Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Negar que la guerra al narcotráfico además de incidir en la política se insertó en la pugna por el poder presidencial, es no aceptar el grave peligro en que se encuentra el futuro de la patria, o lo que queda de ella. El recuento de lo ocurrido desde el 11 de junio así lo constata.
Sumemos: un comando tomó con violencia el Centro Cristiano Fe y Vida, ubicado al norte de la ciudad de Chihuahua, donde ejecutó a 19 personas de diversas edades que estaban empeñadas en rehabilitarse; tres días después, el 14 de junio dejó como saldo 79 asesinados, 42 de ellos en tres matanzas ocurridas en Sinaloa, Michoacán y Chihuahua, de los cuales 13 eran agentes de la policía federal.
A los primeros 29 los ejecutaron en el penal de Mazatlán, Sinaloa, de los cuales 20 eran supuestos Zetas; en Zitácuaro, Michoacán, los barones de la droga traen pendientes ajustes de cuentas con la Policía Federal, por lo que en cuanto pueden los emboscan. En esta ocasión murieron 10 policías y 12 heridos fueron trasladados a diversos hospitales, de acuerdo a su gravedad.
Para redondear cifras, entre la noche del último domingo y la madrugada del lunes, en Nayarit hubo 17 ejecuciones, cuya principal consecuencia fue el pánico del gobernador Ney González, quien de inmediato decidió adelantar el inicio de vacaciones, para que niños y adolescentes no fuesen presa fácil de la violencia. Si a la autoridad le temblaron las corvas, pues con más razón ocurrirá con sus gobernados.
Las cifras de los días 13 y 14 de junio últimos se conforman así: Sinaloa 34, Nayarit 17, Chihuahua 13, Michoacán 10, Nuevo León dos, y uno en Baja California, Estado de México y Quintana Roo, lo que efectivamente suma 79.
Naturalmente el gobierno federal reaccionó, y de ello encargaron al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien como representante del titular del Ejecutivo en la ceremonia fúnebre en honor de los 15 agentes federales ejecutados el lunes último en Michoacán y Chihuahua, exigió a los medios de comunicación reconocer la labor de los cuerpos de seguridad, para que éstos puedan vincularse de mejor manera con la sociedad, y pidió también que sus tareas no se perdieran en la critica ligera ni en la banalidad.
Por su parte Genaro García Luna dijo que si los ataques a la Policía Federal se hacen con la intención de que ésta se repliegue, no lo harán, no van a ceder ni as claudicar.
Correspondió al presidente constitucional, Felipe Calderón, dar cerrojazo a la defensa de las políticas gubernamentales en la lucha contra los cárteles, y en un mensaje televisado la noche del martes, apuntó que está consciente de la exigencia ciudadana que -considera el que esto escribe- quiere, necesita, está urgida de paz social, de esa que se encuentra en los centros de reunión, en los espacios en los que los habitantes de las ciudades pueden encontrar esparcimiento, muy ajena a la paz de los sepulcros.
Dijo también Felipe Calderón, que el resultado de su estrategia se refleja en que están debilitando de manera contundente al crimen organizado, porque le han propinado golpes importantes y éstos han generado división entre los cárteles. Y señaló: “Sé que una preocupación entre los mexicanos son los hechos violentos y las muertes que se reportan cotidianamente, y que la parte que más duele y nos indigna es, precisamente, la pérdida de vidas inocentes. Por eso, no escatimaremos esfuerzos para evitar que la actividad de los criminales siga afectando a ciudadanos inocentes”.
Como cereza en el pastel, inician con medidas cortas, tímidas, incipientes, un control sobre el lavado de dólares provenientes del narcotráfico, que en nada ni en nadie incidirán para el verdadero lavado, pues no son diez mil millones anuales los que están perdidos, sino alrededor de 30 mil millones los que pasan por el servicio de legitimidad en que se convierten algunas o muchas de las instituciones bancarias, financieras y de inversión.
Lo que no dicen, lo que callan, lo que omiten todas las autoridades que han declarado en torno a la violencia reciente, son las consecuencias e incidencias que esas muertes tienen en el estado de ánimo de la sociedad y en sus opiniones políticas al momento de emitir su voto el próximo cuatro de julio, pues lo que se dirime con el incremento de ejecuciones y operativos en contra de las autoridades es el poder presidencial, porque serán los gobernadores recién llegados quienes determinarán las preferencias electorales del 2012.
Olvidémonos del Estado fallido, el verdadero, el auténtico riesgo es el del narco Estado. Para comprenderlo, recomiendo la lectura de El poder del perro, de Don Winslow.
