Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Con el tacto de un paquidermo asustado, el procurador de justicia militar anunció el viernes, el mismísimo Día del Niño, que los menores Martin y Bryan, que murieron durante un enfrentamiento entre soldados y narcotraficantes en Tamaulipas hace poco más de dos semanas, fueron asesinados por sicarios. Con esa sensibilidad, el procurador José Luis Chávez García ofreció una conferencia de prensa a la misma hora en que los padres de los niños de cinco y nueve años iban al panteón a depositarles flores. ¿Por qué escogió ese día y no otro? Si en el adverso contexto actual los vientos no soplaban hacia el flanco castrense, ¿quién colocó la pistola en la cabeza de los militares y le disparó?
Chávez García presentó un informe pericial elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional para demostrar que los niños fueron asesinados por las esquirlas de una granada que lazaron los sicarios contra su vehículo y dijo que esas granadas no son las que utiliza el Ejército. El procurador dio la conferencia de prensa a la hora de los noticiarios nacionales de radio, que tan pronto como terminó el anuncio militar, recibieron llamadas de la madre de los menores que con la sola fuerza de la palabra de una víctima de “daños colaterales” aplastó la versión castrense, minutos después de haber sido presentada.
La madre, Cynthia Salazar, polemizó en la radio con toda la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, representada por su procurador, y la derrotó. Su palabra, la de una ciudadana, tuvo mayor vigor en los medios electrónicos a lo largo del Día del Niño, que la de los militares, que después de la conferencia de prensa, se guardó en los cuarteles. La voz de la señora Salazar fue colocada por los medios electrónicos con el mismo peso político que el de una institución, y al día siguiente, en su formato impreso, la prensa siguió el ejemplo y, en algunos casos, se rieron de la versión de Chávez García. En las redes sociales, no hubo matices: el Ejercito mentía.
Lo que sucedió con la explicación de la muerte de Martin y Bryan no es un hecho aislado de lo que está sucediendo con la comunicación política de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es la ratificación de que en el campo de las ideas, la batalla está bastante perdida. Los voceros oficiosos del secretario, general Guillermo Galván, han ido perdiendo credibilidad e influencia en la opinión pública, y la propia capacidad y márgenes de maniobra que en el pasado tenían los jefes de las Fuerzas Armadas, se han venido desvaneciendo.
Un ejemplo de esta pérdida de poder político se dio hace no unas semanas cuando molestos porque su periódico traía una campaña directa contra la operación militar en Ciudad Juárez –por razones personales de los editores, algunos con viejos lazos familiares a la delincuencia organizada-, pidieron ver al dueño del medio. Como no tenía tiempo, envió a uno de los editores que, pese a su jerarquía, tiene poco peso en la confección diaria del periódico. De cualquier forma le mostraron un expediente que demostraba varias mentiras que habían publicado en contra del Ejército, y de manipulación y tergiversación en otras informaciones. No pasó nada.
El general Galván lleva algún tiempo pensando en el tema, y cuando lo comentó con quienes se encargan de estos dentro del gobierno, le dijeron que no debía preocuparse, pues con sólo cuidar la información de Joaquín López Dóriga en El Noticiero de Televisa, y de Javier Alatorre en Hechos de TV Azteca, era suficiente. “Ellos dos manejan a la opinión pública nacional”, lo convencieron. Poco a poco se dio cuenta el general que las cosas no eran tan simples como se lo habían presentado, y llegó a considerar la contratación de una agencia que le llevara la comunicación política. Desde Los Pinos le dijeron que no era necesario, que la propia Presidencia se encargaría de respaldarlo. Los resultados no pueden ser más desalentadores para el general. Tiene en contra la opinión pública y una mayoría de la opinión política, que se refleja a través de los medios de comunicación.
A su favor está que todavía en las encuestas, el Ejército permanece como la institución mejor calificada de todas, con rangos de aprobación superior de 70%, pero no será, si se mantiene la tendencia actual, por mucho tiempo. Aunque no hay datos públicos que permitan ver cuál es el nivel de aprobación por región, estado o municipio, se puede argumentar que en varias zonas del país, particularmente en el norte, los militares son repudiados. El Ejército enfrenta actualmente una doble batalla de opinión pública. Hay una crítica legítima que refleja la angustia, frustración y miedos de un segmento de la opinión pública en contra de los militares, que en ocasiones se mezcla con una crítica interesada, por razones políticas o por estar influenciada e inspirada por el narcotráfico, que no ha podido separar y diferenciar.
En las últimas semanas, la Secretaría de la Defensa ha estado abriéndose a los medios y a la opinión pública –lo que nunca sucedió antes-, tratando de entender mejor la dinámica de la información abierta que tanto desconocen. Su conocimiento aún es muy incipiente e irregular. Sus asesores, si son militares, están probando la falta de experiencia y oficio en este campo. Si son civiles, son francamente incompetentes. El desastre del Día del Niño lo probó. Lo que tendría que haber sido una estrategia de control de daños, de administración de crisis, se convirtió en un nuevo detonante de crisis.
