Jorge Carrasco Araizaga
La Suprema Corte de Justicia de la Nación implicó en violación grave de garantías sólo a autoridades de nivel medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del anterior gobierno de Sonora y de la expresidencia municipal de Hermosillo en el incendio de la guardería ABC que provocó la muerte de 49 niños y heridas a 104 más, en junio del año pasado.
Pese a reconocer que hubo violación grave de garantías fundamentales en la tragedia, la Corte exculpó al exdirector del IMSS, Francisco Molinar Horcasitas; al actual director, Daniel Karam; y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours.
Como autoridades directamente involucradas, los ministros señalaron el miércoles a siete exfuncionarios: dos de la anterior presidencia municipal de Hermosillo, tres del gobierno de Eduardo Bours y dos del IMSS.
Según lo acordaron el martes pasado, no se trata del establecimiento de responsabilidades, sino sólo de la mención de “autoridades vinculadas con la violación grave de garantías fundamentales”.
En el caso del Seguro Social mencionaron a Arturo Leyva Lizárraga, delegado estatal del IMSS en Sonora de 2006 a 2009, y Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías, de 2001 a 2009.
Del gobierno de Bours, identificó a Wilebaldo Alatriste Candiani, quien fue titular de la Unidad Estatal de protección Civil; Fausto Salazar Gómez, ex director general de Recaudación de la secretaría de Hacienda de Sonora; y a Jorge Luis Melchor Islas, ex subdirector de Control Vehicular de la secretaría de Hacienda.
A nivel municipal señaló a Jesús Davis Osuna, ex director de inspección y vigilancia, y a Roberto Copado Gutiérrez, ex director de unidad de protección civil. La Corte excluyó al expresidente municipal Ernesto Gándara Camou.
Como garantías violadas mencionaron los derechos del niño, el derecho a la protección de la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud.
Los ministros decidieron además excluir de la comisión de esas violaciones al dueño, al director y al administrador de la guardería, en tanto que se trata de particulares ya que sólo a las autoridades se les puede imputar la violación de derechos humanos.
Al final de tres días de sesiones matutinas y vespertinas, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que los ministros hicieron lo que pudieron: “El fallo tiene los límites estructurales” establecidos en la Constitución.
“Nuestra declaración no exculpa ni exonera a nadie. Lo que hace es determinar la existencia de violaciones graves… Las responsabilidades política, penal y administrativa le corresponde a las autoridades constitucionalmente encargadas”, dijo.
El ministro Arturo Zaldívar, autor del dictamen que proponía el señalamiento de 14 funcionarios, se sostuvo en su posición de incluir a Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours. Con él votaron los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. El ministro José Ramón Cossío sólo favoreció el señalamiento de Bours.
La mayoría de ministros exculpó también al IMSS. Por seis votos a cinco, negaron la existencia de un desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de las guarderías subrogadas por la institución.
El aval de los ministros al funcionamiento de las guarderías subrogadas se sumó a su decisión, adoptada el martes, de evitar el señalamiento de responsables de la tragedia y al reconocimiento legal del sistema de subrogación de las estancias infantiles.
En la votación que exculpó al IMSS del incendio, la diferencia la hizo Ortiz Mayagoitia, quien a pesar de reconocer la existencia de graves violaciones a derechos fundamentales, hizo una enfática defensa del IMSS:
“En el caso del sistema de guarderías del Seguro Social no hay... ningún desorden; ninguna prueba demuestra que alguna de las guarderías preste un mal servicio, ni que los usuarios hayan protestado por esa causa. He recibido comentarios en otro sentido, el sistema de guarderías es por regla general satisfactorio para los usuarios”.
Ortiz Mayagoitia, quien en las dos semanas anteriores se reunió en varias ocasiones con el exidrector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, añadió: “Tampoco hay desorden documental. El Seguro Social lleva un expediente por cada una de las mil 480 guarderías, los tiene ordenados y bajo control”.
