José Gil Olmos
A veces, más de las que uno quisiera, la política mexicana se convierte en un juego absurdo en el que ya no se sabe quién es quién, o si lo que hacen los protagonistas es legal o ilegal.
En esta juerga de papeles, todos se espían y todos se acusan de ladrones. Priistas contra panistas y perredistas se han trabado en una guerra de lodo y se han dicho de todo en los últimos días. Es, como ya se conoce en algunos lugares, una guerra sucia entre mapaches y tejones.
Cuando el PRI estaba en el poder no había duda de quién era el mapache y quién realizaba la práctica del espionaje, pero cuando en el 2000 perdió la Presidencia de la República, muchos personajes organizaron sus propios centros de inteligencia, sabiendo la importancia de tener información de primera mano.
Paradójicamente, el nuevo gobierno del PAN, encabezado por Vicente Fox, desmanteló la estructura del Centro de Investigación Nacional (Cisen) a lo largo de todo su gobierno, hasta que Felipe Calderón la retomó, poniendo al frente a Guillermo Valdés Castellanos, el mismo que fue director de la encuestadora GEA- ISA, la primera que dio a conocer la ventaja del entonces candidato Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones presidenciales de 2006.
Al desmantelarse el Cisen en la administración foxista, algunos de los grupos políticos aprovecharon la fuga de personal y de información para instalar sus propios centros de inteligencia, que en realidad fueron de espionaje.
De esta manera, lo que era una función única y exclusiva del Estado –la labor de inteligencia que incluye la obtención de información– comenzó a ser realizada por los principales grupos políticos del estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Distrito Federal. Lo mismo hicieron personajes como Elba Esther Gordillo, Carlos Slim y Lorenzo Zambrano. Estos últimos contrataron para sus servicios a los exdirectores del Cisen: al almirante Wilfrido Robledo Madrid y a Jorge Tello Peón.
En los últimos años hemos visto cómo han operado estos centros de espionaje en el mundo político. En pleno Zócalo capitalino, al culminar la campaña de 2006, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer unas grabaciones telefónicas en las que se escuchaba a Elba Esther Gordillo negociar el voto a favor de Calderón.
Nunca se dijo de dónde habían salido dichas grabaciones, pero tiempo después se conoció que su entonces secretario de Gobierno, Marcelo Ebrard, había instalado un centro de operaciones conocido como “El Taller”, con oficinas en avenida Reforma, en la cuales se realizaban labores de inteligencia.
Otro ejemplo del uso del espionaje político fue el caso de las conversaciones del gobernador Mario Marín con el empresario Kamel Nacif, o las de Raúl y Adriana Salinas de Gortari discutiendo sobre el dinero depositado en Suiza, o las de Luis Téllez acusando precisamente al presidente Carlos Salinas de Gortari de quedarse con el dinero de la caja chica de la Presidencia de la República.
Varios centros de espionaje han sido desactivados en estos años. Uno de ellos estaba a unas cuadras de la residencial oficial de Los Pinos, y se descubrió que espiaban a Vicente Fox. Otro más fue revelado en el Estado de México, y uno más reciente en Cancún, Quintana Roo.
Apenas en marzo pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa sobre una red de espionaje telefónico, presuntamente vinculada al gobierno de Oaxaca. Se encontró que se espiaba a opositores del gobernador Ulises Ruiz, entre ellos a Juan Díaz Pimentel, expresidente del Congreso del estado y del PRI de Oaxaca, así como al expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Raúl Bolaños Cacho, ambos simpatizantes de Gabino Cué.
Ahora, en vísperas de las elecciones del 4 de julio, se han dado a conocer nuevas grabaciones, en las que se denota con claridad el apoyo que los gobernadores de Puebla, Veracruz y Oaxaca, Mario Marín, Fidel Herrera y Ulises Ruiz, respectivamente, proporcionan a sus respectivos candidatos.
En este nuevo juego de espías y ladrones, todos están implicados, incluidos los medios que difunden las filtraciones con un afán meramente periodístico.
Y este es un rasgo más del proceso de descomposición que sufre la política mexicana desde hace décadas, misma que adolece de corrupción, traiciones, asesinatos, vínculos con el crimen organizado e impunidad.
Esta práctica del espionaje político seguirá suelta mientras los propios partidos políticos no hagan algo para sujetarla, y es posible que no lo hagan porque nadie se pone la soga al cuello.
El uso político del espionaje, lo mismo lo hace el gobierno federal que los demás grupos de poder. Y es por esto que muy probablemente, en el camino hacia las elecciones entrantes, veamos o escuchemos nuevas grabaciones de vida política y privada de los principales personajes, provocando el enconamiento que precede a la violencia social.
Y de eso, todos los actores políticos, incluidos los medios, serán responsables.
