Miguel Ángel Granados Chapa
Hace 15 días, precisamente en vísperas del periodo vacacional que ha concluido hoy, se produjo una batahola entre maestros de la sección novena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por fortuna el enfrentamiento no pasó a mayores, pero es indicativo de la tensión que priva en esa porción del sindicato magisterial, una de las más relevantes en la historia del SNTE.
La causa de la desavenencia es la arbitraria actitud del comité nacional de ese sindicato, agravada por la intervención unilateral y sesgada de autoridades educativas, de seguridad social y otras que en la práctica han sustituido a la representación sindical. Se procura, ostensiblemente, fatigar al movimiento contrario al oficialismo magisterial, en un reducto que salvo un lapsus reciente se ha inclinado por la independencia sindical y las expresiones democráticas ciudadanas.
La sección novena agrupa a unos 50 mil profesores de educación básica del Distrito Federal. Es el agrupamiento propiamente magisterial de mayor tamaño en el sindicato, pues si bien hay otras secciones más numerosas, resultan serlo porque comprenden a personal administrativo y técnico. En la capital mexicana, debido a las dimensiones del servicio educativo y a la conveniencia de la dirección sindical oficial de mantener control sobre ese numeroso agrupamiento, la lucha por el manejo de los asuntos seccionales ha sido intensa las más de las veces.
Pertenece a la tradición de lucha de los maestros su Movimiento Revolucionario del Magisterio que en los años cincuenta y sesenta procuró establecer una cultura sindical democrática. Por etapas conseguía algún nivel de representación en la cúpula seccional, hasta 1972, cuando el profesor Carlos Jonguitud y su Vanguardia revolucionaria del magisterio coparon prácticamente todos los gobiernos seccionales. Su caída en 1989, a manos de su discípula Elba Esther Gordillo, abrió levemente las puertas de la participación, en resquicios que fueron aprovechados por disidentes agrupados desde 10 años atrás en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Un paciente trabajo de organización permitió a esas corrientes consolidar su fuerza y en 1998 consiguieron elegir a una de las suyas, Blanca Luna Becerril, a la cabeza del comité sindical.
Su ejercicio inicial estuvo plagado de obstáculos y agresiones. Durante un breve lapso, al comenzar 1999, sufrió prisión pero la cárcel no la amilanó, ni lo hicieron tampoco los obstáculos erigidos frente a su gestión sindical. En cambio, no supo resistir la cooptación que practicó sobre su liderazgo la dirigente nacional, que la puso de su parte y dio fin al experimento democrático al comenzar esta década. Cómodamente instalada en el mando seccional, avanzó en su desarrollo personal, en una línea por entero diferente de la que había seguido para llegar al cargo. Cuando Gordillo creó el Partido Nueva Alianza, como muchos dirigentes ministeriales, Luna Becerril se afilió a él y formó parte de su primera bancada en San Lázaro, elegida en 2006 y cuyas labores concluyeron en agosto pasado.
Después de 10 años de liderazgo irregular, en 2008 dejó el cargo. Para hacerlo se inició un procedimiento que a la fecha, casi dos años después, dista de concluir. Las corrientes contrarias al oficialismo, integrantes de la CNTE, habían caminado de nuevo hacia una organización sólida que la dirección nacional enfrentó por la mala. Convocó irregularmente al XXIII congreso que elegiría a un nuevo comité seccional y maniobró para que resultara elegida una dirigente del mismo talante que Luna Becerril, María Teresa Pérez Ramírez, presuntamente elegida el 1o. de julio de 2008. Sus oponentes no se allanaron a los manejos de la dirección nacional y lograron configurar un comité seccional democrático, a cuyo frente se halla el profesor Francisco Nicolás Bravo Herrera.
Conforme al sistema complicitario que asegura el poder de Gordillo, le fue otorgada la toma de nota (es decir, el reconocimiento legal, como si hubiera sido elegida en apego a derecho). La decisión administrativa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (que dirime los conflictos laborales de los trabajadores del Estado) fue combatida por la vía del amparo y después de un tortuoso camino la corriente sindical obtuvo la revocación de la sentencia que legitimó a Pérez Ramírez, en una decisión que obligó a la autoridad a dictar una nueva resolución acorde con el desconocimiento de la dirigente que así se convirtió en espuria.