Esa posición de Ortiz fue compartida por los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Luis María Aguilar y Sergio Valls.
En contra votaron el autor del dictamen, Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
Zaldívar había dictaminado que además de las fallas en materia de protección civil, el “desorden generalizado” en el sistema de guarderías fue causa del incendio. Pero ante la mayoría que se perfilaba en contra de su proyecto advirtió: “No vaya ser que responsabilicemos sólo al señor que cerraba la puerta”, advirtió.
Aunque el martes, por ocho votos a tres el pleno determinó que la Corte no señalará responsables de la tragedia, Zaldívar insistió en que ante la falta de políticas públicas y reglas para la operación de las guarderías, se debe señalar desde “el director del IMSS para abajo”.
Con esa votación, la mayoría de ministros desestimó la revisión hecha por peritos del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM y la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados.
“El resultado de dichas revisiones es irrefutable”, dijo Zaldívar. Explicó que sólo el tres por ciento de las guarderías, de las mil 480 subrogadas por el IMSS, se ajusta a todos los requisitos necesarios para su funcionamiento.
Añadió que más del 50 por ciento de ellas ha omitido vigilar que los prestadores del servicio de guardería cumplan con estándares mínimos previstos en las Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales.
Además, dijo, “las irregularidades en materia de protección civil encontradas en la mayoría de las guarderías s son intolerables si se toma en cuenta que son niños pequeños los que acceden a este servicio respecto a los cuales el Estado tiene deberes de protección reforzada”.
Objeto de intensas críticas de asociaciones médicas a raíz de su propuesta de responsabilizar a Molinar Horcasitas y al actual director del IMSS Daniel Karam, el ministro Zaldívar respondió: “Quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes criticamos a esos servidores púbicos… Lo que estamos haciendo es proteger a las instituciones de este país, que deben estar marcadas por la protección de los derechos fundamentales y una ética pública… Es un truco asegurar que cuando se critica a un funcionario se critica a la institución”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación implicó en violación grave de garantías sólo a autoridades de nivel medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del anterior gobierno de Sonora y de la expresidencia municipal de Hermosillo en el incendio de la guardería ABC que provocó la muerte de 49 niños y heridas a 104 más, en junio del año pasado.
Pese a reconocer que hubo violación grave de garantías fundamentales en la tragedia, la Corte exculpó al exdirector del IMSS, Francisco Molinar Horcasitas; al actual director, Daniel Karam; y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours.
Como autoridades directamente involucradas, los ministros señalaron el miércoles a siete exfuncionarios: dos de la anterior presidencia municipal de Hermosillo, tres del gobierno de Eduardo Bours y dos del IMSS.
Según lo acordaron el martes pasado, no se trata del establecimiento de responsabilidades, sino sólo de la mención de “autoridades vinculadas con la violación grave de garantías fundamentales”.
En el caso del Seguro Social mencionaron a Arturo Leyva Lizárraga, delegado estatal del IMSS en Sonora de 2006 a 2009, y Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías, de 2001 a 2009.
Del gobierno de Bours, identificó a Wilebaldo Alatriste Candiani, quien fue titular de la Unidad Estatal de protección Civil; Fausto Salazar Gómez, ex director general de Recaudación de la secretaría de Hacienda de Sonora; y a Jorge Luis Melchor Islas, ex subdirector de Control Vehicular de la secretaría de Hacienda.
A nivel municipal señaló a Jesús Davis Osuna, ex director de inspección y vigilancia, y a Roberto Copado Gutiérrez, ex director de unidad de protección civil. La Corte excluyó al expresidente municipal Ernesto Gándara Camou.
Como garantías violadas mencionaron los derechos del niño, el derecho a la protección de la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud.
Los ministros decidieron además excluir de la comisión de esas violaciones al dueño, al director y al administrador de la guardería, en tanto que se trata de particulares ya que sólo a las autoridades se les puede imputar la violación de derechos humanos.
