Visión de Estado desde Toluca

Miguel Ángel Granados Chapa

Buena cosa que el presidente Calderón haya convidado a comer a uno de sus artistas preferidos, el cantautor español Joaquín Sabina. En vez de proceder como antaño se hacía, demonizando a los extranjeros que osaban emitir un juicio sobre el régimen político mexicano -verbigracia la dictadura perfecta, por definir la cual Mario Vargas Llosa eligió salir apresuradamente de nuestro país, al que ha vuelto para ser homenajeado-, el gobierno de Calderón dio un trato elegante al autor de ¿Quién me ha robado el mes de abril? Sabina dijo que el Presidente había sido ingenuo "por no llamarlo de otra manera" al lanzar la guerra contra el narcotráfico sin comprobar previamente el estado de las fuerzas de que disponía; por ello le pareció natural que dicha guerra estuviera resultando en la derrota del gobierno.

Calderón hizo que su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, escribiera una amable explicación al cantautor que goza de gran predilección en México y finalmente decidió invitarlo a Los Pinos, aunque es conocida la renuencia de Sabina para encontrarse con políticos, en el poder o fuera de él. No durante largo tiempo, Calderón y su artista admirado intercambiaron puntos de vista sobre la cuestión que produjo el diferendo, y al final, según dijo el creador de Y nos dieron las diez, cada uno siguió pensando como antes de la comida.

Se puede cuestionar el uso del tiempo presidencial, pues recibe a un crítico casual de sus actos, que si bien es un hombre con experiencia de vida, dista de ser un experto en materia de drogas, su abuso y su combate; y en cambio no lo hace con mexicanos que han padecido terribles tragedias existenciales, como los padres y madres de familia de la guardería ABC, a los que se negó a recibir. Se comprende que tampoco haya tenido interés en recibir en Los Pinos a deudos de las personas, niños y adultos, muertos a mansalva por el Ejército, tras de lo cual se intenta montar un teatro que exculpe a las Fuerzas Armadas. Allá se lo haya el Presidente, y sus decisiones sobre con quién se reúne y con quién no. Pero tras la invitación a Sabina, no sería sorpresivo que Calderón recibiera a César Gaviria, ex presidente de Colombia, miembro con Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso de una comisión que plantea la legalización de algunas drogas como único medio de frenar al narcotráfico. Sabina comparte el juicio de esos ex mandatarios: con la legalización no se acabarán las adicciones, pero sí la violencia adosada a su comercio clandestino.

Gaviria enjuició anteayer la política mexicana contra el narcotráfico: "Este país tiene que aprender, tiene que aprender mucho más de narcotráfico, (del) que sabe muy poquito... Este país tiene en el narcotráfico un problema muy grande, tal vez el principal desafío que tiene en este momento el país, y tiene que incorporar eso a su política exterior, y tiene que ser capaz de hablarle duro a los europeos, a los gringos".

El ex presidente colombiano que fue después de ese cargo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) pretendió ser cuidadoso ("no estoy tratando de ser crítico", aclaró inútilmente) y se abstuvo de hablar del gobierno y más directamente de Calderón. Pero es obvio que sus alusiones a "este país" implicaban un juicio contra el poder político, principal o únicamente. Dada la estrecha relación del presidente mexicano con Álvaro Uribe, con quien Gaviria comparte el credo liberal, pero del que se encuentra muy distante en la actual coyuntura colombiana, quizá su visita pase inadvertida para Los Pinos como ocurrió con una anterior también con propósitos particulares, relacionada también con su iniciativa por la legalización de las drogas.

Esta vez, Gaviria vino a participar en un clamoroso conjunto de conferencias y mesas redondas organizadas por el gobierno mexiquense. Con el título de Foros de reflexión. Compromisos por México, el gobernador Enrique Peña Nieto congrega alrededor suyo, anteayer, ayer y hoy, a un muy variado pero muy vistoso (mejor dicho muy audible) conjunto de intelectuales, académicos y políticos. El propio Peña Nieto abrió el lunes el encuentro, con un discurso que, como el tema mismo del foro se propone lanzarlo como poseedor de una visión de Estado y de largo alcance.

Peña Nieto repite la experiencia de su tío Alfredo del Mazo González, que cuando era secretario de Minas e Industria Paraestatal organizó hace 25 años un foro sobre reconversión industrial, que lo ubicara como el aspirante presidencial más moderno, el de mirada más aguda hacia el futuro. Del Mazo no tuvo fortuna con ese emprendimiento, pero Peña Nieto parece ir tras la revancha, si se considera como una derrota familiar la frustración de la candidatura presidencial de Del Mazo González (cuyo nombre hay que citar completo para diferenciarlo del de su hijo Alfredo del Mazo Maza, alcalde de Huixquilucan y aspirante a suceder a Peña Nieto el año próximo).

Flanqueado por el líder de la legislatura local y el presidente del Tribunal superior (para que se sepa que la modernidad no está reñida con las prácticas caciquiles que ponen el Ejecutivo por encima de los otros poderes), Peña Nieto habló de los grandes temas nacionales, como ya había comenzado a hacerlo hace tres semanas cuando publicó bajo su firma un artículo sobre los proyectos de reforma política en curso y para defender la conveniencia de dotar al Presidente de una mayoría legislativa, así sea artificiosa, que le permita gobernar.

Cajón de Sastre

A poco de que esa facultad desaparezca del artículo 97 constitucional, por una reforma en curso, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron por unanimidad el pedido que les hiciera el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, para investigar las probables violaciones graves a las garantías individuales cometidas al ser privado de la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Los ministros rechazaron volverse parte de un litigio entre jurídico, político y religioso con implicaciones obscuras, y al hacerlo validaron las actuaciones del Ministerio Público y los jueces y magistrados que aceptaron la versión inicial de la muerte accidental, por confusión, en un tiroteo entre bandas del narcotráfico, versión pionera de las que ahora pone en boga el gobierno federal.

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