Álvaro Cepeda Neri
La tortura, considerada en el Artículo 22 constitucional, como una especie de tormento, si bien en términos penales, no está prohibida, sí severamente sancionada contra quienes la practiquen, máxime es ministerio público y/o policías, a quienes les fascina, por su sadismo en el abuso del poder, llevar a cabo esa clase de conductas contra presuntos delincuentes que llegan a caer en sus temibles manos. En todo el país impera esta conducta infame para, supuestamente, obligar a que los detenidos confiesen haber cometido un delito. Como ha sido entre cientos de miles que suceden diariamente en el periodo preventivo en las agencias del Ministerio Público, el de la ciudadana francesa Florence Cassez.
Su caso trascendió las fronteras jurisdiccionales mexicanas hasta la Presidencia de ese país, en virtud de que Florence es de nacionalidad francesa, y el señor Calderón, por una necedad, y contra lo dispuesto al respecto en la Constitución, decretó que la sentenciada a más de 50 años no fuera trasladada a Francia para que allá purgara la sentencia que apresuradamente y por consigna de Los Pinos, a través del consentido poder tras el trono, secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, que al parecer acató la autoridad judicial, para cerrar el círculo del poder presidencial que dispone a su antojo de otro poder federal constituido éste por los tribunales y la PGR.
Suponiendo, sin conceder y menos cuando conocemos los abusos de jueces, ministerios públicos y sus policías, que la francesa sea responsable de los delitos que le imputan. A pesar de eso no tenía que haber estado encerrada más de 20 horas, el día de su arresto, donde el segundo de a bordo de García Luna, el abusador Luis Cárdenas Palomino (al que vemos en televisión anunciando arrestos), estuvo durante ese lapso golpeando en la cara y cuerpo a Florence Cassez, para obligarla y doblegarla a declararse culpable. Ella, que debería estar en Francia, se ha defendido contra viento y marea del trío: Calderón, García Luna y Cárdenas Palomino. Insiste en no tener nada qué ver en el caso que la mantiene encarcelada.
El reportero Francisco Reséndiz (El Universal: 22/IV/10), publicó la más reciente entrevista a la francesa, donde ésta sostiene que el policía de marras le propinó bofetadas y otros golpes, que lo exhiben como un cobarde que ataca a una prisionera, que es mujer y a la que le viola todos sus derechos. Policía golpeador con toda la impunidad que le da su cargo, al grado que en otra de las ocasiones en que fue torturada estuvo presente García Luna,. Y... ¿saben qué? Este García Luna anda sonando para ser secretario de la Defensa Nacional, en lugar de un general, y Cárdenas Palomino elevado a titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Por lo pronto las autoridades de Francia van por una denuncia ante los tribunales internacionales donde si el fallo favorece a Florence Cassez, entonces García Luna y Cárdenas Palomino no podrán pisar Europa ni Estados Unidos, a riesgo de ser detenidos.
La tortura, considerada en el Artículo 22 constitucional, como una especie de tormento, si bien en términos penales, no está prohibida, sí severamente sancionada contra quienes la practiquen, máxime es ministerio público y/o policías, a quienes les fascina, por su sadismo en el abuso del poder, llevar a cabo esa clase de conductas contra presuntos delincuentes que llegan a caer en sus temibles manos. En todo el país impera esta conducta infame para, supuestamente, obligar a que los detenidos confiesen haber cometido un delito. Como ha sido entre cientos de miles que suceden diariamente en el periodo preventivo en las agencias del Ministerio Público, el de la ciudadana francesa Florence Cassez.
Su caso trascendió las fronteras jurisdiccionales mexicanas hasta la Presidencia de ese país, en virtud de que Florence es de nacionalidad francesa, y el señor Calderón, por una necedad, y contra lo dispuesto al respecto en la Constitución, decretó que la sentenciada a más de 50 años no fuera trasladada a Francia para que allá purgara la sentencia que apresuradamente y por consigna de Los Pinos, a través del consentido poder tras el trono, secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, que al parecer acató la autoridad judicial, para cerrar el círculo del poder presidencial que dispone a su antojo de otro poder federal constituido éste por los tribunales y la PGR.
Suponiendo, sin conceder y menos cuando conocemos los abusos de jueces, ministerios públicos y sus policías, que la francesa sea responsable de los delitos que le imputan. A pesar de eso no tenía que haber estado encerrada más de 20 horas, el día de su arresto, donde el segundo de a bordo de García Luna, el abusador Luis Cárdenas Palomino (al que vemos en televisión anunciando arrestos), estuvo durante ese lapso golpeando en la cara y cuerpo a Florence Cassez, para obligarla y doblegarla a declararse culpable. Ella, que debería estar en Francia, se ha defendido contra viento y marea del trío: Calderón, García Luna y Cárdenas Palomino. Insiste en no tener nada qué ver en el caso que la mantiene encarcelada.
El reportero Francisco Reséndiz (El Universal: 22/IV/10), publicó la más reciente entrevista a la francesa, donde ésta sostiene que el policía de marras le propinó bofetadas y otros golpes, que lo exhiben como un cobarde que ataca a una prisionera, que es mujer y a la que le viola todos sus derechos. Policía golpeador con toda la impunidad que le da su cargo, al grado que en otra de las ocasiones en que fue torturada estuvo presente García Luna,. Y... ¿saben qué? Este García Luna anda sonando para ser secretario de la Defensa Nacional, en lugar de un general, y Cárdenas Palomino elevado a titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Por lo pronto las autoridades de Francia van por una denuncia ante los tribunales internacionales donde si el fallo favorece a Florence Cassez, entonces García Luna y Cárdenas Palomino no podrán pisar Europa ni Estados Unidos, a riesgo de ser detenidos.
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