Sin embargo, imponiendo la fuerza de los hechos, la dirigente seccional adicta a la nacional se ostenta como la cabeza del comité capitalino, aunque carezca de representación, que ostensiblemente corresponde a la corriente democrática. Ésta ha tomado el local sindical de Belisario Domínguez, pero al carecer del apoyo institucional que, al revés, se le regatea, vive una situación precaria sólo aliviada por el entusiasmo de la militancia.
Negado el comité nacional a convocar a un congreso que regularice el funcionamiento seccional, hay dos comités en la Nueve, uno hueco pero con el sostén gubernamental y la disposición de cuotas, y otro activo sólo a partir del fervor militante. El local sindical, que es también sede de la CNTE, mantiene un rico movimiento cultural. El historiador Pedro Salmerón, por ejemplo, ofrecerá este viernes una conferencia sobre Juárez siempre rebelde. Pero la vida sindical no se sostiene sólo con entusiasmo. Es preciso que tenga cauces legales firmes.
Cajón de Sastre
El cierre de oficinas consulares de Estados Unidos en Coahuila (Piedras Negras) y Tamaulipas (Nuevo Laredo), donde no es la primera vez que ocurre, es al mismo tiempo denuncia y acto de presión. Es una forma de señalar la insatisfacción del gobierno de Washington ante la incapacidad del gobierno mexicano de ofrecer protección plena a sus instalaciones, atacadas directamente, aunque por fortuna sin daños personales, a diferencia del atentado de Ciudad Juárez contra personas ligadas al consulado en ese lugar, que dio origen a la actual etapa de tensión fronteriza. Es igualmente un acto de presión para incrementar la presencia de investigadores estadounidenses en lances que permitan alcanzar resultados contrarios a la expansión de la onda delictiva, sin pagar el alto precio de imperdonables agresiones a civiles.
Hace 15 días, precisamente en vísperas del periodo vacacional que ha concluido hoy, se produjo una batahola entre maestros de la sección novena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por fortuna el enfrentamiento no pasó a mayores, pero es indicativo de la tensión que priva en esa porción del sindicato magisterial, una de las más relevantes en la historia del SNTE.
La causa de la desavenencia es la arbitraria actitud del comité nacional de ese sindicato, agravada por la intervención unilateral y sesgada de autoridades educativas, de seguridad social y otras que en la práctica han sustituido a la representación sindical. Se procura, ostensiblemente, fatigar al movimiento contrario al oficialismo magisterial, en un reducto que salvo un lapsus reciente se ha inclinado por la independencia sindical y las expresiones democráticas ciudadanas.
La sección novena agrupa a unos 50 mil profesores de educación básica del Distrito Federal. Es el agrupamiento propiamente magisterial de mayor tamaño en el sindicato, pues si bien hay otras secciones más numerosas, resultan serlo porque comprenden a personal administrativo y técnico. En la capital mexicana, debido a las dimensiones del servicio educativo y a la conveniencia de la dirección sindical oficial de mantener control sobre ese numeroso agrupamiento, la lucha por el manejo de los asuntos seccionales ha sido intensa las más de las veces.
Pertenece a la tradición de lucha de los maestros su Movimiento Revolucionario del Magisterio que en los años cincuenta y sesenta procuró establecer una cultura sindical democrática. Por etapas conseguía algún nivel de representación en la cúpula seccional, hasta 1972, cuando el profesor Carlos Jonguitud y su Vanguardia revolucionaria del magisterio coparon prácticamente todos los gobiernos seccionales. Su caída en 1989, a manos de su discípula Elba Esther Gordillo, abrió levemente las puertas de la participación, en resquicios que fueron aprovechados por disidentes agrupados desde 10 años atrás en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Un paciente trabajo de organización permitió a esas corrientes consolidar su fuerza y en 1998 consiguieron elegir a una de las suyas, Blanca Luna Becerril, a la cabeza del comité sindical.
