Gloria Leticia Díaz / Apro
Familiares de las víctimas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, acusaron hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) de tratar de eximir de responsabilidades a los funcionarios y exfuncionarios federales y estatales implicados en ese caso al difundir los resultados de un peritaje que establece que el siniestro en la estancia infantil fue provocado.
Por tal razón, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el próximo lunes 14 iniciará la discusión del dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, en el que aparecen como presuntos responsables de la muerte de los 49 menores el exdirector del IMSS y actual secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas, el director del IMSS, Daniel Karam, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, entre otros.
En conferencia de prensa, previa a la entrega de un amicus curie elaborado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), José Francisco García Quintana y Manuel Alfredo Rodríguez Amaya, ambos del Movimiento 5 de Junio, recordaron que hace un par de días la PGR difundió el peritaje realizado por la firma Associated Fire Consultanst, según el cual el siniestro en la guardería ABC fue provocado.
Además, dijeron que la dependencia integró dicho dictamen a las tres indagatorias que tiene abiertas, con la intención de eximir de responsabilidades a los servidores y ex servidores públicos federales y estatales implicados en el caso, entre ellos a orcasitas, Karam y Bours.
En la conferencia, los padres de las víctimas también acusaron a Bours, a Molinar, a Karam y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de enviar emisarios a la SCJN para “cabildear que no sean incluidos entre los culpables”.
Asimismo, sugirió a los ministros de la SCJN analizar la posibilidad de incluir en el espectro de responsables de la tragedia a Felipe Calderón Hinojosa, quien como “titular del Poder Ejecutivo tenía la responsabilidad de velar por la seguridad e integridad de nuestros hijos”.
Por su parte, y luego de señalar que entre los presuntos culpables también tendría que mencionarse al exdirector del IMSS, Santiago Levy, Rodríguez Amaya consideró que el nuevo peritaje “no cambiaría en nada el grado de responsabilidad de los funcionarios, sólo agregaría un nombre más a la lista”.
El gobierno de Sonora, añadió, anunció en días pasados la creación de un fideicomiso para la atención a familias de víctimas mortales y sobrevivientes, pero para estos últimos, dijo, se destinaron 750 mil pesos por niño lesionado, “lo que no cubre la atención médica que van a necesitar para toda la vida, por lo que exigimos que el Estado se haga totalmente responsable de la atención de esos pequeños”.
García Quintana y Rodríguez Amaya, ambos integrantes del Movimiento 5 de Junio, resaltaron que su interés primordial en respaldar el amicus curie presentado por el Centro Prodh es que el gobierno de Calderón asuma su responsabilidad en la tragedia, que se sancione a los responsables y se busquen garantías para que esa historia no se repita.
Por separado, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, reveló que el pasado martes 7 se reunió con el ministro Arturo Zaldívar, responsable del proyecto del caso ABC.
De acuerdo con Arriaga, le comentó al ministro que valoraba el contenido de dicho proyecto, pero que tenía algunas diferencias y temores fundados de que en lugar de que la intervención de la SCJN sirva para ampliar derechos, éstos se acorten, como ocurrió en el caso de las violaciones a los derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco, así como en el asunto de la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
En el primer caso, recordó, fue acortado el espectro de responsables fijados en el proyecto de dictamen, y, en el segundo, se declaró improcedente la discusión sobre el derecho de la víctima a impugnar la competencia del fuero militar para juzgar casos de violaciones a derechos humanos.
El director del Centro Prodh dijo que pidió al ministro considerar inconstitucional el esquema de subrogación, y por ello, agregó, “hacemos un llamado para que no se recorten los derechos ya establecidos en el proyecto, sino que se extiendan para que las víctimas accedan a la justicia y se sienten las bases para que estas tragedias no vuelvan a ocurrir”.
El Estado mexicano, puntualizó, “ha carecido de la debida diligencia en aspectos relacionados con la prevención y la sanción por violaciones a los derechos humanos, y en este sentido la subrogación, la falta de vigilancia a la prestación del servicio y la ausencia de una regulación clara al respecto atentan contra la debida gestión de los asuntos y bienes públicos”.
De su lado, Leopoldo Maldonado, abogado del Centro Prodh, expresó que en sus consideraciones, al ministro Zaldívar le faltó analizar el caso desde la perspectiva de los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos de la niñez, de la mujer y de la salud.
