en algunos puntos del territorio nacional”.
Se vislumbra ya una diferencia entre quienes sólo quieren el poder, y entre quienes lo buscan pero además saben de política. Por lo pronto hay que aprender a cerrar, a tiempo, la boca.
Pasmada queda la sociedad con las declaraciones de Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, porque primero se esfuerza por justificar, explicar y adornar la resolución de la SCJN referente al caso de la muerte de esos 49 niños cuyo cuidado estaba a cargo del IMSS, para sólo unos días después conducirse como el Humpty Dumpty de Charles Lutwidge Dodgson, y reclamar a los comunicadores el lenguaje por ellos usado cuando de informar sobre la violencia se trata.
“Las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen”, pone en labios de su personaje Charles Lutwidge. No debe extrañarnos entonces que el secretario de Gobernación llame a los medios a “revisar su lenguaje en cuanto a precisar los calificativos, porque hay presuntos responsables, acusados, asesinos y ladrón, y en un sistema democrático esos calificativos sólo suceden cuando un proceso legal ha concluido”; no le falta razón, pero esas prevenciones suyas desaparecerán en cuanto la reforma constitucional penal quede concluida y los juicios practicados en la ventanilla de prácticas cedan su lugar a los juicios orales, para que de manera idéntica al modelo sajón de impartición de justicia, ésta se ventile igual en el tribunal que en los medios, pues juicio oral que no es público deja de ser transparente, y esta transparencia es la que se persigue.
El secretario Gómez Mont se inquieta ahora por la adjetivación, que no los calificativos vertidos por los comentaristas, editorialistas y reporteros, pero sólo hasta que la conciencia y la integridad del gobierno del cual forma parte se ve lesionada, pues en lo que se refiere a la preservación de los derechos y dignidades de los supuestos -que no presuntos- culpables que no proceden de las filas del panismo, que se rasquen con sus uñas.
Intuye el secretario de Gobernación que no es monedita de oro, que se va de la lengua y que si no es necesario rectificar o corregir, al menos es prudente puntualizar, por ello durante su participación en el foro binacional de comunicación Los retos de la inseguridad y la violencia México-Estados Unidos, apuntó: “Vengo a sostenerme a la crítica. Hay un falso debate entre contar y no contar historias. Reconozco la limitada capacidad para comunicar estrategias de seguridad. Tampoco vengo a pedir aplausos; no vengo a pedir que callen, sino que contextualicen. No les vengo a pedir que tapen la violencia, sino que cuando la cuentan la pongan en contexto…”
De inmediato asaltan las dudas ante la solicitud de Fernando Gómez Mont. ¿Sabrá lo que pide? ¿Está consciente de las consecuencias de contextualizar la violencia, para que la sociedad comprenda a cabalidad lo que los medios y el gobierno le informan? ¿Hasta qué punto se hará transparente la información sobre las políticas públicas de seguridad nacional, y la de las políticas públicas cuya consecuencia es fomentar la violencia social?
Por ejemplo, es ya un secreto a voces el creciente número de mexicanos en pobreza alimentaria, lo que puede decirse de otra manera: hambre, como apuntaría Humpty Dumpty. Pues bien, ¿pueden informarnos cuántos de estos muertos de hambre se insertan en los cárteles como sicarios? ¿Pueden informarnos cuáles son las políticas públicas incumplidas o cumplidas a medias, que multiplican el número de mexicanos en pobreza alimentaria? ¿Cuántos de esos hambrientos prefieren irse al monte, a la guerrilla, en lugar de convertirse en sicarios? Dar esa información es contextualizar la violencia, es darle contexto a los más de 22 mil muertos.
Otra manera de contextualizar la violencia, sería que se informara a la sociedad de la nacionalidad de los fallecidos como consecuencia de la guerra a la delincuencia organizada, porque también es un secreto a voces que los barones de la droga contrataron mercenarios entre los kaibiles, y en respuesta de quienes les disputan las plazas y el poder, se trajeron a México miembros de la mara salvatrucha salvadoreña, ajena a la de las calles del distrito Logan de Los Ángeles.
La violencia se convirtió en carnicería en cuanto kaibiles y maras decidieron las estrategias para preservar sus esferas de influencia y repeler a las policías y los miembros de las fuerzas armadas. Proporcionar y hacer transparente toda esta información, sería contextualizarla, pero no querrán hacerlo.
En el mismo evento participó Arturo Chávez Chávez, titular de la PGR. Se comportó como un funcionario prudente, no desenvainó la violencia verbal y apuntó: “Han informado (los medios nacionales y estadounidenses) puntualmente sobre la contención de los cárteles, sobre los golpes que el Estado les ha infligido en su poder económico, en su poder de fuego y de reclutamiento y, por supuesto, sobre la violencia que se ha desatado en algunos puntos del territorio nacional”.
Se vislumbra ya una diferencia entre quienes sólo quieren el poder, y entre quienes lo buscan pero además saben de política. Por lo pronto hay que aprender a cerrar, a tiempo, la boca.
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