Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
El asesinato del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, es un acto de terrorismo. Más allá de quienes son los autores intelectuales y materiales del atentado donde perdieron la vida siete personas en el epílogo de su campaña electoral, el propósito concreto que logró fue crear desestabilización y terror, en un acto de fuerza y capacidad de fuego donde el desafío es para el Estado Mexicano.
Torre Cantú se iba a convertir el domingo en el próximo gobernador de Tamaulipas, al no haber posibilidad alguna de que sus adversarios remontaran la diferencia de más de 20 puntos que les llevaba el priista en ese estado, único en el país, donde la mayoría de sus pobladores se declaran abiertamente priistas. No se sabe quiénes lo asesinaron, aunque por el método y el contexto, la primera línea de investigación es el narcotráfico.
Torre Cantú, coincidían todos los actores políticos que lo conocían, no tenía nada que esconder de su pasado, ni figuraba en los escenarios de narco candidatos. “No debo nada”, solía decir. Estaba “limpio”, según las mediciones subjetivas que se hace con los políticos, para todos los efectos.
Fue, como el panista Diego Fernández de Cevallos, una presa fácil para el crimen. El abogado no tenía seguridad y lo secuestraron sin mayor problema; el candidato tenía una seguridad endeble y absurda, con tres escoltas y sin vehículo blindado, en un estado donde la violencia se ha extendido hacia el sur en los últimos meses. Políticamente se les puede achacar ingenuidad e irresponsabilidad, pero en ninguno de los dos casos minimiza la gravedad de la situación que se vive.
El asesinato de Torre Cantú modificó violentamente el estado en el que se encontraba la lucha contra el narcotráfico que emprendió el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, y alteró la vida política. El discurso prevaleciente, a partir de estadísticas y numeralia, es que la mayor parte de los muertos son delincuentes. En efecto, el dato duro así lo señala. Calderón aseguraba que las cosas iban a empeorar. Ciertamente, empeoraron. Calderón advertía que tuvo que enfrentar a los cárteles de la droga antes de que se siguiera la ruta de Colombia, donde la guerra entre cárteles se extendió sistemáticamente a población civil. Se equivocó. Ya se extendió, y por la puerta grande, a la política-electoral.
Aunque no se puede identificar hasta este momento la autoría intelectual del crimen, son las condiciones sociopolíticas las que han dado paso a este asesinato. Cuando mataron al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el primer fiscal del caso, Miguel Montes, decía que el contexto, lleno de polarización política y violencia social, lo había matado. Montes explicaba que ese ambiente creó las condiciones para que un iluminado, como es Mario Aburto, le disparara en la cabeza. Hoy nuevamente hay un contexto de polarización política y violencia social, pero con condiciones adicionales: la guerra declarada por el Presidente contra los cárteles de la droga. Contra Torre Cantú no actuó un iluminado, sino un grupo de matones.
Torre Cantú no es un daño colateral, como se denomina a las víctimas inocentes de una lucha que no es suya por el simple hecho de encontrarse en el momento y el lugar equivocado. Salvo que se diera una explicación totalmente convincente –aunque pocos la creyeran- de que fue emboscado y ejecutado por equivocación, lo más probable es que quienes lo mandaron matar sabían quién era y que causaría un daño enorme. Al no saberse quiénes son los autores intelectuales, tampoco se puede saber quién o quiénes eran los destinatarios del mensaje, y si el objetivo era regional o nacional.
Aunque en estos casos no hay que descartar hipótesis a priori, no hay muchas bases para pensar que se trata de un crimen emanado del cuerpo político. No hay un grupo que gana; todos los políticos y todos los partidos pierden con el asesinato. Es cierto que la hipótesis del narcotráfico es la más sólida, por el método y las condiciones en el estado, pero tampoco hay información suficiente para responder las mismas dudas planteadas previamente.
Es importante recordar que desde diciembre que se realinearon los cárteles de las drogas, Tamaulipas se convirtió en el centro de batalla entre viejos aliados, el Cártel del Golfo –la organización criminal con raíces territoriales- y Los Zetas –un grupo exógeno a la región-, que fue lo que produjo el renacimiento de la violencia en Reynosa y Matamoros. El Cártel del Golfo, con la ayuda del Cártel de Sinaloa, fue expulsando a
Los Zetas de Tamaulipas, y se expandió la violencia a Nuevo León y al sur del estado.
