Miguel Ángel Granados Chapa
Hace tres semanas que el estado de México carece de procurador de justicia. Como un muestra de que la investigación y persecución de los delitos, médula de la tarea ministerial y por ende de quien la encabeza, es poco relevante para el gobernador Enrique Peña Nieto, después del despido de Alberto Bazbaz, desde el 25 de mayo el encargado del despacho es Alfredo Castillo, el subprocurador que junto con el dimitente se ocupó de la averiguación del caso Paulette Gebara Farah, y que con él hizo el ridículo.
Antes de que Bazbaz fuera echado de su cargo, cuando crecía la indignación en su contra por la pésima actuación del Ministerio Público bajo su mando en el escandaloso suceso, dijimos aquí que sus deslices en ese caso eran minucias dentro del cuadro general de su trabajo en la Procuraduría estatal. Citamos como un renglón muy delicado en que sus deficiencias se abultaban, la impunidad de que gozan los asesinos de mujeres en el estado de México, donde las cifras de feminicidios han superado ya las de Chihuahua, incluida Ciudad Juárez, que se convirtió en símbolo de los atentados contra la integridad femenina. Se ha consolidado en suelo mexiquense el círculo perverso en que la impunidad genera impunidad, pues la falta de castigo a los delincuentes les permite perpetrar nuevos ilícitos que tampoco serán sancionados.
Mas no sólo se trata de feminicidios en ascenso. Durante los primeros cuatro meses de este año, precisamente el tramo final de la breve estancia de Bazbaz en la Procuraduría estatal de justicia, la inseguridad en general creció de manera perturbadora, como lo evidencia información procedente de la propia Procuraduría por ahora vacante:
"En el estado de México, pareciera que la delincuencia se instaló de modo permanente.
"Tan sólo durante el primer cuatrimestre de este año, en comparación con el periodo enero-abril de 2009, los secuestros aumentaron 64 por ciento, el robo al transporte de carga 30 (por ciento) y el robo de autos 25.6 por ciento.
"Las ejecuciones, en tanto, repuntaron 66 por ciento en los mismos meses" (Reforma, 8 de junio).
El incremento en el robo de vehículos ha sido documentado por Mario Croswell, un antiguo funcionario ministerial que ahora encabeza la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Dijo que "faltan operativos, trabajo de campo y de inteligencia de las autoridades mexiquenses" para enfrentar ese tipo de delitos. "Los desplazamientos de las bandas del DF han sido importantes y en la Procuraduría del Edomex no han perseguido ni han trabajado ese tipo de cuestiones. Debería haber un trabajo más intenso y a fondo.
"Faltan operativos, formar un nuevo grupo de investigación de robo de autos, trabajo de campo, detectar a las bandas, detenerlas y saber dónde se están comercializando". Croswell añadió que de enero a abril se denunciaron 15 mil 391 autos robados, "lo que significa que el hampa perpetra un atraco cada 25 minutos; además, el 45 por ciento se cometió con violencia". Más de la mitad de esos hurtos ocurrieron en sólo cuatro municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca.
Los homicidios relacionados probablemente con el narcotráfico, en cuya cifra se incluye a agentes policiales que no murieron en el cumplimiento de su deber, enfrentando a la delincuencia, se han multiplicado especialmente en el oriente de la entidad, y en Ecatepec de modo particular. En los nueve primeros días de junio, en todo el estado fueron cometidos 13 asesinatos, ocho de los cuales ocurrieron en el antiguo San Cristóbal. Al parecer se desarrolla en ese municipio, quizá el más poblado del país, una guerra en que los contendientes son La Familia Michoacana y la gente de Édgar Valdez Villarreal, apodado La Barbie. Desde tiempo atrás la primera de esas dos bandas había expandido sus operaciones desde el estado en que se originó a las porciones limítrofes del estado de México y otros como la propia capital del estado: Amatepec, Luvianos, Tlatlaya, Tejupilco, Lerma, Toluca, Metepec y Valle de Bravo. En su expansión hacia el oriente habría chocado con la banda de Valdez Villarreal (Reforma, 11 de junio).
