Martha Anaya / Crónica de Política
Rompieron en llanto cuando recibieron la noticia de su inocencia. Se vistieron, se arreglaron y sin dar crédito aún de su liberación, cruzaron los pasillos del penal femenil de San José El Alto para reencontrarse con su vida.
“¡Que nos pidan perdón…! Cerca de cuatro años que nosotras perdimos ahí, estando injustamente…”, soltó Teresa González Cornelio en sus primeras declaraciones, mientras Alberta Alcántara miraba al horizonte como si se tratase de un sueño.
Pero quién les va a pedir perdón. ¿El juez cuarto de distrito con sede en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, que las sentenció a 21 años de prisión? ¿La Procuraduría General de la República? ¿Los policías que declararon contra ellas? ¿Los AFIS que supuestamente secuestraron?
Ciertamente deberían hacerlo todos; pero difícilmente algo de eso ocurrirá.
¿Se removerá al juez que las envió a prisión sin pruebas fehacientes?, tal y como lo ha solicitado ya la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México?
La propia ministra Olga Sánchez Cordero –encargada del proyecto de resolución que apuntó hacia su inocencia—defendió la autonomía de los juzgadores en la valoración de las pruebas.
¿Cambiará la impartición de justicia con este fallo inédito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
La indígena queretana manifestó sus dudas en primera instancia: “siempre va a seguir siendo la misma…”
Y ese es el punto importante. Después del fallo de la SCJN, la justicia ¿seguirá siendo la misma?
Aquí vale la pena recoger lo que el ministro Zaldívar Lelo de Larrea dijo en su intervención durante la sesión de la Primera Sala de la Corte que decretó la libertad de las dos indígenas queretanas. Palabras que merecerían estamparse ante los escritores de los juzgadores.
Explicó primero por qué este asunto en particular recibió de la Primera Sala un trato especial:
“Advertimos desde un principio que este asunto era un asunto de excepcional trascendencia, de entrada parecía un asunto que olía a injusticia”.
Luego, Lelo de Larrea entró al punto de fondo:
“Este asunto es de especial gravedad porque se trata de un trato injusto y discriminatorio de dos mujeres indígenas mexicanas, y si es verdad que un solo inocente esté en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables, lo es más, y cuando quizás esto nos lleve a pensar que hay una práctica reiterada en nuestro sistema penal de vejaciones y de vulneraciones y violaciones de los derechos humanos, creo que todavía hace mucho más importante el que hayamos tomado esta determinación, porque la decisión que hoy estamos a punto de votar, tiene dos efectos:
“Un efecto concreto, inmediato, que es la libertad de Alberta y de Teresa, y esto por sí mismo creo que ha valido la pena todo lo que esta Primera Sala tuvo que hacer y yo también felicito a la señora Ministra por este proyecto que de manera técnica y tan rápida presentó a nuestra consideración.
“Pero el segundo, es el valor del precedente y el mensaje que esta Primera Sala envía a las autoridades de nuestro país, coadyuvando de manera muy clara a decir: queremos que este tipo de prácticas no sigan ocurriendo en nuestro país, y cuando ocurran debe haber jueces para remediarlas.”
Ojalá así fuera y estas palabras se convirtieran en realidad porque, bien sabemos, hay muchos otros casos similares padeciendo cárcel injustamente o con sentencias absurdas, como la de los líderes de San Salvador Atenco.
Pero por lo pronto, Teresa y Alberta recobraron su libertad. Dejaron la prisión –como le dirían a Ricardo Rocha en sus primeras declaraciones– “sin odio y sin rencor” porque “eso nos hace daño”. Pero, ¿quién les va a pedir perdón?
Rompieron en llanto cuando recibieron la noticia de su inocencia. Se vistieron, se arreglaron y sin dar crédito aún de su liberación, cruzaron los pasillos del penal femenil de San José El Alto para reencontrarse con su vida.
“¡Que nos pidan perdón…! Cerca de cuatro años que nosotras perdimos ahí, estando injustamente…”, soltó Teresa González Cornelio en sus primeras declaraciones, mientras Alberta Alcántara miraba al horizonte como si se tratase de un sueño.
Pero quién les va a pedir perdón. ¿El juez cuarto de distrito con sede en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, que las sentenció a 21 años de prisión? ¿La Procuraduría General de la República? ¿Los policías que declararon contra ellas? ¿Los AFIS que supuestamente secuestraron?
Ciertamente deberían hacerlo todos; pero difícilmente algo de eso ocurrirá.
¿Se removerá al juez que las envió a prisión sin pruebas fehacientes?, tal y como lo ha solicitado ya la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México?
La propia ministra Olga Sánchez Cordero –encargada del proyecto de resolución que apuntó hacia su inocencia—defendió la autonomía de los juzgadores en la valoración de las pruebas.
¿Cambiará la impartición de justicia con este fallo inédito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
La indígena queretana manifestó sus dudas en primera instancia: “siempre va a seguir siendo la misma…”
Y ese es el punto importante. Después del fallo de la SCJN, la justicia ¿seguirá siendo la misma?
Aquí vale la pena recoger lo que el ministro Zaldívar Lelo de Larrea dijo en su intervención durante la sesión de la Primera Sala de la Corte que decretó la libertad de las dos indígenas queretanas. Palabras que merecerían estamparse ante los escritores de los juzgadores.
Explicó primero por qué este asunto en particular recibió de la Primera Sala un trato especial:
“Advertimos desde un principio que este asunto era un asunto de excepcional trascendencia, de entrada parecía un asunto que olía a injusticia”.
Luego, Lelo de Larrea entró al punto de fondo:
“Este asunto es de especial gravedad porque se trata de un trato injusto y discriminatorio de dos mujeres indígenas mexicanas, y si es verdad que un solo inocente esté en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables, lo es más, y cuando quizás esto nos lleve a pensar que hay una práctica reiterada en nuestro sistema penal de vejaciones y de vulneraciones y violaciones de los derechos humanos, creo que todavía hace mucho más importante el que hayamos tomado esta determinación, porque la decisión que hoy estamos a punto de votar, tiene dos efectos:
“Un efecto concreto, inmediato, que es la libertad de Alberta y de Teresa, y esto por sí mismo creo que ha valido la pena todo lo que esta Primera Sala tuvo que hacer y yo también felicito a la señora Ministra por este proyecto que de manera técnica y tan rápida presentó a nuestra consideración.
“Pero el segundo, es el valor del precedente y el mensaje que esta Primera Sala envía a las autoridades de nuestro país, coadyuvando de manera muy clara a decir: queremos que este tipo de prácticas no sigan ocurriendo en nuestro país, y cuando ocurran debe haber jueces para remediarlas.”
Ojalá así fuera y estas palabras se convirtieran en realidad porque, bien sabemos, hay muchos otros casos similares padeciendo cárcel injustamente o con sentencias absurdas, como la de los líderes de San Salvador Atenco.
Pero por lo pronto, Teresa y Alberta recobraron su libertad. Dejaron la prisión –como le dirían a Ricardo Rocha en sus primeras declaraciones– “sin odio y sin rencor” porque “eso nos hace daño”. Pero, ¿quién les va a pedir perdón?
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