David Aponte / Contraflujo
Hay una crónica dramática de los hechos del 5 de junio de 2009 en el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el incendio en la Guardería ABC. Hay datos duros, voces y reconstrucción de las horas posteriores al siniestro, una narrativa que desarma, hace trizas las versiones del todavía director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam Toumeh, de la atención médica que supuestamente recibieron los menores heridos, de los niños que aspiraron humo al interior del inmueble. El documento muestra paso a paso la desorganización, el desorden, el caos en el que actuó y sigue actuando la institución de seguridad social más importante de México. Hay un documento que muestra los errores que no quiere aceptar el gobierno de Felipe Calderón en el tratamiento del caso más dramático de su sexenio: la muerte de 49 niños.
El documento desarma los comunicados de prensa del IMSS que buscan dar cuenta a la sociedad de los buenos servicios que los las autoridades administrativas y los médicos han brindado a los menores heridos. El texto echa para abajo la estrategia del equipo de Karam orientada a sugerir que algunos padres de familia de los niños afectados por la inhalación del humo sólo buscan chantajear a la institución.
La crónica, incluida en el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, muestra paso a paso el descontrol del IMSS en la atención de los menores que llegaban a los hospitales, pero también evidencia el caos del gobierno del entonces priísta Eduardo Bours. Esta es la narración de la falta de atención a los niños heridos, que seguramente será desacreditada por el instituto a cargo de Karam:
Los menores afectados fueron llevados a distintas unidades médicas y ninguna autoridad coordinó, recopiló y procesó los datos. Las unidades de Protección Civil enviaron personal para recabar la información y para auxiliar a los padres de familia a trasladarse de un lugar a otro en la ciudad de Hermosillo. Los familiares peregrinaban de un hospital a otro en busca de sus hijos.
“Incluso en los días que siguieron a la tragedia, la información que se proporcionaba no era fidedigna. En conferencia de prensa de(l) 7 de junio de 2009, Daniel Karam Toumeh, director general del IMSS, informó que hasta ese momento había 33 niños hospitalizados, mientras que el 10 de junio siguiente aseguró primero que 11 menores continuaban internados, posteriormente que eran 30, de los cuales 11 estaban en Hermosillo, tres en Obregón, 10 en Guadalajara y cuatro en Sacramento – lo que da un total de 28 – y, finalmente que eran 26 los que permanecían hospitalizados”, dice el proyecto de la Corte.
Después de este caos, el equipo de Karam ha difundido en los últimos días en distintas columnas periodísticas que algunas madres, que habían recogido a sus hijos antes del incendio, pretenden engañar al IMSS y sacarle dinero. Y que el instituto contaba con los datos sistematizados. El proyecto de la Corte evidencia lo contrario.
El documento de la Suprema Corte también señala que con los testimonios de los padres entrevistados “se advierte que el traslado de los menores fue obstaculizado por el IMSS, privilegiándose a hospitales de Obregón y Guadalajara, a pesar de que los padres deseaban su transferencia a Sacramento. En todo caso, de los testimonios concatenados entre sí, se puede concluir que esto obedeció a una decisión centralizada del IMSS, lo que tuvo como consecuencia que, al menos en opinión de muchos padres, los niños no recibieran una atención médica adecuada”.
Pero hay un evento que los padres de familia ahora restriegan en la cara al director del IMSS: el poco cuidado en la atención de los niños que aspiraron humo del incendio. Los menores no fueron atendidos debidamente y, posteriormente, presentaron cuadros de tos, consecuencia del daño pulmonar que sufrieron por la inhalación de gases tóxicos.
“Si bien en los días posteriores a la tragedia, tanto el Hospital Shriners como el IMSS contactaron a los familiares para indagar sobre problemas respiratorios de los menores sobrevivientes, en la etapa inmediatamente subsecuente a la tragedia, no existió una coordinación ni se siguió un protocolo en cuanto a la atención que debía darse a los menores expuestos a los gases tóxicos”, advierte el documento del ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
Las vidas de las familias de los niños heridos han sido trastornadas. Muchos de ellos necesitan cuidados especiales y las madres se han visto obligadas a dejar de trabajar. Las secuelas van desde daños pulmonares y heridas emocionales, que requieren largos tratamientos psicológicos.
El ministro expone en este apartado: “La muerte de 49 niños y las lesiones, muchas de ellas graves e irreversibles, de 104, conmocionó la vida de los 700 mil habitantes de Hermosillo, poniendo en evidencia la fragilidad del sistema de protección civil y el sistema de salud en los tres niveles de gobierno”.
Sin embargo, la estabilidad de los padres de familia afectados no importa. No importa el dolor. Y no importa porque la estabilidad política y emocional de los funcionarios señalados de violar garantías individuales está a salvo. Las carreras de Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, y Daniel Karam, y la estabilidad económica del empresario Eduardo Bours, están a buen resguardo.