Esta dinámica abre una segunda lectura a la hipótesis del narcotráfico. No es normal que un cártel caliente su propia plaza, por lo que se ve difícil que el Cártel del Golfo quisiera suicidarse con este crimen. Pero Los Zetas, que están en retirada, cazados por sus adversarios y fuerzas federales mexicanas y estadounidenses, si podrían buscar –en esta misma línea de pensamiento-, calentar la plaza. En cualquier hipótesis, la conclusión es la misma. Se rompieron los marcos de referencia y comenzaron a asesinar políticos en la parte más alta de la pirámide del sistema.
Al ampliar el escenario al asesinato de civiles mediante un método, como el caso de Torre Cantú, el fenómeno que entra es el terrorismo –en su definición de crear terror general con un fin-, en cuya desestabilización inmediata por el impacto, busca inestabilidad y generar nuevos órdenes de preocupaciones y prioridades. El contexto en el cual se da esta nueva fase de la violencia en México es resultado del cambio en la correlación de fuerzas que había entre los gobiernos y la delincuencia organizada hasta diciembre de 2006.
La declaratoria de guerra de Calderón a todos los cárteles borró los incentivos para que esos grupos mantuvieran la paz entre ellos y no socializaran la violencia para evitar una respuesta del Estado. Al pelear contra todos al mismo tiempo, el incentivo fue el de la sobrevivencia, por encima de mantener los equilibrios en el país. Torre Cantú es la primera víctima de otra faceta de esta lucha, la primera piedra hacia la colombianización. Algo serio debe haberle fallado al presidente Calderón, al haber entrado con un choque traumático este lunes a la fase que decía querer evitar. En todo caso, esta lucha, a donde nos llevaron sin consulta ni consenso, es de todos. Esto no tiene punto de retorno, nos guste o no.
El asesinato del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, es un acto de terrorismo. Más allá de quienes son los autores intelectuales y materiales del atentado donde perdieron la vida siete personas en el epílogo de su campaña electoral, el propósito concreto que logró fue crear desestabilización y terror, en un acto de fuerza y capacidad de fuego donde el desafío es para el Estado Mexicano.
Torre Cantú se iba a convertir el domingo en el próximo gobernador de Tamaulipas, al no haber posibilidad alguna de que sus adversarios remontaran la diferencia de más de 20 puntos que les llevaba el priista en ese estado, único en el país, donde la mayoría de sus pobladores se declaran abiertamente priistas. No se sabe quiénes lo asesinaron, aunque por el método y el contexto, la primera línea de investigación es el narcotráfico.
Torre Cantú, coincidían todos los actores políticos que lo conocían, no tenía nada que esconder de su pasado, ni figuraba en los escenarios de narco candidatos. “No debo nada”, solía decir. Estaba “limpio”, según las mediciones subjetivas que se hace con los políticos, para todos los efectos.
Fue, como el panista Diego Fernández de Cevallos, una presa fácil para el crimen. El abogado no tenía seguridad y lo secuestraron sin mayor problema; el candidato tenía una seguridad endeble y absurda, con tres escoltas y sin vehículo blindado, en un estado donde la violencia se ha extendido hacia el sur en los últimos meses. Políticamente se les puede achacar ingenuidad e irresponsabilidad, pero en ninguno de los dos casos minimiza la gravedad de la situación que se vive.
El asesinato de Torre Cantú modificó violentamente el estado en el que se encontraba la lucha contra el narcotráfico que emprendió el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, y alteró la vida política. El discurso prevaleciente, a partir de estadísticas y numeralia, es que la mayor parte de los muertos son delincuentes. En efecto, el dato duro así lo señala. Calderón aseguraba que las cosas iban a empeorar. Ciertamente, empeoraron. Calderón advertía que tuvo que enfrentar a los cárteles de la droga antes de que se siguiera la ruta de Colombia, donde la guerra entre cárteles se extendió sistemáticamente a población civil. Se equivocó. Ya se extendió, y por la puerta grande, a la política-electoral.
