Martha Anaya / Crónica de Política
Después de escuchar los alegatos del Procurador de Justicia Militar exonerar a efectivos del Ejército Mexicano de la muerte de los hermanos Martín y Bryan Almanza Salazar –de nueve y cinco años de edad–, los padres de los pequeños pasaron del dolor, a la indignación y al enojo.
Que hubo “fuego cruzado” entre militares y narcotraficantes en aquella carretera de Laredo, Tamaulipas, sostuvo José Luis Chávez; que fueron los matones al servicio del narcotráfico los que lanzaron, aquel infausto 3 de abril, una granada a la camioneta en que viajaba la familia Almanza y fueron sus esquirlas las que mataron a los niños.
¡Mentira!, gritan los padres de Martín y Bryan. No hubo ningún enfrentamiento. Y repiten lo que dijeron desde el primer día: que había un retén, que no les impidieron el paso, que no obstante lo cual disminuyeron la velocidad y que de pronto los militares comenzaron a dispararles.
Pero la institución castrense, ni los ve, ni los oye, ni se inmuta.
Ya realizaron su investigación y esa es su conclusión: Los soldados son inocentes.
Tal fue el obsequio que le dieron a la familia Almanza del Día del Niño. A eso sí que se le llama sensibilidad.
En vista del descrédito de semejante versión –y de que el Ejército se abroga las investigaciones por encima de la Procuraduría General de la República—fue el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, quien salió a “explicar” lo ocurrido en el Tecnológico de Monterrey el pasado 19 de marzo, donde murieron dos estudiantes: Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Mercado.
Víctimas del “fuego cruzado” entre sicarios y efectivos del Ejército mexicano, declaró el de la PGR en una conferencia de prensa sin pies ni cabeza. ¡Ah!, pero “cuando menos en el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso, uno de los impactos corresponde al calibre utilizado por la delincuencia organizada de un arma de asalto .223”.
Y como hay omisiones en la preservación de la escena del crimen, a la par de las investigaciones de la propia PGR se dará vista –ni más ni menos– a la Procuraduría de Justicia Militar (la misma que dice que los niños Almanza murieron en fuego cruzado) para deslindar responsabilidades entre efectivos del Ejército.
Ya podrán imaginar cómo reaccionaron los familiares de los estudiantes asesinados y del propio director del Tecnológico de Monterrey. Sinteticémosla en una sola frase: “¡Es una farsa!”
Ellos pasaron del dolor a la rabia.
Entre tanto, en el Senado de la República habíase aprobado la Ley de Seguridad Nacional. Finalmente, se le había otorgado a las Fuerzas Armadas un sustento legal para su involucramiento en la lucha contra el narcotráfico.
Debían estar felices ¿no? Pues no es así, están furiosos. Tan furiosos que demandaron a legisladores de la Cámara de Diputados que detuvieran la minuta y que por ningún motivo la subieran al pleno para su votación. Era el último día del periodo ordinario de sesiones.
¿Por qué tal reacción?
Los mandos castrenses no sólo pegaron de manotazos ante lo que el Senado había aprobado sino ante las peticiones que les rechazaron los legisladores.
¿Qué pedían los militares? Ahí les va: atribuciones de investigación, detención, interrogatorio, arraigo y consignación; suspensión de garantías a la inviolabilidad de domicilio, comunicaciones y libertad de tránsito; ejercicio del mando en las operaciones de colaboración con las fuerzas policiales. Y, por supuesto, mantener intocado el fuero militar.
Así, en éste que no es un cuento de hadas –sino la mismísima y terrible realidad–, todos terminaron enojados.
Después de escuchar los alegatos del Procurador de Justicia Militar exonerar a efectivos del Ejército Mexicano de la muerte de los hermanos Martín y Bryan Almanza Salazar –de nueve y cinco años de edad–, los padres de los pequeños pasaron del dolor, a la indignación y al enojo.
Que hubo “fuego cruzado” entre militares y narcotraficantes en aquella carretera de Laredo, Tamaulipas, sostuvo José Luis Chávez; que fueron los matones al servicio del narcotráfico los que lanzaron, aquel infausto 3 de abril, una granada a la camioneta en que viajaba la familia Almanza y fueron sus esquirlas las que mataron a los niños.
¡Mentira!, gritan los padres de Martín y Bryan. No hubo ningún enfrentamiento. Y repiten lo que dijeron desde el primer día: que había un retén, que no les impidieron el paso, que no obstante lo cual disminuyeron la velocidad y que de pronto los militares comenzaron a dispararles.
Pero la institución castrense, ni los ve, ni los oye, ni se inmuta.
Ya realizaron su investigación y esa es su conclusión: Los soldados son inocentes.
Tal fue el obsequio que le dieron a la familia Almanza del Día del Niño. A eso sí que se le llama sensibilidad.
En vista del descrédito de semejante versión –y de que el Ejército se abroga las investigaciones por encima de la Procuraduría General de la República—fue el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, quien salió a “explicar” lo ocurrido en el Tecnológico de Monterrey el pasado 19 de marzo, donde murieron dos estudiantes: Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Mercado.
Víctimas del “fuego cruzado” entre sicarios y efectivos del Ejército mexicano, declaró el de la PGR en una conferencia de prensa sin pies ni cabeza. ¡Ah!, pero “cuando menos en el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso, uno de los impactos corresponde al calibre utilizado por la delincuencia organizada de un arma de asalto .223”.
Y como hay omisiones en la preservación de la escena del crimen, a la par de las investigaciones de la propia PGR se dará vista –ni más ni menos– a la Procuraduría de Justicia Militar (la misma que dice que los niños Almanza murieron en fuego cruzado) para deslindar responsabilidades entre efectivos del Ejército.
Ya podrán imaginar cómo reaccionaron los familiares de los estudiantes asesinados y del propio director del Tecnológico de Monterrey. Sinteticémosla en una sola frase: “¡Es una farsa!”
Ellos pasaron del dolor a la rabia.
Entre tanto, en el Senado de la República habíase aprobado la Ley de Seguridad Nacional. Finalmente, se le había otorgado a las Fuerzas Armadas un sustento legal para su involucramiento en la lucha contra el narcotráfico.
Debían estar felices ¿no? Pues no es así, están furiosos. Tan furiosos que demandaron a legisladores de la Cámara de Diputados que detuvieran la minuta y que por ningún motivo la subieran al pleno para su votación. Era el último día del periodo ordinario de sesiones.
¿Por qué tal reacción?
Los mandos castrenses no sólo pegaron de manotazos ante lo que el Senado había aprobado sino ante las peticiones que les rechazaron los legisladores.
¿Qué pedían los militares? Ahí les va: atribuciones de investigación, detención, interrogatorio, arraigo y consignación; suspensión de garantías a la inviolabilidad de domicilio, comunicaciones y libertad de tránsito; ejercicio del mando en las operaciones de colaboración con las fuerzas policiales. Y, por supuesto, mantener intocado el fuero militar.
Así, en éste que no es un cuento de hadas –sino la mismísima y terrible realidad–, todos terminaron enojados.
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