Fueron días intensos de cabildeo entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fueron días de reuniones con abogados, con asesores, con expertos. Fueron horas de tratar de convencer a directores de medios de comunicación, a columnistas, a periodistas. Fueron momentos de amagos, de amenazas para defender una posición, el puesto en el gabinete Presidencial y el sueño del 2012. Fueron momentos cruciales en medio de una batalla política entre los poderes Judicial y Ejecutivo. Así está clasificado el tema por uno de los actores del caso Guardería ABC.
Juan Molinar Horcasitas, el demócrata, el todavía secretario de Comunicaciones y Transportes, ha dedicado mucho tiempo a trazar una defensa legal, política y mediática frente a los señalamientos del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sobre eventuales responsabilidades administrativas, éticas, morales y políticas en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
En su defensa, Molinar Horcasitas también exonera, ¡faltaba más!, al todavía director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam Toumeh, quien también se dio tiempo para desplegar una campaña mediática en decenas de espacios periodísticos de opinión. “Es inadmisible la afirmación de que el director general es responsable absoluto de las acciones u omisiones de sus subordinados, ya que éstos tienen un ámbito de autonomía y facultades que deben desempeñar conforme a las normas, con independencia de las instrucciones del director general”, expone en un documento elaborado por sus asesores.
La línea argumentativa de la defensa de Molinar Horcasitas, ex director general del IMSS, toca aspectos técnicos, legales y políticos. Del primero, insiste en que el incendio se originó en una bodega de la Secretaría de Hacienda (antes Finanzas) del gobierno del entonces priísta Eduardo Bours, un galerón contiguo que no tenía adecuadas medidas de seguridad. Del segundo, busca desmontar la tesis del ministro Zaldívar Lelo de Larrea de las responsabilidades éticas de los servidores públicos (argumento similar con el que la mayoría de los integrantes de la Corte abrió las sesiones públicas del caso Guardería ABC), bajo la tesis de la necesidad de una actuación estrictamente legal, de una resolución jurídica de la Corte. Del tercero, argumenta que la investigación y el proyecto buscan generar en la opinión pública una imagen de que el máximo tribunal es imparcial y que los servidores públicos involucrados deben asumir una responsabilidad política.
“No debe perderse de vista que el proyecto se emite y da a conocer en un momento político, que es el aniversario del incendio de la guardería, con la clara intención política de la SCJN ante la sociedad mexicana y procurar generar una imagen de imparcialidad. Por otra parte, el efecto político es arrojar la responsabilidad a las demás instituciones – PGR, Secretaría de la Función Pública, IMSS – sobre el cumplimiento de las medidas de reparación y, en su caso, de imposición de sanciones a los servidores públicos mencionados en el documento. Con ello, se genera una imagen histórica del fincamiento de responsabilidades, cuya responsabilidad (sic) quedó a cargo de los Poderes Legislativo y Ejecutivo”, alega el integrante del gabinete Presidencial.
Molinar Horcasitas pretende en el escrito triturar el argumento moral del ministro encargado del proyecto: en un ambiente de dolor e inconformidad por la muerte de 49 niños, Zaldívar Lelo de Larrea muestra empatía con el sentir social generalizado, en lugar de aplicar las normas desde el punto de vista estricto, en vez de ofrecer argumentos legales. En todo caso, “formula un juicio de reproche a los funcionarios públicos involucrados, respecto de la muerte y lesiones ocurridas a menores de edad, cuya guarda estaba a cargo del IMSS, afectados en un incendio producido por la negligencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, por la falta de supervisión y orden de las autoridades municipales en materia de protección civil”.
El equipo de asesores del secretario de Comunicaciones y Transportes identifica en la iniquidad, en el tratamiento de los supuestos involucrados, el punto más débil del proyecto del ministro encargado del caso Guardería ABC. ¿Cuál es la argumentación, cuál es el reproche? Zaldívar Lelo de Larrea dio vista a las autoridades involucradas, pero no tomó en cuenta ninguna de las manifestaciones en su defensa, ni hizo un análisis para verificar o desvirtuar el contenido del informe preliminar elaborado por los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla.
El mensaje que ofrece el discurso del integrante del gabinete es que el caso ABC está metido en una disputa entre los poderes de la Unión, en la lucha entre un ministro que busca la superioridad del Judicial sobre los otros dos. Y el escenario muestra un resultado que hemos visto, que hemos vivido muchas veces en México: no hay responsabilidades, no hay culpables, no hay justicia; hay impunidad.
Comentarios