Raúl Rodríguez Cortés / Gran Angular (Cortesía El Universal)
Esta semana o la próxima habrá noticias sobre Diego Fernández de Cevallos. Aunque nada es oficial después de que la PGR asumió, primero, la exclusividad para informar sobre el secuestro del ex candidato presidencial y aceptó, después, la petición de su familia de no investigar ni entrometerse para facilitar su eventual liberación, se asegura entre la sociedad política queretana que los plagiarios ya demandaron un rescate que fluctúa entre los 20 y 30 millones de dólares. De acuerdo con esas versiones, los secuestradores de El Jefe Diego hicieron contacto con la familia hace dos fines de semana y empezaron a negociar desde el 22 o 23 de mayo pasados.
De ser cierto todo esto que se dice como rumor y asumiendo que con la fortuna de Fernández de Cevallos se podría pagar el rescate solicitado, resulta probable la versión de que esta semana, que es la tercera que transcurriría desde el plagio, sería liberado el influyente político blanquiazul.
Todo indica, por la manera en que ocurrió el secuestro, por la evidencia de que sus movimientos fueron minuciosamente estudiados por sus captores y por la extracción en el lugar del secuestro de un chip localizador que la víctima se había colocado bajo la piel, que está en manos de profesionales. De las motivaciones que éstos tuvieron para hacerlo, además del cobro de un rescate, todavía habrá mucho más qué investigar y decir.
Por lo pronto, el vacío informativo ha dado lugar a todo tipo de versiones, la más reciente de las cuales se refiere al general en retiro Arturo Acosta Chaparro, uno de los protagonistas de la llamada guerra sucia que emprendió el Estado contra los movimientos armados guerrilleros en las décadas de los 70 y 80, herido en calles de la ciudad de México cuatro días después del secuestro de Fernández de Cevallos. De acuerdo con esa versión, Acosta Chaparro había sido contratado para buscar y rescatar al ex candidato presidencial, por lo que los plagiarios operaron para inhabilitarlo e impedirlo.
El ataque al militar retirado sigue siendo considerado como un intento de asalto por las autoridades del Distrito Federal. El hecho es que Acosta Chaparro continúa hospitalizado en terapia intensiva y los médicos no le autorizan aún que rinda declaración.
Instantáneas
1. “LA MADREARON”. Hoy como nunca cobra relevancia el video difundido por la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) y que registró el momento en que, el 31 de marzo pasado, fue descubierto el cadáver de la pequeña Paulette Gebara Farah. Quizás usted recuerde y, si no, lo puede ver en You Tube: cuando el perito de la PGJEM Jorge Rojas González levantó el edredón de la cama de la niña y vio huellas de sangre dijo dos veces, entre sorprendido y enojado, “la madrearon”. Después terminó de levantar cobija y sábanas para mostrar al pie de la cama el cuerpo de la niña. La tos de alguien más, seguramente consecuencia del mal olor despedido por un cadáver de 10 días, precede al comentario “está bien putrefacta”. Ese día, la PGJEM informó que el cuerpo de la niña había sido encontrado envuelto en una bolsa negra, lo que las imágenes desmienten, como también desmiente cualquier posibilidad de que el cuerpo de Paulette hubiera estado siempre al pie de su cama sin que nadie se percatara.
2. GREG. Será hasta mañana cuando se defina la situación jurídica de Gregorio Sánchez, candidato del PRD-PT-Convergencia al gobierno de Quintana Roo, detenido el miércoles pasado por presuntos nexos con el narcotráfico. La defensa, encabezada por el despacho Aguilar Zinser, pidió la duplicidad del término constitucional para que el juez de la causa determine si le dicta formal prisión preventiva.
3. DESACUERDO. Según una encuesta realizada este mes de mayo en EU y México, una mayoría de estadounidenses (57%) y de mexicanos (64%) se opone a que soldados del vecino país vengan a México a colaborar con los nuestros en la guerra contra el narcotráfico. Esta es una medición más en la que EU sustenta su cambio de estrategia en este rubro al enfatizar en atención social y prevención. El gobierno de Calderón debería leer mejor las exigencias ciudadanas.
