Conforme se acerca el declive del presidente Felipe Calderón y el final de su sexenio, el Ejército Mexicano pierde espacio para accionar y llevar adelante algún cambio –cosmético o real– en sus filas, en su estructura y operatividad.
El desgaste de los militares va a la par del que sufre el Comandante Supremo de las fuerzas armadas, aunque a veces incidentes como la muerte de los niños Brian y Martín Almanza a manos de la tropa en Tamaulipas colocan a los militares en la hoguera de una realidad más que mediática, peligrosamente cercana a los criterios internacionales para medir la viabilidad de un Estado bajo ciertas condiciones.
El asesinato de los niños Almanza es ya un parteaguas dentro del esquema del gobierno federal y de la propia Sedena para medir la efectividad, pertinencia, alcance, solidez y resultados concretos del combate antinarco convertido en bandera calderonista en este sexenio, sustituyendo en definitiva la promesa de campaña del otrora presidente del empleo.
La inverosímil explicación del procurador general de Justicia Militar, el general José Luis Chávez García, para aclarar ante la opinión pública la forma en que los niños Almanza murieron en un supuesto fuego cruzado de sicarios del cartel del Golfo con tropas, lanzada justo el 30 de abril, obró en sentido contrario y acabó abonando más rencor hacia una institución que tiene como una de sus misiones fundamentales proteger a los mexicanos, no balearlos en la carretera, especialmente si se trata de niños.
El clímax de esta cadena de abusos, errores, impunidades y confrontaciones, lo dio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con su Recomendación 36/2010, en la que sin sombra de duda acusa a los soldados del Ejército Mexicano de ser los verdaderos responsables de la muerte de Martín y Brian Almanza.
Fueron sus disparos y no los de supuestos sicarios, los que le quitaron la vida a los niños de cinco y nueve años. Tocó luego al secretario de Gobernación encabezar los esfuerzos burdos por defender al Ejército y su proceder en Tamaulipas. También se equivocó al pretender descalificar la actuación del ombudsman Raúl Plascencia y su gente.
La respuesta a estas intentonas fue clara y terminante al responder a los cuestionamientos sobre las omisiones de la Recomendación de la CNDH. “Si hubo omisiones fue porque la Sedena nos negó el acceso al expediente y a las actuaciones del caso”, sentenció Plascencia.
En su urgencia por tratar de recomponer algo de lo destruido por obra y omisión, el gobierno calderonista ordenó la creación otra instancia más al interior de la Sedena, la Unidad de Vinculación Ciudadana (UNIVIC), que se suma a la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH), que dirige el General Jaime Antonio López Portillo desde su creación, a principios de este año.
La UNIVIC, que aún no cuenta con director general, tendrá como misión básica “fortalecer los vínculos de comunicación entre la sociedad civil y esta Secretaría, con plena transparencia para la solución de conflictos relacionados con los derechos humanos, derivados de la actuación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos contra la delincuencia organizada y con motivo de la presencia militar en las calles.”
La UNIVIC deberá desarrollar “una metodología para establecer, articular y mantener una adecuada y efectiva comunicación entre los citados interlocutores”.
Aún no entra en funciones pero dependerá de la Sección Quinta (Planes Estratégicos), tendrá alrededor de 15 militares como plantilla laboral y a esa estructura se sumarán eventualmente otros cinco o seis civiles. Por ahora, la UNIVIC está en espera de que el área administrativa de la Sedena cuadre los detalles laborales y de contratación de personal para iniciar sus trabajos.
La UNIVIC será encabezada por un general en activo que surgirá de entre los mandos de Justicia Militar. Por ahora está en periodo de formación. Pero eso no es lo fundamental en este caso, sino el trasfondo de su ceración.
La UNIVIC fue creada en un momento coyuntural muy preciso, de enorme presión hacia la Sedena y hacia la Presidencia de la República.
Al igual que sucedió con las cientos de acusaciones y señalamientos por los abusos militares en Ciudad Juárez, en Sinaloa, en Nuevo León, en Michoacán y en Tamaulipas, la Sedena reaccionó creando la DGDH como respuesta a las crecientes críticas internacionales que derivaron en fuertes aunque momentáneos señalamiento de la Casa Blanca por los excesos cometidos en el marco de la Iniciativa Mérida.
Lo mismo ocurre con el surgimiento de la UNIVIC, con la que el alto mando da respuesta a la opinión pública, a la prensa, a las ONG nacionales e internacionales y a la CNDH.
La creación de la UNIVIC lleva también un doble propósito: no entregarle a la opinión pública, a la oposición, a los detractores y críticos del Ejército y de la fallida estrategia calderonista contra el narco, la cabeza del General Guillermo Moreno Serrano, Comandante de la IV Región Militar, o de los generales Cuauhtémoc Antúnez Pérez (7ª Zona Militar), Carlos Piedra Lezama (8ª Zona Militar) o Federico Antonio Reynaldos del Pozo (12ª Zona Militar) –encargado, en 1994, del primer círculo de seguridad de Luis Donaldo Colosio en Tijuana, cuando era Coronel–, responsables de los operativos contra el narcotráfico en Tamaulipas, y mucho menos la del General José Luis Chávez García, Procurador Militar cuya renuncia al cargo es demandada por lols padres de Brian y Martín Almanza.
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