Hay una crónica dramática de los hechos del 5 de junio de 2009 en el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el incendio en la Guardería ABC. Hay datos duros, voces y reconstrucción de las horas posteriores al siniestro, una narrativa que desarma, hace trizas las versiones del todavía director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam Toumeh, de la atención médica que supuestamente recibieron los menores heridos, de los niños que aspiraron humo al interior del inmueble. El documento muestra paso a paso la desorganización, el desorden, el caos en el que actuó y sigue actuando la institución de seguridad social más importante de México. Hay un documento que muestra los errores que no quiere aceptar el gobierno de Felipe Calderón en el tratamiento del caso más dramático de su sexenio: la muerte de 49 niños.
El documento desarma los comunicados de prensa del IMSS que buscan dar cuenta a la sociedad de los buenos servicios que los las autoridades administrativas y los médicos han brindado a los menores heridos. El texto echa para abajo la estrategia del equipo de Karam orientada a sugerir que algunos padres de familia de los niños afectados por la inhalación del humo sólo buscan chantajear a la institución.
La crónica, incluida en el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, muestra paso a paso el descontrol del IMSS en la atención de los menores que llegaban a los hospitales, pero también evidencia el caos del gobierno del entonces priísta Eduardo Bours. Esta es la narración de la falta de atención a los niños heridos, que seguramente será desacreditada por el instituto a cargo de Karam:
Los menores afectados fueron llevados a distintas unidades médicas y ninguna autoridad coordinó, recopiló y procesó los datos. Las unidades de Protección Civil enviaron personal para recabar la información y para auxiliar a los padres de familia a trasladarse de un lugar a otro en la ciudad de Hermosillo. Los familiares peregrinaban de un hospital a otro en busca de sus hijos.
“Incluso en los días que siguieron a la tragedia, la información que se proporcionaba no era fidedigna. En conferencia de prensa de(l) 7 de junio de 2009, Daniel Karam Toumeh, director general del IMSS, informó que hasta ese momento había 33 niños hospitalizados, mientras que el 10 de junio siguiente aseguró primero que 11 menores continuaban internados, posteriormente que eran 30, de los cuales 11 estaban en Hermosillo, tres en Obregón, 10 en Guadalajara y cuatro en Sacramento – lo que da un total de 28 – y, finalmente que eran 26 los que permanecían hospitalizados”, dice el proyecto de la Corte.
Después de este caos, el equipo de Karam ha difundido en los últimos días en distintas columnas periodísticas que algunas madres, que habían recogido a sus hijos antes del incendio, pretenden engañar al IMSS y sacarle dinero. Y que el instituto contaba con los datos sistematizados. El proyecto de la Corte evidencia lo contrario.
El documento de la Suprema Corte también señala que con los testimonios de los padres entrevistados “se advierte que el traslado de los menores fue obstaculizado por el IMSS, privilegiándose a hospitales de Obregón y Guadalajara, a pesar de que los padres deseaban su transferencia a Sacramento. En todo caso, de los testimonios concatenados entre sí, se puede concluir que esto obedeció a una decisión centralizada del IMSS, lo que tuvo como consecuencia que, al menos en opinión de muchos padres, los niños no recibieran una atención médica adecuada”.
Pero hay un evento que los padres de familia ahora restriegan en la cara al director del IMSS: el poco cuidado en la atención de los niños que aspiraron humo del incendio. Los menores no fueron atendidos debidamente y, posteriormente, presentaron cuadros de tos, consecuencia del daño pulmonar que sufrieron por la inhalación de gases tóxicos.
“Si bien en los días posteriores a la tragedia, tanto el Hospital Shriners como el IMSS contactaron a los familiares para indagar sobre problemas respiratorios de los menores sobrevivientes, en la etapa inmediatamente subsecuente a la tragedia, no existió una coordinación ni se siguió un protocolo en cuanto a la atención que debía darse a los menores expuestos a los gases tóxicos”, advierte el documento del ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
Las vidas de las familias de los niños heridos han sido trastornadas. Muchos de ellos necesitan cuidados especiales y las madres se han visto obligadas a dejar de trabajar. Las secuelas van desde daños pulmonares y heridas emocionales, que requieren largos tratamientos psicológicos.
El ministro expone en este apartado: “La muerte de 49 niños y las lesiones, muchas de ellas graves e irreversibles, de 104, conmocionó la vida de los 700 mil habitantes de Hermosillo, poniendo en evidencia la fragilidad del sistema de protección civil y el sistema de salud en los tres niveles de gobierno”.
Sin embargo, la estabilidad de los padres de familia afectados no importa. No importa el dolor. Y no importa porque la estabilidad política y emocional de los funcionarios señalados de violar garantías individuales está a salvo. Las carreras de Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, y Daniel Karam, y la estabilidad económica del empresario Eduardo Bours, están a buen resguardo.
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