Martha Anaya / Crónica de Política
La noche del 10 de diciembre de 1997 –hace ya casi 13 años—comenzó a llegar a las redacciones de los periódicos un rumor: que Fernando Gutiérrez Barrios había sido secuestrado.
Asombro, fue la primera reacción de quienes recibimos los primeros avisos a través de llamadas telefónicas. ¿Sería posible –nos preguntábamos– que el ex titular de la otrora poderosísima Dirección Federal de Seguridad y el hombre al que se le consideraba con mayor poder sobre las policías y sobre muchísimos políticos (por el conocimiento de sus historias oscuras) hubiese sido secuestrado?
Unos y otros comenzamos a indagar. Algunas de nuestras “fuentes” negaban la versión, otros la confirmaban. Los más allegados al para entonces ex gobernador de Veracruz y ex secretario de Gobernación, ni negaban ni confirmaban la versión.
Eran las primeras horas del suceso y transcurrían tiempos (aún y cuando la alternancia estaba ya a un paso) en que ese tipo de información se guardaba en total secrecía, más aún tratándose de uno de los figurones –el emblemático, sin duda– de la policía política y de uno de los priistas clásicos.
Pasaron dos días. Gutiérrez Barrios no aparecía en su oficina, no se le veía a la salida de su casa, no había reporte alguno que indicase que alguien lo hubiera visto en tal o cual restorán. Su secretario particular –quien inicialmente ni confirmaba ni negaba el rumor del secuestro–, comenzó a rechazar la versión, declaró que Gutiérrez Barrios estaba de vacaciones con su familia y llegó incluso a mencionar que ofrecería una conferencia de prensa esa tarde.
Llegó la hora y el veracruzano no apareció.
Tomó entonces fuerza la versión que ya estaba en blanco y negro en las libretas de los periodistas vía fuentes extraoficiales: Gutiérrez Barrios había sido secuestrado el miércoles 10 de diciembre (1997), alrededor de las siete de la noche, por un comando de ocho personas que, a bordo de dos vehículos, interceptó el automóvil en que viajaba el ex secretario de Gobernación en las calles de Miguel Ángel de Quevedo y Fernández leal, y fue subido rápidamente a una de las unidades en que viajaban sus secuestradores.
El hecho –afirmaban– ocurrió luego de que don Fernando comiera en el restorán El Tajín, en el Centro Cultural Veracruzano, con el secretario de Marina, José Ramón Lorenzo Franco.
La información se publicó entonces en distintos diarios –no todos los medios la dieron a conocer– y se habló incluso de una demanda de rescate de diez millones de dólares y que Jorge Carrillo Olea, ex director del CISEN, habría sido el intermediario para el pago del rescate.
Nadie la desmintió oficialmente. Ni siquiera uno de sus más cercanos amigos y ex colaborador: Manlio Fabio Beltrones.
Semanas después apareció Gutiérrez Barrios. Él nunca quiso hablar públicamente de su secuestro, pero su caso quedó registrado en la historia no oficial como uno de los secuestros políticos más importantes de las últimas décadas.
De entonces a la fecha habían habido muchísimos secuestros, sí, pero pocos que impactasen a tal grado en las filas de la política nacional, hasta que ocurrió lo de Diego Fernández de Cevallos.
Y aunque no se sabe si fue secuestro o no el del panista –la procuraduría General de la República lo mantiene en calidad de “desaparecido”–, si está vivo o muerto; si se trata de un mensaje del narcotráfico, o de un asunto particular derivado de sus trabajos como litigante, o algunas otra razón, lo cierto es que el impacto de su desaparición en la sociedad ha sido enorme.
Mayor aún, diría, que el de Gutiérrez Barrios en su momento porque el caso del priista se trató con muchísima secrecía y los medios de comunicación entonces “cuidaron” la figura del ex secretario de Gobernación al grado de que ninguna televisora dio a conocer la noticia, ni tampoco se escuchó del suceso en las principales frecuencias de radio. Su caso quedó guardado prácticamente en el círculo de “los enterados”, equivalente al hoy llamado “círculo rojo”.
En cambio el caso del “Jefe” Diego –a 13 años de distancia, inmersos en una “guerra” contra el narcotráfico, matanzas a diestra y siniestra, inseguridad creciente y con una nueva cultura en el manejo informativo, medios de comunicación globalizados, redes sociales que desbordan cualquier prurito—la noticia de su desaparición, secuestro u lo que sea, ha merecido emisiones especiales en radio y televisión, primeras planas, oraciones desde la catedral, comunicados y declaraciones, abiertas y sin tapujos, de la clase política.
Los tiempos han cambiado. Pero en lo que sí se asemejan ambos casos es que tanto Gutiérrez Barrios como Fernández de Cevallos estaban distanciados de los mandatarios en turno –de Ernesto Zedillo, el primero; de Felipe Calderón, el segundo—y en que en ambos casos los “atacantes” tocaron a figuras insignes de sus partidos: del PRI en el primer caso, del PAN en el segundo.