Al día siguiente, el sábado, la PGR intentó sacar al Ejército del pozo, al revelar que uno de los estudiantes muertos durante una balacera en el Tecnológico de Monterrey, adjudicados a los militares, tenía en su cuerpo balas de armas de sicarios. No cumplió el objetivo y por lo apresurado de la reacción, el desastre se amplió a la PGR. El Día del Niño fue maldito para los militares. A su conferencia le falló el momento y el contexto. Cynthia Salazar, frágil tamaulipeca envalentonada por el dolor, los humilló
Con el tacto de un paquidermo asustado, el procurador de justicia militar anunció el viernes, el mismísimo Día del Niño, que los menores Martin y Bryan, que murieron durante un enfrentamiento entre soldados y narcotraficantes en Tamaulipas hace poco más de dos semanas, fueron asesinados por sicarios. Con esa sensibilidad, el procurador José Luis Chávez García ofreció una conferencia de prensa a la misma hora en que los padres de los niños de cinco y nueve años iban al panteón a depositarles flores. ¿Por qué escogió ese día y no otro? Si en el adverso contexto actual los vientos no soplaban hacia el flanco castrense, ¿quién colocó la pistola en la cabeza de los militares y le disparó?
Chávez García presentó un informe pericial elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional para demostrar que los niños fueron asesinados por las esquirlas de una granada que lazaron los sicarios contra su vehículo y dijo que esas granadas no son las que utiliza el Ejército. El procurador dio la conferencia de prensa a la hora de los noticiarios nacionales de radio, que tan pronto como terminó el anuncio militar, recibieron llamadas de la madre de los menores que con la sola fuerza de la palabra de una víctima de “daños colaterales” aplastó la versión castrense, minutos después de haber sido presentada.
La madre, Cynthia Salazar, polemizó en la radio con toda la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, representada por su procurador, y la derrotó. Su palabra, la de una ciudadana, tuvo mayor vigor en los medios electrónicos a lo largo del Día del Niño, que la de los militares, que después de la conferencia de prensa, se guardó en los cuarteles. La voz de la señora Salazar fue colocada por los medios electrónicos con el mismo peso político que el de una institución, y al día siguiente, en su formato impreso, la prensa siguió el ejemplo y, en algunos casos, se rieron de la versión de Chávez García. En las redes sociales, no hubo matices: el Ejercito mentía.
Lo que sucedió con la explicación de la muerte de Martin y Bryan no es un hecho aislado de lo que está sucediendo con la comunicación política de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es la ratificación de que en el campo de las ideas, la batalla está bastante perdida. Los voceros oficiosos del secretario, general Guillermo Galván, han ido perdiendo credibilidad e influencia en la opinión pública, y la propia capacidad y márgenes de maniobra que en el pasado tenían los jefes de las Fuerzas Armadas, se han venido desvaneciendo.
Un ejemplo de esta pérdida de poder político se dio hace no unas semanas cuando molestos porque su periódico traía una campaña directa contra la operación militar en Ciudad Juárez –por razones personales de los editores, algunos con viejos lazos familiares a la delincuencia organizada-, pidieron ver al dueño del medio. Como no tenía tiempo, envió a uno de los editores que, pese a su jerarquía, tiene poco peso en la confección diaria del periódico. De cualquier forma le mostraron un expediente que demostraba varias mentiras que habían publicado en contra del Ejército, y de manipulación y tergiversación en otras informaciones. No pasó nada.
El general Galván lleva algún tiempo pensando en el tema, y cuando lo comentó con quienes se encargan de estos dentro del gobierno, le dijeron que no debía preocuparse, pues con sólo cuidar la información de Joaquín López Dóriga en El Noticiero de Televisa, y de Javier Alatorre en Hechos de TV Azteca, era suficiente. “Ellos dos manejan a la opinión pública nacional”, lo convencieron. Poco a poco se dio cuenta el general que las cosas no eran tan simples como se lo habían presentado, y llegó a considerar la contratación de una agencia que le llevara la comunicación política. Desde Los Pinos le dijeron que no era necesario, que la propia Presidencia se encargaría de respaldarlo. Los resultados no pueden ser más desalentadores para el general. Tiene en contra la opinión pública y una mayoría de la opinión política, que se refleja a través de los medios de comunicación.
A su favor está que todavía en las encuestas, el Ejército permanece como la institución mejor calificada de todas, con rangos de aprobación superior de 70%, pero no será, si se mantiene la tendencia actual, por mucho tiempo. Aunque no hay datos públicos que permitan ver cuál es el nivel de aprobación por región, estado o municipio, se puede argumentar que en varias zonas del país, particularmente en el norte, los militares son repudiados. El Ejército enfrenta actualmente una doble batalla de opinión pública. Hay una crítica legítima que refleja la angustia, frustración y miedos de un segmento de la opinión pública en contra de los militares, que en ocasiones se mezcla con una crítica interesada, por razones políticas o por estar influenciada e inspirada por el narcotráfico, que no ha podido separar y diferenciar.
En las últimas semanas, la Secretaría de la Defensa ha estado abriéndose a los medios y a la opinión pública –lo que nunca sucedió antes-, tratando de entender mejor la dinámica de la información abierta que tanto desconocen. Su conocimiento aún es muy incipiente e irregular. Sus asesores, si son militares, están probando la falta de experiencia y oficio en este campo. Si son civiles, son francamente incompetentes. El desastre del Día del Niño lo probó. Lo que tendría que haber sido una estrategia de control de daños, de administración de crisis, se convirtió en un nuevo detonante de crisis.
Al día siguiente, el sábado, la PGR intentó sacar al Ejército del pozo, al revelar que uno de los estudiantes muertos durante una balacera en el Tecnológico de Monterrey, adjudicados a los militares, tenía en su cuerpo balas de armas de sicarios. No cumplió el objetivo y por lo apresurado de la reacción, el desastre se amplió a la PGR. El Día del Niño fue maldito para los militares. A su conferencia le falló el momento y el contexto. Cynthia Salazar, frágil tamaulipeca envalentonada por el dolor, los humilló
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