Familiares de las víctimas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, acusaron hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) de tratar de eximir de responsabilidades a los funcionarios y exfuncionarios federales y estatales implicados en ese caso al difundir los resultados de un peritaje que establece que el siniestro en la estancia infantil fue provocado.
Por tal razón, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el próximo lunes 14 iniciará la discusión del dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, en el que aparecen como presuntos responsables de la muerte de los 49 menores el exdirector del IMSS y actual secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas, el director del IMSS, Daniel Karam, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, entre otros.
En conferencia de prensa, previa a la entrega de un amicus curie elaborado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), José Francisco García Quintana y Manuel Alfredo Rodríguez Amaya, ambos del Movimiento 5 de Junio, recordaron que hace un par de días la PGR difundió el peritaje realizado por la firma Associated Fire Consultanst, según el cual el siniestro en la guardería ABC fue provocado.
Además, dijeron que la dependencia integró dicho dictamen a las tres indagatorias que tiene abiertas, con la intención de eximir de responsabilidades a los servidores y ex servidores públicos federales y estatales implicados en el caso, entre ellos a orcasitas, Karam y Bours.
En la conferencia, los padres de las víctimas también acusaron a Bours, a Molinar, a Karam y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de enviar emisarios a la SCJN para “cabildear que no sean incluidos entre los culpables”.
Asimismo, sugirió a los ministros de la SCJN analizar la posibilidad de incluir en el espectro de responsables de la tragedia a Felipe Calderón Hinojosa, quien como “titular del Poder Ejecutivo tenía la responsabilidad de velar por la seguridad e integridad de nuestros hijos”.
Por su parte, y luego de señalar que entre los presuntos culpables también tendría que mencionarse al exdirector del IMSS, Santiago Levy, Rodríguez Amaya consideró que el nuevo peritaje “no cambiaría en nada el grado de responsabilidad de los funcionarios, sólo agregaría un nombre más a la lista”.
El gobierno de Sonora, añadió, anunció en días pasados la creación de un fideicomiso para la atención a familias de víctimas mortales y sobrevivientes, pero para estos últimos, dijo, se destinaron 750 mil pesos por niño lesionado, “lo que no cubre la atención médica que van a necesitar para toda la vida, por lo que exigimos que el Estado se haga totalmente responsable de la atención de esos pequeños”.
García Quintana y Rodríguez Amaya, ambos integrantes del Movimiento 5 de Junio, resaltaron que su interés primordial en respaldar el amicus curie presentado por el Centro Prodh es que el gobierno de Calderón asuma su responsabilidad en la tragedia, que se sancione a los responsables y se busquen garantías para que esa historia no se repita.
Por separado, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, reveló que el pasado martes 7 se reunió con el ministro Arturo Zaldívar, responsable del proyecto del caso ABC.
De acuerdo con Arriaga, le comentó al ministro que valoraba el contenido de dicho proyecto, pero que tenía algunas diferencias y temores fundados de que en lugar de que la intervención de la SCJN sirva para ampliar derechos, éstos se acorten, como ocurrió en el caso de las violaciones a los derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco, así como en el asunto de la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
En el primer caso, recordó, fue acortado el espectro de responsables fijados en el proyecto de dictamen, y, en el segundo, se declaró improcedente la discusión sobre el derecho de la víctima a impugnar la competencia del fuero militar para juzgar casos de violaciones a derechos humanos.
El director del Centro Prodh dijo que pidió al ministro considerar inconstitucional el esquema de subrogación, y por ello, agregó, “hacemos un llamado para que no se recorten los derechos ya establecidos en el proyecto, sino que se extiendan para que las víctimas accedan a la justicia y se sienten las bases para que estas tragedias no vuelvan a ocurrir”.
El Estado mexicano, puntualizó, “ha carecido de la debida diligencia en aspectos relacionados con la prevención y la sanción por violaciones a los derechos humanos, y en este sentido la subrogación, la falta de vigilancia a la prestación del servicio y la ausencia de una regulación clara al respecto atentan contra la debida gestión de los asuntos y bienes públicos”.
De su lado, Leopoldo Maldonado, abogado del Centro Prodh, expresó que en sus consideraciones, al ministro Zaldívar le faltó analizar el caso desde la perspectiva de los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos de la niñez, de la mujer y de la salud.
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