El País / Editorial
La guerra del narco en México no solo es tremendamente cruenta -más de 25.000 asesinatos en tres años-, sino que por su misma naturaleza constituye un salvaje espectáculo que lastra dolorosamente la imagen del país. Los últimos episodios: la muerte de un candidato a gobernador de Tamaulipas, una de las 12 gobernaciones que irán a las urnas el domingo, y la de un conocido cantante de narcocorridos ponen de relieve los propósitos de los mafiosos. Pese a que el primero ha sido el peor atentado en casi 20 años, sus objetivos no eran estrictamente políticos, ni a favor ni contra el PRI, al que pertenecía el candidato, como tampoco castigar a un cantante traidor, sino avisar de que nadie está a salvo.
Y lo cierto es que, como recuerda el presidente Calderón -del conservador PAN-, los índices de criminalidad son relativamente moderados, ciertamente inferiores a los de Colombia y a leguas de los de varios países de América Central.
¿A qué se debe entonces la imparable carnicería mexicana? Hay dos escuelas de pensamiento. Una critica a Felipe Calderón por haber desencadenado una guerra innecesaria, porque quería darle un tono decisivo a su mandato, inaugurado por una ajustada victoria electoral sobre el candidato izquierdista Andrés López Obrador, y para ello había que lanzar una vasta operación contra una red envilecedora, pero que estaba a lo suyo y no quería llamar la atención del poder. Frente a esta teoría, otra argumenta que esa red mafiosa relativamente discreta había ido extendiéndose como una hidra por el cuerpo social, y lenta pero inexorablemente estaba transformando México de conducto entre países productores -como Bolivia, Perú y Colombia- y el gran receptor, Estados Unidos, a una nación de consumidores individuales. Es difícil en este contexto, además de hipócrita, reprochar al presidente mexicano haber tomado la iniciativa de combatir esta lacra hasta sus últimas consecuencias.
Lo gravísimo, sin embargo, es que esa guerra en la que el Estado se ha implicado a fondo no se está ganando. La intervención del Ejército para sustituir a una policía corrompida no ha hecho sino agudizar la violencia sin resultados apreciables. Y si no hay corrección de rumbo, nos hallaremos ante una tragedia no solo mexicana, sino por extensión latinoamericana. El acechante espectro de un Estado fallido es algo que hoy no se puede permitir el mundo de habla española.
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