Su ejercicio inicial estuvo plagado de obstáculos y agresiones. Durante un breve lapso, al comenzar 1999, sufrió prisión pero la cárcel no la amilanó, ni lo hicieron tampoco los obstáculos erigidos frente a su gestión sindical. En cambio, no supo resistir la cooptación que practicó sobre su liderazgo la dirigente nacional, que la puso de su parte y dio fin al experimento democrático al comenzar esta década. Cómodamente instalada en el mando seccional, avanzó en su desarrollo personal, en una línea por entero diferente de la que había seguido para llegar al cargo. Cuando Gordillo creó el Partido Nueva Alianza, como muchos dirigentes ministeriales, Luna Becerril se afilió a él y formó parte de su primera bancada en San Lázaro, elegida en 2006 y cuyas labores concluyeron en agosto pasado.
Después de 10 años de liderazgo irregular, en 2008 dejó el cargo. Para hacerlo se inició un procedimiento que a la fecha, casi dos años después, dista de concluir. Las corrientes contrarias al oficialismo, integrantes de la CNTE, habían caminado de nuevo hacia una organización sólida que la dirección nacional enfrentó por la mala. Convocó irregularmente al XXIII congreso que elegiría a un nuevo comité seccional y maniobró para que resultara elegida una dirigente del mismo talante que Luna Becerril, María Teresa Pérez Ramírez, presuntamente elegida el 1o. de julio de 2008. Sus oponentes no se allanaron a los manejos de la dirección nacional y lograron configurar un comité seccional democrático, a cuyo frente se halla el profesor Francisco Nicolás Bravo Herrera.
Conforme al sistema complicitario que asegura el poder de Gordillo, le fue otorgada la toma de nota (es decir, el reconocimiento legal, como si hubiera sido elegida en apego a derecho). La decisión administrativa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (que dirime los conflictos laborales de los trabajadores del Estado) fue combatida por la vía del amparo y después de un tortuoso camino la corriente sindical obtuvo la revocación de la sentencia que legitimó a Pérez Ramírez, en una decisión que obligó a la autoridad a dictar una nueva resolución acorde con el desconocimiento de la dirigente que así se convirtió en espuria.
Sin embargo, imponiendo la fuerza de los hechos, la dirigente seccional adicta a la nacional se ostenta como la cabeza del comité capitalino, aunque carezca de representación, que ostensiblemente corresponde a la corriente democrática. Ésta ha tomado el local sindical de Belisario Domínguez, pero al carecer del apoyo institucional que, al revés, se le regatea, vive una situación precaria sólo aliviada por el entusiasmo de la militancia.
Negado el comité nacional a convocar a un congreso que regularice el funcionamiento seccional, hay dos comités en la Nueve, uno hueco pero con el sostén gubernamental y la disposición de cuotas, y otro activo sólo a partir del fervor militante. El local sindical, que es también sede de la CNTE, mantiene un rico movimiento cultural. El historiador Pedro Salmerón, por ejemplo, ofrecerá este viernes una conferencia sobre Juárez siempre rebelde. Pero la vida sindical no se sostiene sólo con entusiasmo. Es preciso que tenga cauces legales firmes.
Cajón de Sastre
El cierre de oficinas consulares de Estados Unidos en Coahuila (Piedras Negras) y Tamaulipas (Nuevo Laredo), donde no es la primera vez que ocurre, es al mismo tiempo denuncia y acto de presión. Es una forma de señalar la insatisfacción del gobierno de Washington ante la incapacidad del gobierno mexicano de ofrecer protección plena a sus instalaciones, atacadas directamente, aunque por fortuna sin daños personales, a diferencia del atentado de Ciudad Juárez contra personas ligadas al consulado en ese lugar, que dio origen a la actual etapa de tensión fronteriza. Es igualmente un acto de presión para incrementar la presencia de investigadores estadounidenses en lances que permitan alcanzar resultados contrarios a la expansión de la onda delictiva, sin pagar el alto precio de imperdonables agresiones a civiles.
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