Esta semana o la próxima habrá noticias sobre Diego Fernández de Cevallos. Aunque nada es oficial después de que la PGR asumió, primero, la exclusividad para informar sobre el secuestro del ex candidato presidencial y aceptó, después, la petición de su familia de no investigar ni entrometerse para facilitar su eventual liberación, se asegura entre la sociedad política queretana que los plagiarios ya demandaron un rescate que fluctúa entre los 20 y 30 millones de dólares. De acuerdo con esas versiones, los secuestradores de El Jefe Diego hicieron contacto con la familia hace dos fines de semana y empezaron a negociar desde el 22 o 23 de mayo pasados.
De ser cierto todo esto que se dice como rumor y asumiendo que con la fortuna de Fernández de Cevallos se podría pagar el rescate solicitado, resulta probable la versión de que esta semana, que es la tercera que transcurriría desde el plagio, sería liberado el influyente político blanquiazul.
Todo indica, por la manera en que ocurrió el secuestro, por la evidencia de que sus movimientos fueron minuciosamente estudiados por sus captores y por la extracción en el lugar del secuestro de un chip localizador que la víctima se había colocado bajo la piel, que está en manos de profesionales. De las motivaciones que éstos tuvieron para hacerlo, además del cobro de un rescate, todavía habrá mucho más qué investigar y decir.
Por lo pronto, el vacío informativo ha dado lugar a todo tipo de versiones, la más reciente de las cuales se refiere al general en retiro Arturo Acosta Chaparro, uno de los protagonistas de la llamada guerra sucia que emprendió el Estado contra los movimientos armados guerrilleros en las décadas de los 70 y 80, herido en calles de la ciudad de México cuatro días después del secuestro de Fernández de Cevallos. De acuerdo con esa versión, Acosta Chaparro había sido contratado para buscar y rescatar al ex candidato presidencial, por lo que los plagiarios operaron para inhabilitarlo e impedirlo.
El ataque al militar retirado sigue siendo considerado como un intento de asalto por las autoridades del Distrito Federal. El hecho es que Acosta Chaparro continúa hospitalizado en terapia intensiva y los médicos no le autorizan aún que rinda declaración.
Instantáneas
1. “LA MADREARON”. Hoy como nunca cobra relevancia el video difundido por la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) y que registró el momento en que, el 31 de marzo pasado, fue descubierto el cadáver de la pequeña Paulette Gebara Farah. Quizás usted recuerde y, si no, lo puede ver en You Tube: cuando el perito de la PGJEM Jorge Rojas González levantó el edredón de la cama de la niña y vio huellas de sangre dijo dos veces, entre sorprendido y enojado, “la madrearon”. Después terminó de levantar cobija y sábanas para mostrar al pie de la cama el cuerpo de la niña. La tos de alguien más, seguramente consecuencia del mal olor despedido por un cadáver de 10 días, precede al comentario “está bien putrefacta”. Ese día, la PGJEM informó que el cuerpo de la niña había sido encontrado envuelto en una bolsa negra, lo que las imágenes desmienten, como también desmiente cualquier posibilidad de que el cuerpo de Paulette hubiera estado siempre al pie de su cama sin que nadie se percatara.
2. GREG. Será hasta mañana cuando se defina la situación jurídica de Gregorio Sánchez, candidato del PRD-PT-Convergencia al gobierno de Quintana Roo, detenido el miércoles pasado por presuntos nexos con el narcotráfico. La defensa, encabezada por el despacho Aguilar Zinser, pidió la duplicidad del término constitucional para que el juez de la causa determine si le dicta formal prisión preventiva.
3. DESACUERDO. Según una encuesta realizada este mes de mayo en EU y México, una mayoría de estadounidenses (57%) y de mexicanos (64%) se opone a que soldados del vecino país vengan a México a colaborar con los nuestros en la guerra contra el narcotráfico. Esta es una medición más en la que EU sustenta su cambio de estrategia en este rubro al enfatizar en atención social y prevención. El gobierno de Calderón debería leer mejor las exigencias ciudadanas.
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