Elda Arroyo
El secuestro del exsenador panista Diego Fernández de Cevallos es un claro mensaje al gobierno federal que encabeza Felipe Calderón, sobre que su lucha contra el narcotráfico está más que perdida.
El “Jefe Diego” ocupa uno de los lugares más importantes en la escala política de nuestro país, en primera instancia recordemos que una cosa es el gobierno, visto sólo como un aparato de administración de los bienes públicos, y otra muy diferente es la concentración del poder. Fernández de Cevallos se ubica en el segundo rubro.
La magnitud de este plagio es entendida desde la perspectiva de la seguridad social. En México absolutamente nadie está exento de padecer la violencia, el crimen organizado está involucrado en cualquier institución, así lo dijo Ismael “Mayo” Zambada en su entrevista con Julio Scherer, ellos (los grandes capos) sólo son la imagen que tiene la ciudadanía del narco, pero es más grande de lo que se imagina, son tantas personas las que están inmiscuidas que este monstruo tiene millones de rostros.
La tesis de un secuestro con fines económicos es irrelevante y raya en lo absurdo, ninguna banda profesional de plagiadores es tan ingenua (serían detenidos en un santiamén porque Fernández es poderoso) o audaz para buscar dar el golpe de su vida y enriquecerse de un palmo.
Este secuestro es para demostrar que el narcotráfico no se anda con juegos, que a todos, absolutamente a todos, por más guardaespaldas que se tenga, sistemas de seguridad o influencias también les entran las balas. Qué importa si se es jerarca de la iglesia católica como Juan Jesús Posadas Ocampo, presidente, senador, diputado, gobernador o empresario, todos son susceptibles, pero sobretodo los ciudadanos comunes como en el estado de Hidalgo donde por 10 mil pesos mensuales se libran de ser secuestrados.
Fernández de Cevallos es una figura polémica, ya que ha estado relacionado en los asuntos medulares del país, su poder es enorme, si le da la gana construir una carretera con fines personales (o amorosos mejor dicho) lo hace, si quiere legitimar un fraude electoral lo hace, si quiere pasar por encima de la ley que supuestamente defiende lo hace. Hasta ahora no tenía límite pero no lo impuso “el gobierno” que es quien debe administrar la justicia, lo hizo una organización salida de la sociedad, delictiva, pero al fin y al cabo salida de entre los ciudadanos.
Fuente: Internet
El secuestro del exsenador panista Diego Fernández de Cevallos es un claro mensaje al gobierno federal que encabeza Felipe Calderón, sobre que su lucha contra el narcotráfico está más que perdida.
El “Jefe Diego” ocupa uno de los lugares más importantes en la escala política de nuestro país, en primera instancia recordemos que una cosa es el gobierno, visto sólo como un aparato de administración de los bienes públicos, y otra muy diferente es la concentración del poder. Fernández de Cevallos se ubica en el segundo rubro.
La magnitud de este plagio es entendida desde la perspectiva de la seguridad social. En México absolutamente nadie está exento de padecer la violencia, el crimen organizado está involucrado en cualquier institución, así lo dijo Ismael “Mayo” Zambada en su entrevista con Julio Scherer, ellos (los grandes capos) sólo son la imagen que tiene la ciudadanía del narco, pero es más grande de lo que se imagina, son tantas personas las que están inmiscuidas que este monstruo tiene millones de rostros.
La tesis de un secuestro con fines económicos es irrelevante y raya en lo absurdo, ninguna banda profesional de plagiadores es tan ingenua (serían detenidos en un santiamén porque Fernández es poderoso) o audaz para buscar dar el golpe de su vida y enriquecerse de un palmo.
Este secuestro es para demostrar que el narcotráfico no se anda con juegos, que a todos, absolutamente a todos, por más guardaespaldas que se tenga, sistemas de seguridad o influencias también les entran las balas. Qué importa si se es jerarca de la iglesia católica como Juan Jesús Posadas Ocampo, presidente, senador, diputado, gobernador o empresario, todos son susceptibles, pero sobretodo los ciudadanos comunes como en el estado de Hidalgo donde por 10 mil pesos mensuales se libran de ser secuestrados.
Fernández de Cevallos es una figura polémica, ya que ha estado relacionado en los asuntos medulares del país, su poder es enorme, si le da la gana construir una carretera con fines personales (o amorosos mejor dicho) lo hace, si quiere legitimar un fraude electoral lo hace, si quiere pasar por encima de la ley que supuestamente defiende lo hace. Hasta ahora no tenía límite pero no lo impuso “el gobierno” que es quien debe administrar la justicia, lo hizo una organización salida de la sociedad, delictiva, pero al fin y al cabo salida de entre los ciudadanos.
Fuente: Internet
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