A menudo las autoridades locales rechazan que se anote en su debe el número de asesinatos relacionados con el narcotráfico, como si fueran delitos federales, que incumbe a la Procuraduría General de la República perseguir. Hay en esa postura una notoria elusión de responsabilidades, pues los homicidios son delitos del fuero común y su indagación corresponde al Ministerio Público local.
Es de temerse, adicionalmente, que al auge del crimen organizado en el estado de México contribuya la corrupción. Con frecuencia comandantes y hasta mandos superiores de la policía ministerial y de otros cuerpos policiales aparecen involucrados en delitos de extrema gravedad. Si bien acaba de ser dejado en libertad por una deficiencia del Ministerio Público federal, no se eximió de responsabilidad a Antonio Ramírez Cervantes, ex comandante de la policía de Huixquilucan. Se le procesó junto con Raúl Villa Ortega, apodado El R, por el asesinato de 24 personas en La Marquesa. Fueron puestos en libertad la semana pasada no porque se les hallara inocentes -pues no se llegó a la sentencia- sino porque el Ministerio Público federal realizó mal su tarea.
Si Peña Nieto piensa que su estado puede quedarse un mes o más sin procurador (la legislatura debe aprobar la designación), eso retrata sus aptitudes.
Cajón de Sastre
El presidente Felipe Calderón publicó ayer, profusamente en la prensa capitalina el documento titulado La lucha por la seguridad pública, que por azar apareció al cabo de la semana más poblada de cadáveres. Será preciso analizarlo pormenorizadamente. Pero en su referencia a la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y la procuración de justicia habrá de salir al paso de deslices como el de la semana pasada en que la Armada de México dijo haber hallado explosivos en una casa de la colonia Roma en la Ciudad de México, aunque al día siguiente la PGR la desmintió: no se trataba de materiales ilegales y dejó en libertad a los cuatro detenidos por los infantes de marina. La DEA, a su vez, desmintió a la Secretaría de Marina que había agradecido su cooperación en ese hallazgo. No tuvo nada que ver, dijo la agencia norteamericana.
Hace tres semanas que el estado de México carece de procurador de justicia. Como un muestra de que la investigación y persecución de los delitos, médula de la tarea ministerial y por ende de quien la encabeza, es poco relevante para el gobernador Enrique Peña Nieto, después del despido de Alberto Bazbaz, desde el 25 de mayo el encargado del despacho es Alfredo Castillo, el subprocurador que junto con el dimitente se ocupó de la averiguación del caso Paulette Gebara Farah, y que con él hizo el ridículo.
Antes de que Bazbaz fuera echado de su cargo, cuando crecía la indignación en su contra por la pésima actuación del Ministerio Público bajo su mando en el escandaloso suceso, dijimos aquí que sus deslices en ese caso eran minucias dentro del cuadro general de su trabajo en la Procuraduría estatal. Citamos como un renglón muy delicado en que sus deficiencias se abultaban, la impunidad de que gozan los asesinos de mujeres en el estado de México, donde las cifras de feminicidios han superado ya las de Chihuahua, incluida Ciudad Juárez, que se convirtió en símbolo de los atentados contra la integridad femenina. Se ha consolidado en suelo mexiquense el círculo perverso en que la impunidad genera impunidad, pues la falta de castigo a los delincuentes les permite perpetrar nuevos ilícitos que tampoco serán sancionados.
Mas no sólo se trata de feminicidios en ascenso. Durante los primeros cuatro meses de este año, precisamente el tramo final de la breve estancia de Bazbaz en la Procuraduría estatal de justicia, la inseguridad en general creció de manera perturbadora, como lo evidencia información procedente de la propia Procuraduría por ahora vacante:
"En el estado de México, pareciera que la delincuencia se instaló de modo permanente.
"Tan sólo durante el primer cuatrimestre de este año, en comparación con el periodo enero-abril de 2009, los secuestros aumentaron 64 por ciento, el robo al transporte de carga 30 (por ciento) y el robo de autos 25.6 por ciento.
"Las ejecuciones, en tanto, repuntaron 66 por ciento en los mismos meses" (Reforma, 8 de junio).
