Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
El concepto de seguridad nacional que se modifica y desarrolla a partir de la alternancia y desde el momento en que se decidió enmudecer a la delincuencia organizada, es parte de la reforma del Estado; es decir, las funciones que el gobierno ha de desempeñar para preservar al Estado a partir de esos dos hechos políticos, son totalmente diferentes a las realizadas durante los setenta años de hegemonía priista.
Si los analistas y quienes desde los tres Poderes no lo perciben así, nada se avanzará en la atorada reforma completa, totalizadora, integral que requiere la nación mexicana para que el Estado y su gobierno recuperen su funcionalidad económica, social y política. Debido a este impasse en los acuerdos entre los partidos, México está convertido en un exportador de riqueza: sólo hay que repasar las cifras de las ganancias obtenidas en nuestra patria por los grupos financieros, bancarios y bursátiles.
El lugar donde mejores dividendos obtiene el Citigroup a través de Banamex, es aquí, de la misma manera que lo hacen los consorcios españoles BBVA y Santander o el británico HSBC. ¿Cómo lograr que esas ganancias se queden en México para crear los empleos que se requieren, para cumplir con el mandato constitucional de la educación gratuita, de los servicios de salud y de seguridad pública?, por mencionar algunos.
Sacar adelante las reformas a la Ley de Seguridad Nacional no dará los resultados esperados, ya que para obtenerlos se requiere que dicha Ley sea parte integrante de la reforma del Estado, porque como me cuentan los especialistas y los políticos profesionales atentos al futuro de México: el nivel de prosperidad de la nación es bajo y su tendencia es que disminuya más.
La evaluación es simple. Los gobiernos, incluidos los del milagro mexicano y el desarrollo estabilizador, asignaron y dilapidaron enormes recursos humanos, económicos y sociales en pos de un desarrollo social truncado, sin obtener la prosperidad que permitiera ver a los jefes de familia a los ojos de sus mujeres y de sus hijos por proveer a su entera satisfacción las necesidades básicas y hoy asentadas como garantías constitucionales. Los proyectos de desarrollo siempre están un paso atrás de las necesidades de la sociedad.
Petrolizaron la economía, después también la hicieron dependiente de las remesas, y hoy en estas variables incide el lavado de dinero, aunque avergüence a quienes no quieren considerarlo como parte del contrapeso a la crisis que hoy incrementa el número de mexicanos en situación de pobreza alimentaria, por no decir que están muertos de hambre, en idéntica metáfora referida a los pelados de los años treinta y cuarenta.
Para completar el diagnóstico, escribe mi sensei político: “La sociedad mexicana está harta, empieza a manifestar rasgos de frustración, alarmante insatisfacción y crispación social, pues de otra manera no se comprende el que Ismael “El Mayo” Zambada haya elegido quién, cómo y cuándo debería de entrevistarlo, ni que se haya referido como lo hizo, al arraigo que la narcoeconomía tiene en la sociedad.
“La cúpula económica, social y política, representante de un amplio espectro ideológico, se ha organizado informal y formalmente en grupos de poder fáctico, interdependientes, que se auto alimentan, limitan, y equilibran; protegen entre si los intereses de cada uno de ellos. Sus intereses se contraponen a los intereses de la patria, impidiéndoles guiar a ésta hacia una necesaria y posible prosperidad equitativa, incluyente, justa y participativa. Las principales herramientas de operación de los grupos fácticos de poder son la corrupción, la impunidad, la demagogia, la desinformación, la opacidad, el populismo, el secretismo, la coerción física y moral, y la mentira.”
La única manera de evitar que esta percepción de lo que ocurre en México sea permanente, es destrabar la reforma del Estado relegada por el caso Paulette, por los nuevos giros político-policíacos en el asunto del secuestro y posterior asesinato de Fernando Martí, por las reformas parciales como las que se discuten a la Ley de Seguridad Nacional, por los reclamos legítimos del General secretario Guillermo Galván Galván, y por los desacuerdos absurdos entre las cúpulas partidistas. Nadie quiere asumir el papel de Adolfo Suárez, quizá porque los actores políticos viven aterrados por Alzheimer.
