Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Dejémonos de zarandajas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su equivalente en otros países es sólo un instrumento de poder. Desconocerlo o negarse a aceptarlo equivale a vivir en la ingenuidad o a apoltronarse en la utopía. Parafrasear a Agustín Legorreta cae como anillo al dedo: administrar justicia es un asunto de pantalones largos.
Jueces, magistrados y ministros, en el caso del fuero federal, que es el de peso político, conocen su función y desempeñan el papel que se espera de ellos -naturalmente no conforme al mandato constitucional-, de acuerdo a los compromisos contraídos en la medida en que ascienden por el escalafón y desarrollan la necesaria comprensión de los requerimientos del Estado y de los poderes fácticos para que el poder funcione.
El Poder Judicial es una correa de transmisión, de otra manera no se entiende el descarrilamiento con el que sus propios pares pusieron en orden al juez Baltasar Garzón, o la manera en que la SCJN determina sus afinidades electivas para sancionar a unos, exonerar a otros y poner en el limbo, en la inexistencia judicial a otros más.
Mariano Azuela Güitrón, quien en su momento me pareció un ser humano sensato y un funcionario honesto con el compromiso contraído con el mandato constitucional por él asumido, prefirió abrir la boca en cuanto se jubiló, para aceptar su presencia en Los Pinos en los históricos instantes en que los representantes de los poderes fácticos decidieron instrumentar la estrategia jurisdiccional para evitar que Andrés Manuel López Obrador llegase a la candidatura del PRD, ya no digamos a la presidencia de la República. No supieron hacerlo en su momento, y perdieron la oportunidad de guardar silencio después, pues si alguna esperanza despuntó acerca de la independencia del Poder Judicial de la Federación, las declaraciones de Azuela confirmaron que todo sigue igual: el Ejecutivo, en materia de administración de justicia como instrumento político, es el que manda.
De otra manera no se entienden las resoluciones de la SCJN por los casos de Lydia Cacho y Atenco, que concluyeron en la tácita exoneración de Mario Marín y Enrique Peña Nieto. En su momento el Poder Ejecutivo hizo que también fuera del interés político de los ministros el sentido de sus resoluciones, como también hoy inciden en el rechazo del caso de Hugo Alberto Wallace y las sentencias light pronunciadas por Augusto Octavio Mejía, juez Decimosexto de Distrito en materia penal, porque es precisamente el momento en que está por revisarse la Ley Antisecuestro, y lo que la SCJN dijese hubiera podido considerarse como mensaje o intromisión en las decisiones del Poder Legislativo, lo que no es el caso.
La información es puntual: La Corte rechazó atraer el caso del secuestro y posterior asesinato de Hugo Alberto Wallace por razones técnicas, que deja fuera de su interés el delito por el que se implantaron penas de 20 años cuando el juez federal debió haberlas impuesto por 60 años, según Isabel Miranda de Wallace.
José Ramón Cossío Díaz aseguró que determinar las penas correspondientes no es labor de la SCJN, sino de los jueces y, en su caso, de la PGR. Reconoce el ministro -todavía no alcanza el nivel de comprensión y funcionalidad que de él necesita el sistema- que la Procuraduría le avienta el tema a la Corte, y que en el caso sí pueden determinar si fueron o no adecuadas las penas impuestas, pero que no es de su competencia elaborar un sistema de penas.
Los ministros son quisquillosos en cuanto a lo que se les solicita y en las respuestas que deben dar a la sociedad y a sus patrones. Es posible -no tengo en mi poder la solicitud de atracción por parte de la PGR- que el procurador Arturo Chávez Chávez se equivocara, pero creo que Isabel Miranda de Wallace y todos los interesados en sancionar a los secuestradores, lo que esperaban era una revisión de las sentencias del juez Decimosexto de Distrito en materia penal, para que el mensaje no fuese para el Legislativo sino para los delincuentes.
Si Arturo Chávez Chávez pidió la elaboración de un sistema de penas, puede pensarse que se equivocó a propósito, para dar pie a que la SCJN rechazara la atracción, con el fin de enviar un claro mensaje, éste sí clarísimo, a Isabel Miranda de Wallace, para que ya no se entrometa en la Ley Antisecuestro, que es de su inspiración, ni en los ámbitos de procuración y administración de justicia.
A la sociedad debe quedar claro: A Lydia Cacho, los “secuestradores” de Atenco e Isabel Miranda, justicia; a Mario Marín, Enrique Peña Nieto y los secuestradores de Hugo Alberto Wallace, justicia y gracia.
