EL AUDITOR SUPERIOR de la Federación nos debe una explicación. Y es que luego de conocerse un presunto fraude a Pemex por 13 millones de dólares, Juan Manuel Portal –ex empleado él mismo de la paraestatal– ha dicho que se trata de una cantidad pequeña en relación a los muchos recursos que maneja Petróleos Mexicanos. Un fraude “chiquito”. Como “chiquito” ha sido todo, desde que en 2006 el Trife falló –“haiga sido como haiga sido”– a favor de quien por un margen “chiquito”, apenas 0.56%, ocupa la Presidencia de la República.
Pero en lo que el señor Portal nos explica, permítame platicarle hoy de una serie de irregularidades que se han presentado en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a cargo del nefasto Luis Ignacio Sánchez Gómez, quien se dice “asesor áulico” de Marcelo Ebrard . Algunas, particularmente sobresalientes, porque se trata de recursos federales:
Hay más de 280 personas contratadas por honorarios, muchas de las cuales han sido recomendadas directamente por los altos mandos de esa institución. El mayor número de estas personas se encuentran en la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico (DGIFA), en la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa (DGPPEE) —cuyo titular es Joaquín Francisco Guzmán López, anteriormente Director General de Administración, quien fue separado de ese cargo por malos manejos y por irregularidades financieras de consideración, entre otras la venta de plazas— y en el Centro de Desarrollo Informático Arturo Rosenblueth (CDIAR).
Los denunciantes de estas irregularidades han contratado los servicios de asesoría de dos empresas consultoras (Valora y otra más). Los contratos se dieron por asignación directa y se presume que el procedimiento estuvo viciado. Los trabajos que elaboran dichas empresas no tienen ninguna trascendencia ni aplicación práctica, son solamente una forma de justificar el gasto.
Una persona adscrita a la DGPPEE se encuentra contratado por honorarios a nivel de Jefe de Departamento. Esa persona sólo cuenta con estudios de primaria y es el sastre del Administrador Federal. Sólo se le conoce como “señor Alfredo”.
Se mandaron a hacer nuevos rótulos (con el nombre y los datos de las escuelas) a todas los planteles del Distrito Federal. La compra de esos letreros se llevó a cabo con un alto costo que excede por mucho el valor del bien, además de que para justificar esa compra se quitaron rótulos que aún servían y que eran de mejor calidad. A dos meses de haber adquirido esos letreros, estos ya se están despintando.
No hay control en la operación de los distintos subsistemas del Servicio Profesional de Carrera. Las vacantes no se han cubierto tal y como lo dispone la Ley del Servicio Profesional de Carrera, se han valido de “nombramientos” por artículo 34 a fin de ocupar plazas de manera “temporal”. Gran parte del personal de mando no cubre el perfil requerido para el puesto.
Se dejaron de realizar los trabajos con las Comisiones Mixtas: Basificación, Escalafón y Estructuras Ocupacionales. Se ha operado de forma arbitraria y sin que haya planeación y trabajo con el personal de base.
No se han realizado trabajos con el SNTE, por lo que no existe ningún mecanismo de vinculación ni de coordinación.
Los recursos asignados a Carrera Magisterial no corresponden con las erogaciones que se efectúan para tal efecto. Hay una discrepancia entre lo que se debería cubrir y lo que realmente se está gastando. La inconformidad del sindicato ha escalado, por lo que sólo espera el momento para ejecutar acciones.
En el caso de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico, se observan otras irregularidades además de las que ya han sido descritas. En especial, en la composición e integración de su estructura orgánica:
La titularidad de la Dirección General la ocupa una encargada que tiene estudios de Arquitectura –algo así como la hostess encargada de las guarderías del IMSS–, pero que no está titulada. A esa persona se le paga por el régimen de honorarios. De las tres direcciones de área con que cuenta, dos están ocupadas por encargados que cobran por honorarios. Catorce subdirecciones están en las mismas condiciones, por encargados que cobran en régimen de honorarios.
Adicionalmente existe una plaza de subdirectora fuera de estructura autorizada, que cobra por honorarios con un sueldo de 36 mil pesos mensuales. Se presume que se trata de una prima del Administrador Federal, Sánchez Gómez.
Esta estructura, claro, no corresponde con la que se presenta en la página oficial.
La titularidad de la Dirección General se encuentra vacante y no se ha querido someter nuevamente a concurso del Servicio Profesional de Carrera porque la actual encargada no cubre el perfil. La primera vez que se concursó la plaza se declaró desierta como un acto de simulación. Mientras tanto, a quien ocupa el lugar de encargada se le dio una plaza con nivel K2, el nivel más alto de las plazas de director general.
Así se las gasta el asesor de Ebrard. Ah, y de la señora Elba Esther Gordillo.
Pero van a salir por ahí con que se trata de otro fraude “chiquito”.
Índice Flamígero: Tiene un saborcito a berrinche pueril –no es eso, obvio, es arreglo económico– la decisión de la SCT de impedir que otros postores que no sean Televisa-Nextel, liciten por las bandas de 1.7 y 1.9 Ghz. La fibra negra de la CFE, pues. Pese a que Iusacell obtuvo un amparo para ser considerada, Juan Molinar se entercó e impidió que concursara por el par de hilos, debido a que la empresa se inconformó por las bases del concurso, no reconocía lo establecido por la autoridad y por lo tanto, ésta “autoridad” consideró que no estaría en condiciones de cumplir con el compromiso. ¿Qué no es ilegal llevar adelante un proceso licitatorio cuando sólo hay un postor? ¿Estado de derecho? ¡Bah!
Comentarios