El incremento en el robo de vehículos ha sido documentado por Mario Croswell, un antiguo funcionario ministerial que ahora encabeza la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Dijo que "faltan operativos, trabajo de campo y de inteligencia de las autoridades mexiquenses" para enfrentar ese tipo de delitos. "Los desplazamientos de las bandas del DF han sido importantes y en la Procuraduría del Edomex no han perseguido ni han trabajado ese tipo de cuestiones. Debería haber un trabajo más intenso y a fondo.
"Faltan operativos, formar un nuevo grupo de investigación de robo de autos, trabajo de campo, detectar a las bandas, detenerlas y saber dónde se están comercializando". Croswell añadió que de enero a abril se denunciaron 15 mil 391 autos robados, "lo que significa que el hampa perpetra un atraco cada 25 minutos; además, el 45 por ciento se cometió con violencia". Más de la mitad de esos hurtos ocurrieron en sólo cuatro municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca.
Los homicidios relacionados probablemente con el narcotráfico, en cuya cifra se incluye a agentes policiales que no murieron en el cumplimiento de su deber, enfrentando a la delincuencia, se han multiplicado especialmente en el oriente de la entidad, y en Ecatepec de modo particular. En los nueve primeros días de junio, en todo el estado fueron cometidos 13 asesinatos, ocho de los cuales ocurrieron en el antiguo San Cristóbal. Al parecer se desarrolla en ese municipio, quizá el más poblado del país, una guerra en que los contendientes son La Familia Michoacana y la gente de Édgar Valdez Villarreal, apodado La Barbie. Desde tiempo atrás la primera de esas dos bandas había expandido sus operaciones desde el estado en que se originó a las porciones limítrofes del estado de México y otros como la propia capital del estado: Amatepec, Luvianos, Tlatlaya, Tejupilco, Lerma, Toluca, Metepec y Valle de Bravo. En su expansión hacia el oriente habría chocado con la banda de Valdez Villarreal (Reforma, 11 de junio).
A menudo las autoridades locales rechazan que se anote en su debe el número de asesinatos relacionados con el narcotráfico, como si fueran delitos federales, que incumbe a la Procuraduría General de la República perseguir. Hay en esa postura una notoria elusión de responsabilidades, pues los homicidios son delitos del fuero común y su indagación corresponde al Ministerio Público local.
Es de temerse, adicionalmente, que al auge del crimen organizado en el estado de México contribuya la corrupción. Con frecuencia comandantes y hasta mandos superiores de la policía ministerial y de otros cuerpos policiales aparecen involucrados en delitos de extrema gravedad. Si bien acaba de ser dejado en libertad por una deficiencia del Ministerio Público federal, no se eximió de responsabilidad a Antonio Ramírez Cervantes, ex comandante de la policía de Huixquilucan. Se le procesó junto con Raúl Villa Ortega, apodado El R, por el asesinato de 24 personas en La Marquesa. Fueron puestos en libertad la semana pasada no porque se les hallara inocentes -pues no se llegó a la sentencia- sino porque el Ministerio Público federal realizó mal su tarea.
Si Peña Nieto piensa que su estado puede quedarse un mes o más sin procurador (la legislatura debe aprobar la designación), eso retrata sus aptitudes.
Cajón de Sastre
El presidente Felipe Calderón publicó ayer, profusamente en la prensa capitalina el documento titulado La lucha por la seguridad pública, que por azar apareció al cabo de la semana más poblada de cadáveres. Será preciso analizarlo pormenorizadamente. Pero en su referencia a la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y la procuración de justicia habrá de salir al paso de deslices como el de la semana pasada en que la Armada de México dijo haber hallado explosivos en una casa de la colonia Roma en la Ciudad de México, aunque al día siguiente la PGR la desmintió: no se trataba de materiales ilegales y dejó en libertad a los cuatro detenidos por los infantes de marina. La DEA, a su vez, desmintió a la Secretaría de Marina que había agradecido su cooperación en ese hallazgo. No tuvo nada que ver, dijo la agencia norteamericana.
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