El concepto de seguridad nacional que se modifica y desarrolla a partir de la alternancia y desde el momento en que se decidió enmudecer a la delincuencia organizada, es parte de la reforma del Estado; es decir, las funciones que el gobierno ha de desempeñar para preservar al Estado a partir de esos dos hechos políticos, son totalmente diferentes a las realizadas durante los setenta años de hegemonía priista.
Si los analistas y quienes desde los tres Poderes no lo perciben así, nada se avanzará en la atorada reforma completa, totalizadora, integral que requiere la nación mexicana para que el Estado y su gobierno recuperen su funcionalidad económica, social y política. Debido a este impasse en los acuerdos entre los partidos, México está convertido en un exportador de riqueza: sólo hay que repasar las cifras de las ganancias obtenidas en nuestra patria por los grupos financieros, bancarios y bursátiles.
El lugar donde mejores dividendos obtiene el Citigroup a través de Banamex, es aquí, de la misma manera que lo hacen los consorcios españoles BBVA y Santander o el británico HSBC. ¿Cómo lograr que esas ganancias se queden en México para crear los empleos que se requieren, para cumplir con el mandato constitucional de la educación gratuita, de los servicios de salud y de seguridad pública?, por mencionar algunos.
Sacar adelante las reformas a la Ley de Seguridad Nacional no dará los resultados esperados, ya que para obtenerlos se requiere que dicha Ley sea parte integrante de la reforma del Estado, porque como me cuentan los especialistas y los políticos profesionales atentos al futuro de México: el nivel de prosperidad de la nación es bajo y su tendencia es que disminuya más.
La evaluación es simple. Los gobiernos, incluidos los del milagro mexicano y el desarrollo estabilizador, asignaron y dilapidaron enormes recursos humanos, económicos y sociales en pos de un desarrollo social truncado, sin obtener la prosperidad que permitiera ver a los jefes de familia a los ojos de sus mujeres y de sus hijos por proveer a su entera satisfacción las necesidades básicas y hoy asentadas como garantías constitucionales. Los proyectos de desarrollo siempre están un paso atrás de las necesidades de la sociedad.
Petrolizaron la economía, después también la hicieron dependiente de las remesas, y hoy en estas variables incide el lavado de dinero, aunque avergüence a quienes no quieren considerarlo como parte del contrapeso a la crisis que hoy incrementa el número de mexicanos en situación de pobreza alimentaria, por no decir que están muertos de hambre, en idéntica metáfora referida a los pelados de los años treinta y cuarenta.
Para completar el diagnóstico, escribe mi sensei político: “La sociedad mexicana está harta, empieza a manifestar rasgos de frustración, alarmante insatisfacción y crispación social, pues de otra manera no se comprende el que Ismael “El Mayo” Zambada haya elegido quién, cómo y cuándo debería de entrevistarlo, ni que se haya referido como lo hizo, al arraigo que la narcoeconomía tiene en la sociedad.
“La cúpula económica, social y política, representante de un amplio espectro ideológico, se ha organizado informal y formalmente en grupos de poder fáctico, interdependientes, que se auto alimentan, limitan, y equilibran; protegen entre si los intereses de cada uno de ellos. Sus intereses se contraponen a los intereses de la patria, impidiéndoles guiar a ésta hacia una necesaria y posible prosperidad equitativa, incluyente, justa y participativa. Las principales herramientas de operación de los grupos fácticos de poder son la corrupción, la impunidad, la demagogia, la desinformación, la opacidad, el populismo, el secretismo, la coerción física y moral, y la mentira.”
La única manera de evitar que esta percepción de lo que ocurre en México sea permanente, es destrabar la reforma del Estado relegada por el caso Paulette, por los nuevos giros político-policíacos en el asunto del secuestro y posterior asesinato de Fernando Martí, por las reformas parciales como las que se discuten a la Ley de Seguridad Nacional, por los reclamos legítimos del General secretario Guillermo Galván Galván, y por los desacuerdos absurdos entre las cúpulas partidistas. Nadie quiere asumir el papel de Adolfo Suárez, quizá porque los actores políticos viven aterrados por Alzheimer.
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