Al final de tres días de sesiones matutinas y vespertinas, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que los ministros hicieron lo que pudieron: “El fallo tiene los límites estructurales” establecidos en la Constitución.
“Nuestra declaración no exculpa ni exonera a nadie. Lo que hace es determinar la existencia de violaciones graves… Las responsabilidades política, penal y administrativa le corresponde a las autoridades constitucionalmente encargadas”, dijo.
El ministro Arturo Zaldívar, autor del dictamen que proponía el señalamiento de 14 funcionarios, se sostuvo en su posición de incluir a Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours. Con él votaron los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. El ministro José Ramón Cossío sólo favoreció el señalamiento de Bours.
La mayoría de ministros exculpó también al IMSS. Por seis votos a cinco, negaron la existencia de un desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de las guarderías subrogadas por la institución.
El aval de los ministros al funcionamiento de las guarderías subrogadas se sumó a su decisión, adoptada el martes, de evitar el señalamiento de responsables de la tragedia y al reconocimiento legal del sistema de subrogación de las estancias infantiles.
En la votación que exculpó al IMSS del incendio, la diferencia la hizo Ortiz Mayagoitia, quien a pesar de reconocer la existencia de graves violaciones a derechos fundamentales, hizo una enfática defensa del IMSS:
“En el caso del sistema de guarderías del Seguro Social no hay... ningún desorden; ninguna prueba demuestra que alguna de las guarderías preste un mal servicio, ni que los usuarios hayan protestado por esa causa. He recibido comentarios en otro sentido, el sistema de guarderías es por regla general satisfactorio para los usuarios”.
Ortiz Mayagoitia, quien en las dos semanas anteriores se reunió en varias ocasiones con el exidrector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, añadió: “Tampoco hay desorden documental. El Seguro Social lleva un expediente por cada una de las mil 480 guarderías, los tiene ordenados y bajo control”.
Esa posición de Ortiz fue compartida por los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Luis María Aguilar y Sergio Valls.
En contra votaron el autor del dictamen, Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
Zaldívar había dictaminado que además de las fallas en materia de protección civil, el “desorden generalizado” en el sistema de guarderías fue causa del incendio. Pero ante la mayoría que se perfilaba en contra de su proyecto advirtió: “No vaya ser que responsabilicemos sólo al señor que cerraba la puerta”, advirtió.
Aunque el martes, por ocho votos a tres el pleno determinó que la Corte no señalará responsables de la tragedia, Zaldívar insistió en que ante la falta de políticas públicas y reglas para la operación de las guarderías, se debe señalar desde “el director del IMSS para abajo”.
Con esa votación, la mayoría de ministros desestimó la revisión hecha por peritos del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM y la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados.
“El resultado de dichas revisiones es irrefutable”, dijo Zaldívar. Explicó que sólo el tres por ciento de las guarderías, de las mil 480 subrogadas por el IMSS, se ajusta a todos los requisitos necesarios para su funcionamiento.
Añadió que más del 50 por ciento de ellas ha omitido vigilar que los prestadores del servicio de guardería cumplan con estándares mínimos previstos en las Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales.
Además, dijo, “las irregularidades en materia de protección civil encontradas en la mayoría de las guarderías s son intolerables si se toma en cuenta que son niños pequeños los que acceden a este servicio respecto a los cuales el Estado tiene deberes de protección reforzada”.
Objeto de intensas críticas de asociaciones médicas a raíz de su propuesta de responsabilizar a Molinar Horcasitas y al actual director del IMSS Daniel Karam, el ministro Zaldívar respondió: “Quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes criticamos a esos servidores púbicos… Lo que estamos haciendo es proteger a las instituciones de este país, que deben estar marcadas por la protección de los derechos fundamentales y una ética pública… Es un truco asegurar que cuando se critica a un funcionario se critica a la institución”.
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