Dejémonos de zarandajas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su equivalente en otros países es sólo un instrumento de poder. Desconocerlo o negarse a aceptarlo equivale a vivir en la ingenuidad o a apoltronarse en la utopía. Parafrasear a Agustín Legorreta cae como anillo al dedo: administrar justicia es un asunto de pantalones largos.
Jueces, magistrados y ministros, en el caso del fuero federal, que es el de peso político, conocen su función y desempeñan el papel que se espera de ellos -naturalmente no conforme al mandato constitucional-, de acuerdo a los compromisos contraídos en la medida en que ascienden por el escalafón y desarrollan la necesaria comprensión de los requerimientos del Estado y de los poderes fácticos para que el poder funcione.
El Poder Judicial es una correa de transmisión, de otra manera no se entiende el descarrilamiento con el que sus propios pares pusieron en orden al juez Baltasar Garzón, o la manera en que la SCJN determina sus afinidades electivas para sancionar a unos, exonerar a otros y poner en el limbo, en la inexistencia judicial a otros más.
Mariano Azuela Güitrón, quien en su momento me pareció un ser humano sensato y un funcionario honesto con el compromiso contraído con el mandato constitucional por él asumido, prefirió abrir la boca en cuanto se jubiló, para aceptar su presencia en Los Pinos en los históricos instantes en que los representantes de los poderes fácticos decidieron instrumentar la estrategia jurisdiccional para evitar que Andrés Manuel López Obrador llegase a la candidatura del PRD, ya no digamos a la presidencia de la República. No supieron hacerlo en su momento, y perdieron la oportunidad de guardar silencio después, pues si alguna esperanza despuntó acerca de la independencia del Poder Judicial de la Federación, las declaraciones de Azuela confirmaron que todo sigue igual: el Ejecutivo, en materia de administración de justicia como instrumento político, es el que manda.
De otra manera no se entienden las resoluciones de la SCJN por los casos de Lydia Cacho y Atenco, que concluyeron en la tácita exoneración de Mario Marín y Enrique Peña Nieto. En su momento el Poder Ejecutivo hizo que también fuera del interés político de los ministros el sentido de sus resoluciones, como también hoy inciden en el rechazo del caso de Hugo Alberto Wallace y las sentencias light pronunciadas por Augusto Octavio Mejía, juez Decimosexto de Distrito en materia penal, porque es precisamente el momento en que está por revisarse la Ley Antisecuestro, y lo que la SCJN dijese hubiera podido considerarse como mensaje o intromisión en las decisiones del Poder Legislativo, lo que no es el caso.
La información es puntual: La Corte rechazó atraer el caso del secuestro y posterior asesinato de Hugo Alberto Wallace por razones técnicas, que deja fuera de su interés el delito por el que se implantaron penas de 20 años cuando el juez federal debió haberlas impuesto por 60 años, según Isabel Miranda de Wallace.
José Ramón Cossío Díaz aseguró que determinar las penas correspondientes no es labor de la SCJN, sino de los jueces y, en su caso, de la PGR. Reconoce el ministro -todavía no alcanza el nivel de comprensión y funcionalidad que de él necesita el sistema- que la Procuraduría le avienta el tema a la Corte, y que en el caso sí pueden determinar si fueron o no adecuadas las penas impuestas, pero que no es de su competencia elaborar un sistema de penas.
Los ministros son quisquillosos en cuanto a lo que se les solicita y en las respuestas que deben dar a la sociedad y a sus patrones. Es posible -no tengo en mi poder la solicitud de atracción por parte de la PGR- que el procurador Arturo Chávez Chávez se equivocara, pero creo que Isabel Miranda de Wallace y todos los interesados en sancionar a los secuestradores, lo que esperaban era una revisión de las sentencias del juez Decimosexto de Distrito en materia penal, para que el mensaje no fuese para el Legislativo sino para los delincuentes.
Si Arturo Chávez Chávez pidió la elaboración de un sistema de penas, puede pensarse que se equivocó a propósito, para dar pie a que la SCJN rechazara la atracción, con el fin de enviar un claro mensaje, éste sí clarísimo, a Isabel Miranda de Wallace, para que ya no se entrometa en la Ley Antisecuestro, que es de su inspiración, ni en los ámbitos de procuración y administración de justicia.
A la sociedad debe quedar claro: A Lydia Cacho, los “secuestradores” de Atenco e Isabel Miranda, justicia; a Mario Marín, Enrique Peña Nieto y los secuestradores de Hugo Alberto Wallace, justicia y gracia.
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