Aunque no se puede identificar hasta este momento la autoría intelectual del crimen, son las condiciones sociopolíticas las que han dado paso a este asesinato. Cuando mataron al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el primer fiscal del caso, Miguel Montes, decía que el contexto, lleno de polarización política y violencia social, lo había matado. Montes explicaba que ese ambiente creó las condiciones para que un iluminado, como es Mario Aburto, le disparara en la cabeza. Hoy nuevamente hay un contexto de polarización política y violencia social, pero con condiciones adicionales: la guerra declarada por el Presidente contra los cárteles de la droga. Contra Torre Cantú no actuó un iluminado, sino un grupo de matones.
Torre Cantú no es un daño colateral, como se denomina a las víctimas inocentes de una lucha que no es suya por el simple hecho de encontrarse en el momento y el lugar equivocado. Salvo que se diera una explicación totalmente convincente –aunque pocos la creyeran- de que fue emboscado y ejecutado por equivocación, lo más probable es que quienes lo mandaron matar sabían quién era y que causaría un daño enorme. Al no saberse quiénes son los autores intelectuales, tampoco se puede saber quién o quiénes eran los destinatarios del mensaje, y si el objetivo era regional o nacional.
Aunque en estos casos no hay que descartar hipótesis a priori, no hay muchas bases para pensar que se trata de un crimen emanado del cuerpo político. No hay un grupo que gana; todos los políticos y todos los partidos pierden con el asesinato. Es cierto que la hipótesis del narcotráfico es la más sólida, por el método y las condiciones en el estado, pero tampoco hay información suficiente para responder las mismas dudas planteadas previamente.
Es importante recordar que desde diciembre que se realinearon los cárteles de las drogas, Tamaulipas se convirtió en el centro de batalla entre viejos aliados, el Cártel del Golfo –la organización criminal con raíces territoriales- y Los Zetas –un grupo exógeno a la región-, que fue lo que produjo el renacimiento de la violencia en Reynosa y Matamoros. El Cártel del Golfo, con la ayuda del Cártel de Sinaloa, fue expulsando a
Los Zetas de Tamaulipas, y se expandió la violencia a Nuevo León y al sur del estado.
Esta dinámica abre una segunda lectura a la hipótesis del narcotráfico. No es normal que un cártel caliente su propia plaza, por lo que se ve difícil que el Cártel del Golfo quisiera suicidarse con este crimen. Pero Los Zetas, que están en retirada, cazados por sus adversarios y fuerzas federales mexicanas y estadounidenses, si podrían buscar –en esta misma línea de pensamiento-, calentar la plaza. En cualquier hipótesis, la conclusión es la misma. Se rompieron los marcos de referencia y comenzaron a asesinar políticos en la parte más alta de la pirámide del sistema.
Al ampliar el escenario al asesinato de civiles mediante un método, como el caso de Torre Cantú, el fenómeno que entra es el terrorismo –en su definición de crear terror general con un fin-, en cuya desestabilización inmediata por el impacto, busca inestabilidad y generar nuevos órdenes de preocupaciones y prioridades. El contexto en el cual se da esta nueva fase de la violencia en México es resultado del cambio en la correlación de fuerzas que había entre los gobiernos y la delincuencia organizada hasta diciembre de 2006.
La declaratoria de guerra de Calderón a todos los cárteles borró los incentivos para que esos grupos mantuvieran la paz entre ellos y no socializaran la violencia para evitar una respuesta del Estado. Al pelear contra todos al mismo tiempo, el incentivo fue el de la sobrevivencia, por encima de mantener los equilibrios en el país. Torre Cantú es la primera víctima de otra faceta de esta lucha, la primera piedra hacia la colombianización. Algo serio debe haberle fallado al presidente Calderón, al haber entrado con un choque traumático este lunes a la fase que decía querer evitar. En todo caso, esta lucha, a donde nos llevaron sin consulta ni consenso, es de todos. Esto no tiene punto de retorno, nos guste o no.
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