Editorial El Imparcial
La desaparición del panista y ex candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos, conocido como el “Jefe Diego”, ha puesto de manifiesto la creciente violencia que se vive en México. Las investigaciones de las autoridades estatales y federales aún no tienen una respuesta sobre el paradero de Fernández de Cevallos. Una de las hipótesis es que el panista fue secuestrado al llegar a su casa de Querétaro el viernes 14 de mayo, pero se ignora quiénes puedan ser los responsables. El actual panorama de violencia mexicano ofrece demasiadas posibilidades, desde las organizaciones del narcotráfico, grupos guerrilleros, hasta grupos comunes de delincuentes.
Según un estudio de una empresa dedicada a la seguridad, tristemente México ocupa el primer lugar a nivel mundial en secuestros express, es decir secuestros en los cuales las víctimas no permanecen mucho tiempo en poder de sus captores. Según estos resultados, anualmente se reportan más de ocho mil secuestros, pero cabe señalar que muchos de estos sucesos no son denunciados en parte por el miedo a represalias en caso de un juicio, y también por la falta de confianza en la policía mexicana y en el sistema judicial. El secuestro se ha convertido en uno de los delitos más rentables y una forma de financiación para bandas criminales. El Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) ha reportado que, entre 2007 y 2009, los familiares de secuestrados han pagado más de 400.000 euros, y que alrededor del 9% de los secuestrados fueron asesinados y un porcentaje menor fueron mutilados.
El Código Penal mexicano contempla el delito de secuestro, pero quedan muchos temas que tratar al respecto. Por esto, y ante el aparente secuestro de Diego Fernández de Cevallos, el Congreso ha reactivado el debate sobre el asunto para incluir mayores y más estrictas sanciones a los que cometan este delito, que de cómo resultado una nueva Ley Antisecuestro. Es necesario que existan mejores leyes para combatir la delincuencia, pero es indispensable también una mayor capacitación para los miembros de los cuerpos de policía, mejor coordinación entre las instituciones y, por supuesto, erradicar la corrupción entre los agentes de seguridad publica y en el sistema judicial. No es poco pero es necesario.
La desaparición del panista y ex candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos, conocido como el “Jefe Diego”, ha puesto de manifiesto la creciente violencia que se vive en México. Las investigaciones de las autoridades estatales y federales aún no tienen una respuesta sobre el paradero de Fernández de Cevallos. Una de las hipótesis es que el panista fue secuestrado al llegar a su casa de Querétaro el viernes 14 de mayo, pero se ignora quiénes puedan ser los responsables. El actual panorama de violencia mexicano ofrece demasiadas posibilidades, desde las organizaciones del narcotráfico, grupos guerrilleros, hasta grupos comunes de delincuentes.
Según un estudio de una empresa dedicada a la seguridad, tristemente México ocupa el primer lugar a nivel mundial en secuestros express, es decir secuestros en los cuales las víctimas no permanecen mucho tiempo en poder de sus captores. Según estos resultados, anualmente se reportan más de ocho mil secuestros, pero cabe señalar que muchos de estos sucesos no son denunciados en parte por el miedo a represalias en caso de un juicio, y también por la falta de confianza en la policía mexicana y en el sistema judicial. El secuestro se ha convertido en uno de los delitos más rentables y una forma de financiación para bandas criminales. El Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) ha reportado que, entre 2007 y 2009, los familiares de secuestrados han pagado más de 400.000 euros, y que alrededor del 9% de los secuestrados fueron asesinados y un porcentaje menor fueron mutilados.
El Código Penal mexicano contempla el delito de secuestro, pero quedan muchos temas que tratar al respecto. Por esto, y ante el aparente secuestro de Diego Fernández de Cevallos, el Congreso ha reactivado el debate sobre el asunto para incluir mayores y más estrictas sanciones a los que cometan este delito, que de cómo resultado una nueva Ley Antisecuestro. Es necesario que existan mejores leyes para combatir la delincuencia, pero es indispensable también una mayor capacitación para los miembros de los cuerpos de policía, mejor coordinación entre las instituciones y, por supuesto, erradicar la corrupción entre los agentes de seguridad publica y en el sistema judicial. No es poco pero es necesario.
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