Negar que la guerra al narcotráfico además de incidir en la política se insertó en la pugna por el poder presidencial, es no aceptar el grave peligro en que se encuentra el futuro de la patria, o lo que queda de ella. El recuento de lo ocurrido desde el 11 de junio así lo constata.
Sumemos: un comando tomó con violencia el Centro Cristiano Fe y Vida, ubicado al norte de la ciudad de Chihuahua, donde ejecutó a 19 personas de diversas edades que estaban empeñadas en rehabilitarse; tres días después, el 14 de junio dejó como saldo 79 asesinados, 42 de ellos en tres matanzas ocurridas en Sinaloa, Michoacán y Chihuahua, de los cuales 13 eran agentes de la policía federal.
A los primeros 29 los ejecutaron en el penal de Mazatlán, Sinaloa, de los cuales 20 eran supuestos Zetas; en Zitácuaro, Michoacán, los barones de la droga traen pendientes ajustes de cuentas con la Policía Federal, por lo que en cuanto pueden los emboscan. En esta ocasión murieron 10 policías y 12 heridos fueron trasladados a diversos hospitales, de acuerdo a su gravedad.
Para redondear cifras, entre la noche del último domingo y la madrugada del lunes, en Nayarit hubo 17 ejecuciones, cuya principal consecuencia fue el pánico del gobernador Ney González, quien de inmediato decidió adelantar el inicio de vacaciones, para que niños y adolescentes no fuesen presa fácil de la violencia. Si a la autoridad le temblaron las corvas, pues con más razón ocurrirá con sus gobernados.
Las cifras de los días 13 y 14 de junio últimos se conforman así: Sinaloa 34, Nayarit 17, Chihuahua 13, Michoacán 10, Nuevo León dos, y uno en Baja California, Estado de México y Quintana Roo, lo que efectivamente suma 79.
Naturalmente el gobierno federal reaccionó, y de ello encargaron al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien como representante del titular del Ejecutivo en la ceremonia fúnebre en honor de los 15 agentes federales ejecutados el lunes último en Michoacán y Chihuahua, exigió a los medios de comunicación reconocer la labor de los cuerpos de seguridad, para que éstos puedan vincularse de mejor manera con la sociedad, y pidió también que sus tareas no se perdieran en la critica ligera ni en la banalidad.
Por su parte Genaro García Luna dijo que si los ataques a la Policía Federal se hacen con la intención de que ésta se repliegue, no lo harán, no van a ceder ni as claudicar.
Correspondió al presidente constitucional, Felipe Calderón, dar cerrojazo a la defensa de las políticas gubernamentales en la lucha contra los cárteles, y en un mensaje televisado la noche del martes, apuntó que está consciente de la exigencia ciudadana que -considera el que esto escribe- quiere, necesita, está urgida de paz social, de esa que se encuentra en los centros de reunión, en los espacios en los que los habitantes de las ciudades pueden encontrar esparcimiento, muy ajena a la paz de los sepulcros.
Dijo también Felipe Calderón, que el resultado de su estrategia se refleja en que están debilitando de manera contundente al crimen organizado, porque le han propinado golpes importantes y éstos han generado división entre los cárteles. Y señaló: “Sé que una preocupación entre los mexicanos son los hechos violentos y las muertes que se reportan cotidianamente, y que la parte que más duele y nos indigna es, precisamente, la pérdida de vidas inocentes. Por eso, no escatimaremos esfuerzos para evitar que la actividad de los criminales siga afectando a ciudadanos inocentes”.
Como cereza en el pastel, inician con medidas cortas, tímidas, incipientes, un control sobre el lavado de dólares provenientes del narcotráfico, que en nada ni en nadie incidirán para el verdadero lavado, pues no son diez mil millones anuales los que están perdidos, sino alrededor de 30 mil millones los que pasan por el servicio de legitimidad en que se convierten algunas o muchas de las instituciones bancarias, financieras y de inversión.
Lo que no dicen, lo que callan, lo que omiten todas las autoridades que han declarado en torno a la violencia reciente, son las consecuencias e incidencias que esas muertes tienen en el estado de ánimo de la sociedad y en sus opiniones políticas al momento de emitir su voto el próximo cuatro de julio, pues lo que se dirime con el incremento de ejecuciones y operativos en contra de las autoridades es el poder presidencial, porque serán los gobernadores recién llegados quienes determinarán las preferencias electorales del 2012.
Olvidémonos del Estado fallido, el verdadero, el auténtico riesgo es el del narco Estado. Para comprenderlo, recomiendo la lectura de El poder del perro, de Don Winslow.
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