A veces, más de las que uno quisiera, la política mexicana se convierte en un juego absurdo en el que ya no se sabe quién es quién, o si lo que hacen los protagonistas es legal o ilegal.
En esta juerga de papeles, todos se espían y todos se acusan de ladrones. Priistas contra panistas y perredistas se han trabado en una guerra de lodo y se han dicho de todo en los últimos días. Es, como ya se conoce en algunos lugares, una guerra sucia entre mapaches y tejones.
Cuando el PRI estaba en el poder no había duda de quién era el mapache y quién realizaba la práctica del espionaje, pero cuando en el 2000 perdió la Presidencia de la República, muchos personajes organizaron sus propios centros de inteligencia, sabiendo la importancia de tener información de primera mano.
Paradójicamente, el nuevo gobierno del PAN, encabezado por Vicente Fox, desmanteló la estructura del Centro de Investigación Nacional (Cisen) a lo largo de todo su gobierno, hasta que Felipe Calderón la retomó, poniendo al frente a Guillermo Valdés Castellanos, el mismo que fue director de la encuestadora GEA- ISA, la primera que dio a conocer la ventaja del entonces candidato Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones presidenciales de 2006.
Al desmantelarse el Cisen en la administración foxista, algunos de los grupos políticos aprovecharon la fuga de personal y de información para instalar sus propios centros de inteligencia, que en realidad fueron de espionaje.
De esta manera, lo que era una función única y exclusiva del Estado –la labor de inteligencia que incluye la obtención de información– comenzó a ser realizada por los principales grupos políticos del estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Distrito Federal. Lo mismo hicieron personajes como Elba Esther Gordillo, Carlos Slim y Lorenzo Zambrano. Estos últimos contrataron para sus servicios a los exdirectores del Cisen: al almirante Wilfrido Robledo Madrid y a Jorge Tello Peón.
En los últimos años hemos visto cómo han operado estos centros de espionaje en el mundo político. En pleno Zócalo capitalino, al culminar la campaña de 2006, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer unas grabaciones telefónicas en las que se escuchaba a Elba Esther Gordillo negociar el voto a favor de Calderón.
Nunca se dijo de dónde habían salido dichas grabaciones, pero tiempo después se conoció que su entonces secretario de Gobierno, Marcelo Ebrard, había instalado un centro de operaciones conocido como “El Taller”, con oficinas en avenida Reforma, en la cuales se realizaban labores de inteligencia.
Otro ejemplo del uso del espionaje político fue el caso de las conversaciones del gobernador Mario Marín con el empresario Kamel Nacif, o las de Raúl y Adriana Salinas de Gortari discutiendo sobre el dinero depositado en Suiza, o las de Luis Téllez acusando precisamente al presidente Carlos Salinas de Gortari de quedarse con el dinero de la caja chica de la Presidencia de la República.
Varios centros de espionaje han sido desactivados en estos años. Uno de ellos estaba a unas cuadras de la residencial oficial de Los Pinos, y se descubrió que espiaban a Vicente Fox. Otro más fue revelado en el Estado de México, y uno más reciente en Cancún, Quintana Roo.
Apenas en marzo pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa sobre una red de espionaje telefónico, presuntamente vinculada al gobierno de Oaxaca. Se encontró que se espiaba a opositores del gobernador Ulises Ruiz, entre ellos a Juan Díaz Pimentel, expresidente del Congreso del estado y del PRI de Oaxaca, así como al expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Raúl Bolaños Cacho, ambos simpatizantes de Gabino Cué.
Ahora, en vísperas de las elecciones del 4 de julio, se han dado a conocer nuevas grabaciones, en las que se denota con claridad el apoyo que los gobernadores de Puebla, Veracruz y Oaxaca, Mario Marín, Fidel Herrera y Ulises Ruiz, respectivamente, proporcionan a sus respectivos candidatos.
En este nuevo juego de espías y ladrones, todos están implicados, incluidos los medios que difunden las filtraciones con un afán meramente periodístico.
Y este es un rasgo más del proceso de descomposición que sufre la política mexicana desde hace décadas, misma que adolece de corrupción, traiciones, asesinatos, vínculos con el crimen organizado e impunidad.
Esta práctica del espionaje político seguirá suelta mientras los propios partidos políticos no hagan algo para sujetarla, y es posible que no lo hagan porque nadie se pone la soga al cuello.
El uso político del espionaje, lo mismo lo hace el gobierno federal que los demás grupos de poder. Y es por esto que muy probablemente, en el camino hacia las elecciones entrantes, veamos o escuchemos nuevas grabaciones de vida política y privada de los principales personajes, provocando el enconamiento que precede a la violencia social.
Y de eso, todos los actores políticos, incluidos los medios, serán responsables.
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