Inacción del Estado en caso Diego, critica Navarrete

* "Claro desafío de grupos delictivos"
* Un error suspender las pesquisas: Castro y Castro
* Debe respetarse la petición, señala
* Alberto Pérez Cuevas Manuel Velázquez / Rivelino Rueda

El Financiero


El presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete, criticó la inacción del Estado mexicano ante el secuestro del político panista Diego Fernández de Cevallos Ramos.

De acuerdo con el senador perredista, la desaparición del excandidato presidencial representa un evidente reto de los grupos delictivos hacia el Estado y todas sus instituciones.

Al participar en el Segundo Foro Político “Seguridad y Justicia” y sin querer profundizar mucho en el tema, el congresista consideró que lo efectuado por los grupos delictivos al plagiar de manera “cobarde” a llamado Jefe Diego deja en claro que eso forma parte del desafío que esos grupos hacen hacia la justicia.

Navarrete aseguró que lo ocurrido en Querétaro, con la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, no es un expediente cerrado, está abierto, que pronto lo habrán de resolver, pero ya habrá tiempo y los espacios correctos para realizarlo.

“Querétaro no es un expediente cerrado, pronto lo trataremos, pero eso será en un espacio que le corresponda”, sentenció.

Por otro lado, legisladores de las tres principales fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados (PRI, PAN y PRD) tuvieron posiciones encontradas por el anuncio de la Procuraduría General de la República (PGR) de abandonar las investigaciones acerca de la desaparición del excandidato presidencial panista en los comicios de 1994, Diego Fernández de Cevallos.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, el perredista Juventino Castro y Castro, calificó de un error el hecho de que la PGR haya determinado suspender las pesquisas, ya que “ninguna familia puede estar por encima de la Constitución”.

“Puedo suponer que esa fuerza grande, que es la relación política entre Fernández de Cevallos y Felipe Calderón, está obligando a este último a no actuar, y ello es muy preocupante, porque se está anteponiendo una relación de amistad a la Constitución y al Estado”, comentó el exministro de la Suprema Corte.
¿Estrategia?
En cambio, el vicecoordinador de la bancada del tricolor, Jorge Carlos Ramírez Marín, consideró que la decisión de que la PGR no sea la que siga la línea de investigación “puede ser una estrategia a petición de su familia”.

Sin embargo, opinó que en primer lugar la procuraduría tendría que atraer el caso, “ya que no recuerdo que lo haya hecho, y es evidente que se trata de un asunto que rebasa a la Procuraduría de Justicia del Estado de Querétaro, un estado que es pacífico y tranquilo, por lo que era importante que la Procuraduría General de la República atrajera estas investigaciones y las llevara a cabo, yo espero que sea una estrategia a petición de la familia”.

En ese sentido, el vicecoordinador del grupo parlamentario del albiazul, Carlos Alberto Pérez Cuevas, aseguró que esta decisión responde a una valoración que la propia familia de Fernández de Cevallos ha hecho del caso.

“Ellos lo han pedido y han presentado, incluso, un comunicado a la autoridad y le piden que no intervenga en este proceso, porque seguramente tienen un análisis de que es lo que les ayuda para continuar con la negociación, debemos de decir que habría que respetarlo”, sostuvo.

No obstante, Castro y Castro opinó que la suspensión de las indagatorias, “es una acción indebida que violenta la Carta Magna, y realizó un exhorto a las autoridades para retomar las averiguaciones, ya que ”ningún familiar o un investigador puede asumir las funciones del Ministerio Público".

Lo sucedido al excandidato presidencial del PAN, abundó, “aparentemente fue un secuestro, razón por lo cual la familia no tiene las facultades para solicitar a las autoridades no intervenir para no obstruir las negociaciones”.

Por separado, Ramírez Marín declaró que “la sociedad se pregunta mucho respecto a qué definiciones hay en el tratamiento de los secuestros, en el caso de nuestro país, porque es evidente que no todos reciben el mismo tratamiento”. (Con información de El Financiero/AYV)

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