La noche del 10 de diciembre de 1997 –hace ya casi 13 años—comenzó a llegar a las redacciones de los periódicos un rumor: que Fernando Gutiérrez Barrios había sido secuestrado.
Asombro, fue la primera reacción de quienes recibimos los primeros avisos a través de llamadas telefónicas. ¿Sería posible –nos preguntábamos– que el ex titular de la otrora poderosísima Dirección Federal de Seguridad y el hombre al que se le consideraba con mayor poder sobre las policías y sobre muchísimos políticos (por el conocimiento de sus historias oscuras) hubiese sido secuestrado?
Unos y otros comenzamos a indagar. Algunas de nuestras “fuentes” negaban la versión, otros la confirmaban. Los más allegados al para entonces ex gobernador de Veracruz y ex secretario de Gobernación, ni negaban ni confirmaban la versión.
Eran las primeras horas del suceso y transcurrían tiempos (aún y cuando la alternancia estaba ya a un paso) en que ese tipo de información se guardaba en total secrecía, más aún tratándose de uno de los figurones –el emblemático, sin duda– de la policía política y de uno de los priistas clásicos.
Pasaron dos días. Gutiérrez Barrios no aparecía en su oficina, no se le veía a la salida de su casa, no había reporte alguno que indicase que alguien lo hubiera visto en tal o cual restorán. Su secretario particular –quien inicialmente ni confirmaba ni negaba el rumor del secuestro–, comenzó a rechazar la versión, declaró que Gutiérrez Barrios estaba de vacaciones con su familia y llegó incluso a mencionar que ofrecería una conferencia de prensa esa tarde.
Llegó la hora y el veracruzano no apareció.
Tomó entonces fuerza la versión que ya estaba en blanco y negro en las libretas de los periodistas vía fuentes extraoficiales: Gutiérrez Barrios había sido secuestrado el miércoles 10 de diciembre (1997), alrededor de las siete de la noche, por un comando de ocho personas que, a bordo de dos vehículos, interceptó el automóvil en que viajaba el ex secretario de Gobernación en las calles de Miguel Ángel de Quevedo y Fernández leal, y fue subido rápidamente a una de las unidades en que viajaban sus secuestradores.
El hecho –afirmaban– ocurrió luego de que don Fernando comiera en el restorán El Tajín, en el Centro Cultural Veracruzano, con el secretario de Marina, José Ramón Lorenzo Franco.
La información se publicó entonces en distintos diarios –no todos los medios la dieron a conocer– y se habló incluso de una demanda de rescate de diez millones de dólares y que Jorge Carrillo Olea, ex director del CISEN, habría sido el intermediario para el pago del rescate.
Nadie la desmintió oficialmente. Ni siquiera uno de sus más cercanos amigos y ex colaborador: Manlio Fabio Beltrones.
Semanas después apareció Gutiérrez Barrios. Él nunca quiso hablar públicamente de su secuestro, pero su caso quedó registrado en la historia no oficial como uno de los secuestros políticos más importantes de las últimas décadas.
De entonces a la fecha habían habido muchísimos secuestros, sí, pero pocos que impactasen a tal grado en las filas de la política nacional, hasta que ocurrió lo de Diego Fernández de Cevallos.
Y aunque no se sabe si fue secuestro o no el del panista –la procuraduría General de la República lo mantiene en calidad de “desaparecido”–, si está vivo o muerto; si se trata de un mensaje del narcotráfico, o de un asunto particular derivado de sus trabajos como litigante, o algunas otra razón, lo cierto es que el impacto de su desaparición en la sociedad ha sido enorme.
Mayor aún, diría, que el de Gutiérrez Barrios en su momento porque el caso del priista se trató con muchísima secrecía y los medios de comunicación entonces “cuidaron” la figura del ex secretario de Gobernación al grado de que ninguna televisora dio a conocer la noticia, ni tampoco se escuchó del suceso en las principales frecuencias de radio. Su caso quedó guardado prácticamente en el círculo de “los enterados”, equivalente al hoy llamado “círculo rojo”.
En cambio el caso del “Jefe” Diego –a 13 años de distancia, inmersos en una “guerra” contra el narcotráfico, matanzas a diestra y siniestra, inseguridad creciente y con una nueva cultura en el manejo informativo, medios de comunicación globalizados, redes sociales que desbordan cualquier prurito—la noticia de su desaparición, secuestro u lo que sea, ha merecido emisiones especiales en radio y televisión, primeras planas, oraciones desde la catedral, comunicados y declaraciones, abiertas y sin tapujos, de la clase política.
Los tiempos han cambiado. Pero en lo que sí se asemejan ambos casos es que tanto Gutiérrez Barrios como Fernández de Cevallos estaban distanciados de los mandatarios en turno –de Ernesto Zedillo, el primero; de Felipe Calderón, el segundo—y en que en ambos casos los “atacantes” tocaron a figuras insignes de sus partidos: del PRI en el primer caso, del PAN en el segundo.
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