Agentes federales se transformaran en topos para combatir a las bandas de secuestradores y los encargados de las procuradurías de todo el país dispondrán de la intervención de comunicaciones privadas, previa autorización de los jueces, como herramientas para la investigación y la persecución de las mafias que azotan al país. Los infiltrados serán una de las armas del gobierno de Felipe Calderón para desarticular un delito que tiene contra la pared a distintos sectores de la sociedad mexicana.
En paralelo, las empresas que tienen la concesión del servicio telefónico y de telecomunicaciones estarán obligadas a proporcionar en “forma inmediata y sin demora” los números telefónicos que soliciten los agentes del Ministerio Público federal y encargados de las pesquisas en las entidades, y los datos de las líneas sospechosas que pudieran estar siendo utilizadas por los delincuentes para exigir el pago del rescate, de acuerdo con el proyecto para una nueva ley general antisecuestros, que actualmente debaten senadores y diputados.
Al margen de las penas escalonadas para los secuestradores y castigos para los mediadores que lucran con las familias víctimas del delito, los legisladores incluyeron en el documento la figura del policía infiltrado y la posibilidad de intervenir las líneas telefónicas utilizadas por las bandas criminales. ¿Cómo operarían estos topos, las escuchas de las conversaciones privadas y la colaboración de las compañías de telefonía?
El proyecto explica que las operaciones encubiertas contra los grupos criminales dedicados al secuestro deberán ser autorizadas por el procurador general de la República y los agentes del ministerio público estatal. “La identidad de cobertura será otorgada por el tiempo indispensable para cumplir con el objetivo, no debiendo exceder de seis meses prorrogables por plazos hasta de igual duración. Los agentes infiltrados deberán desenvolverse jurídica y socialmente bajo tal identidad… La verdadera identidad será reservada y confidencia, y solamente será del conocimiento del titular del Ministerio Público y de los funcionarios en quienes delegue esta facultad”.
Los topos antisecuestro tendrán una serie de prerrogativas y pasar por los filtros de control de confianza cada seis meses. ¿Cómo se protegerá a los infiltrados? Las operaciones y las identidades no podrán darse a conocer; serán datos reservados y protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Todos los reportes, grabaciones, documentos y registros de los agentes serán clasificados como reservados. En los hechos, ni los jueces podrán conocer sus nombres verdaderos, como una manera de protección frente a las bandas criminales infiltradas.
“Por resolución judicial, previa solicitud fundada y motivada del Ministerio Público, los agentes infiltrados que hubieran actuado en una investigación, podrán emplear cualquier procedimiento que garantice la reserva de su identidad cuando comparezcan en el proceso que se instruya por los hechos en los que hubiere intervenido. Para tal efecto, además, serán identificados mediante una clave numérica en el lugar de los datos de identidad del agente”, explica el documento que es objeto de deliberaciones entre senadores y diputados, cuya aprobación está programada para el actual periodo de sesiones.
De aprobarse la nueva ley, las compañías telefónicas deberán jugar un papel muy importante en el combate al secuestro. El documento considera todo un capítulo, denominado Obligaciones de los Concesionarios de la Redes Públicas de Telecomunicaciones, para involucrar a las empresas en la colaboración de las pesquisas contra los secuestradores. Además de entregar los datos de las líneas sospechosas y la información de los clientes, tendrán que proporcionar asistencia técnica y “suspender el servicio de telefonía para efectos de aseguramiento cuando así lo instruya la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en cumplimiento al mandato ministerial o judicial correspondiente”.
¿Las empresas de telefonía están dispuestas a colaborar? ¿Las operaciones encubiertas recibirán el aval del Congreso? Los legisladores están convencidos que esta nueva legislación dotará de las herramientas necesarias a los gobiernos federal y de los estados para combatir a una plaga que actualmente tiene sometidos a distintos sectores de amplias zonas de México, y cumplir con los acuerdos tomados contra la inseguridad.
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