Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Pasmada debieron dejar a la sociedad las declaraciones del presidente constitucional, Felipe Calderón, quien en el Segundo Foro Político “Seguridad y Justicia, reforma penal… ¿El rumbo que necesitamos?”, organizado por el empresario Fernando Martí, admitió que hay corrupción en las policías, los MP’s y los cuerpos judiciales.
De haberlas hecho un funcionario del Poder Ejecutivo de inferior jerarquía, un integrante del Legislativo, un destacado empresario o analista político, un simple columnista o las redes sociales, los señalados ya les estuvieran mordiendo la yugular y exigiéndoles que se retractaran o presentaran pruebas y dieran nombres, pero ¿quién se atreve a pedir una explicación o confirmar la información al presidente de la República?
Abundó Felipe Calderón: “Cualquiera que sea un sistema de justicia penal determinado, si sigue habiendo corrupción en los cuerpos ministeriales, policíacos o judiciales, de nada servirá que se cambie ese sistema de justicia, seguirá ocurriendo como en muchos casos ocurre, que la justicia queda al mejor postor”. ¿Es cierto?
No apresuremos conclusiones. ¿Se atrevería cualquier ciudadano de a pie, juzgador del fuero común o del federal, integrante de los cuerpos ministeriales, policía con galones o sin ellos, a decir que el presidente de México, su presidente, voló la nota? No lo creo. Pero el dilema y el pasmo van más allá de la duda o la confrontación, pues se supone que quien preside el Poder Ejecutivo en este país, es un hombre ampliamente informado, lo que se traduce en que sabe lo que dice y no habla sólo por hablar; es decir, debe saber, al menos, de uno que otro corrupto, pero carece de pruebas para ponerlo a disposición de las autoridades, porque con toda seguridad le sucede lo que le ocurrió a José López Portillo, cuando dejó para la historia una de sus más aplaudidas frases: los acusamos de corruptos, no de pendejos.
El problema se complica, porque la corrupción sin castigo significa impunidad y ésta, al decir de Miguel de la Madrid a Carmen Aristegui, es necesaria para que el sistema funcione, lo que debe obligarnos a reflexionar sobre la urgente necesidad de trascender la alternancia para convertirla en transición, pues de lo contrario México dejará de significar una promesa de futuro.
Pero además de complicada se convierte en incómoda, ya que si se asume que el presidente Calderón no vuela su información, de alguna manera la relación que mantiene con sus subordinados responsables de las policías y del Ministerio Público Federal, lo mismo que la que mantiene con el titular del Poder Judicial, debe ser tensa, por decir lo menos, porque sabe que hay manzanas podridas entre los integrantes de las áreas de responsabilidad de sus interlocutores, pero no tiene manera de comprobarlo, y ellos pues se hacen de la vista gorda.
Francis Bacon, quien no es ningún lerdo en asuntos de reflexión, apunta: “Quien es el más capaz de conservar el orden y la forma de las cosas es quien tiene más poder”; México está sumido en el desorden desde el inicio de las reiteradas y perniciosas crisis económicas iniciadas con el anuncio de la devaluación del peso por el secretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta, el 31 de agosto de 1976, lo que significa que para acabar con la corrupción y la impunidad es necesario, primero y antes que nada, poner orden, y éste sólo se logrará con la transición, pues el sistema político que hoy permite gobernar y garantiza la sobrevivencia del Estado, ha sufrido un grave deterioro, precisamente por la corrupción y la impunidad.
Es tal el desorden que nadie lleva la cuenta de los desaparecidos -nada que ver con los secuestrados, pues éstos tuvieron o tienen un contrato de esperanza con los secuestradores- de Cadereyta a Cuencamé, los que se pierden hasta morir en el intento por cruzar la frontera, o los que dejaron de existir sin dejar rastro ni memoria, pero que pagaron con la vida sus errores.
Tiene razón el presidente constitucional, Felipe Calderón, todavía se dan casos en que la procuración y la administración de justicia están a las órdenes del mejor postor, pero olvidó señalar, como se advirtió en este espacio virtual el lunes último, que también hay casos en que dichos servicios públicos atienden los intereses del Estado, como sucede en todo el mundo.
