Diego Fernández de Cevallos agradeció siempre a Luis H. Álvarez haberlo rehabilitado como miembro del Partido Acción Nacional (PAN), al cabo de una década de alejamiento, para hacer mancuerna con él en la legitimación de Carlos Salinas y ascender a la cumbre de la política y los negocios.
Presidente del PAN durante el salinato, Álvarez deja ver su culpa al respecto en su libro de memorias Medio siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia y pone bajo sospecha a Fernández de Cevallos, en un pasaje que sigue a la revelación de que Salinas lo quiso cooptar con dinero.
“Oiga, don Luis, usted me reinventó. Si no es por usted, yo no hubiera regresado al PAN”. Y entonces le dije: “Pues no sé si la patria algún día me lo vaya a reclamar”. Se me quedó viendo y luego se rió.
Álvarez, miembro de la alta burocracia desde el 2000, no explica por qué muestra ese arrepentimiento sobre Fernández de Cevallos, pero lo responsabiliza de ser el promotor principal de la quema de las boletas de la elección de 1988, que denomina “un detalle menor pero simbólico”.
Cuenta: Diego fue quien me planteó la iniciativa bajo el argumento de que ya de nada servían, dado que habían estado a disposición de cuanta persona las quiso consultar. Accedí a su solicitud; sin embargo, hoy me arrepiento de ello porque esas boletas merecieron nuestra gran crítica tres años antes.
En realidad ese “detalle menor pero simbólico”, como denomina Álvarez a la quema de los documentos de la elección de 1988, significó no sólo la convalidación del fraude y la legitimación de Salinas, sino la instauración del cogobierno PRI-PAN que con Felipe Calderón cumple casi un cuarto de siglo.
En ese sentido, Fernández de Cevallos, alias El Jefe, no es sólo clave en el proceso de transición política de México, sino que encarna él mismo las características del sistema político en que ha degenerado esa transición: Corrupción, ilegalidad, influyentismo, impunidad…
La biografía de Fernández de Cevallos, que embelesa a un sector de la derecha y a quienes se benefician del modelo que personifica, está colmada de truculencias, ilegalidades, abusos, mentiras, todo sin castigo, que lo han hecho dueño de una inmensa fortuna.
El vasto operativo multigubernamental que se activó para su búsqueda representa el tamaño de su poder, pero también su vulnerabilidad, particularmente cuando tres de sus personeros están a cargo de instituciones anticrimen: Fernando Gómez Mont, en la secretaría de Gobernación; Arturo Chávez, en la Procuraduría General de la República, y Juan Miguel Alcántara Soria, en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y es que el sistema vigente opera casi bajo la lógica de la mafia, integrado por una gruesa nata de políticos coludidos con intereses económicos y criminales que se han colocado por encima de la sociedad.
Las pruebas más recientes de esta degeneración política las ofrece el propio partido en que milita Fernández de Cevallos, el PAN, con motivo de las elecciones en Yucatán, donde el gobierno estatal priista “operó una sofisticada elección de Estado”, particularmente en Mérida.
El PAN acusa “derroche del PRI en sus campañas”; “hostigamiento y seguimiento” de su candidata, Beatriz Zavala, y su equipo de campaña”; “uso ilegal de las instituciones y la fuerza pública por parte de la gobernadora para proteger sistemáticamente a quienes destruían nuestra propaganda electoral, agrediendo incluso a legisladores, fabricando expedientes falsos y ejerciendo la tortura de gente inocente para involucrar a panistas”.
Más aún, el PAN condena la parcialidad del órgano electoral “y, en particular, la pública complicidad de su presidente, Fernando Bolio Vales, con la estrategia mediática y operativa del PRI”, entre otras acciones para adulterar la voluntad popular.
Pero esto se replica, con diferentes intensidades, en los otros 14 estados donde están en curso procesos electorales. Hay entidades donde la contienda es entre “mapaches” y “tejones”, cuyos ganadores serán los que neutralicen las ilegalidades de sus contrapartes.
¿Quién puede frenar las acciones ilegales de los gobernadores y, en general, de cualquier autoridad a favor de un partido político? Más aún, ¿qué autoridades podrán inhibir las conductas de los criminales en las elecciones?
El asesinato del candidato del PAN en Valle Hermoso, Tamaulipas, Mario Guajardo, las amenazas a otros contendientes en ese y otros estados, pero sobre todo la postulación de criminales a cargos de elección y la violencia que no cesa, pese a las proclamas gubernamentales, demuestran que el Estado ya no es funcional para neutralizar estas conductas auspiciadas por la impunidad.
Por eso, justamente, Fernández de Cevallos está desaparecido desde la noche del viernes 14 y por eso este acontecimiento da en la línea de flotación del gobierno de Calderón, con independencia de quienes sean los autores del crimen.
Las propias líneas de investigación de las autoridades demuestran que el móvil puede ser político, pasional, de dinero y de narcotráfico, con el que también hizo negocios. En todos esos ámbitos, a los largo de un cuarto de siglo, Fernández de Cevallos sembró muchos odios.
Llama la atención que Calderón, que ha mostrado un semblante desencajado desde que supo de la desaparición, y le envíe a Fernández de Cevallos un mensaje para decirle que sus hijos muestran “una enorme entereza y una gran valentía”.
Es un lenguaje funerario...
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