Pasmada debieron dejar a la sociedad las declaraciones del presidente constitucional, Felipe Calderón, quien en el Segundo Foro Político “Seguridad y Justicia, reforma penal… ¿El rumbo que necesitamos?”, organizado por el empresario Fernando Martí, admitió que hay corrupción en las policías, los MP’s y los cuerpos judiciales.
De haberlas hecho un funcionario del Poder Ejecutivo de inferior jerarquía, un integrante del Legislativo, un destacado empresario o analista político, un simple columnista o las redes sociales, los señalados ya les estuvieran mordiendo la yugular y exigiéndoles que se retractaran o presentaran pruebas y dieran nombres, pero ¿quién se atreve a pedir una explicación o confirmar la información al presidente de la República?
Abundó Felipe Calderón: “Cualquiera que sea un sistema de justicia penal determinado, si sigue habiendo corrupción en los cuerpos ministeriales, policíacos o judiciales, de nada servirá que se cambie ese sistema de justicia, seguirá ocurriendo como en muchos casos ocurre, que la justicia queda al mejor postor”. ¿Es cierto?
No apresuremos conclusiones. ¿Se atrevería cualquier ciudadano de a pie, juzgador del fuero común o del federal, integrante de los cuerpos ministeriales, policía con galones o sin ellos, a decir que el presidente de México, su presidente, voló la nota? No lo creo. Pero el dilema y el pasmo van más allá de la duda o la confrontación, pues se supone que quien preside el Poder Ejecutivo en este país, es un hombre ampliamente informado, lo que se traduce en que sabe lo que dice y no habla sólo por hablar; es decir, debe saber, al menos, de uno que otro corrupto, pero carece de pruebas para ponerlo a disposición de las autoridades, porque con toda seguridad le sucede lo que le ocurrió a José López Portillo, cuando dejó para la historia una de sus más aplaudidas frases: los acusamos de corruptos, no de pendejos.
El problema se complica, porque la corrupción sin castigo significa impunidad y ésta, al decir de Miguel de la Madrid a Carmen Aristegui, es necesaria para que el sistema funcione, lo que debe obligarnos a reflexionar sobre la urgente necesidad de trascender la alternancia para convertirla en transición, pues de lo contrario México dejará de significar una promesa de futuro.
Pero además de complicada se convierte en incómoda, ya que si se asume que el presidente Calderón no vuela su información, de alguna manera la relación que mantiene con sus subordinados responsables de las policías y del Ministerio Público Federal, lo mismo que la que mantiene con el titular del Poder Judicial, debe ser tensa, por decir lo menos, porque sabe que hay manzanas podridas entre los integrantes de las áreas de responsabilidad de sus interlocutores, pero no tiene manera de comprobarlo, y ellos pues se hacen de la vista gorda.
Francis Bacon, quien no es ningún lerdo en asuntos de reflexión, apunta: “Quien es el más capaz de conservar el orden y la forma de las cosas es quien tiene más poder”; México está sumido en el desorden desde el inicio de las reiteradas y perniciosas crisis económicas iniciadas con el anuncio de la devaluación del peso por el secretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta, el 31 de agosto de 1976, lo que significa que para acabar con la corrupción y la impunidad es necesario, primero y antes que nada, poner orden, y éste sólo se logrará con la transición, pues el sistema político que hoy permite gobernar y garantiza la sobrevivencia del Estado, ha sufrido un grave deterioro, precisamente por la corrupción y la impunidad.
Es tal el desorden que nadie lleva la cuenta de los desaparecidos -nada que ver con los secuestrados, pues éstos tuvieron o tienen un contrato de esperanza con los secuestradores- de Cadereyta a Cuencamé, los que se pierden hasta morir en el intento por cruzar la frontera, o los que dejaron de existir sin dejar rastro ni memoria, pero que pagaron con la vida sus errores.
Tiene razón el presidente constitucional, Felipe Calderón, todavía se dan casos en que la procuración y la administración de justicia están a las órdenes del mejor postor, pero olvidó señalar, como se advirtió en este espacio virtual el lunes último, que también hay casos en que dichos servicios públicos atienden los intereses del Estado, como sucede en todo el mundo.
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