Miguel Ángel Granados Chapa
Acurrucado por el gobierno federal, que arropa sus malos pasos en materia de seguridad pública, el gobernador Marco Antonio Adame no es capaz de contener la violencia criminal en su entidad
Como parte de una cadena interminable -sólo en lo que va del año han sido asesinadas 50 personas en Morelos- ayer aparecieron los cuerpos de dos personas ultimadas con violencia en pleno centro de Cuernavaca. Se trata, o al menos así se busca que aparezca, de un ajuste de cuentas entre la banda de Édgar Valdez Villarreal, apodado La Barbie y la de los Beltrán Leyva, uno de cuyos integrantes, Arturo, murió en diciembre pasado en un ataque de la Marina a un edificio, igualmente céntrico en la capital del estado.
Los muertos de ayer son la respuesta (o parecen serlo) a un ataque en sentido contrario al perpetrado con saña inaudita hace dos semanas: el 9 de abril amanecieron colgantes de un puente principal de la porción urbana de la carretera México-Acapulco los cuerpos de dos personas que fueron degolladas, antes de su muerte torturadas y después de ello blanco de muchos disparos, cuando ya pendían del paso peatonal en la Plaza Galerías.
Todo esto ocurre no en despoblado, donde se diría que la soledad de los parajes favorece la autoría de crímenes atroces, como ocurrió poco antes, ya cerca de Acapulco. También fueron asesinatos crueles, pero carecieron del sello desafiante de las muertes de Cuernavaca, que permanecerán en la impunidad no sólo porque se trata de homicidios que las autoridades no investigan, parapetadas tras el pretexto de que se victiman "entre ellos", es decir entre mafias de la delincuencia organizada, frente a las cuales el gobierno federal reacciona con indolencia mezquina e inaceptable, como si los verdugos realizaran una plausible labor de limpieza social.
El medio centenar de asesinatos de esta índole ocurridos en 2010 en Morelos quedará sin castigo, además de por esa razón general, por dos causas particulares; por un lado, la indolencia o complicidad de las autoridades, una maldición que ha caído sobre los morelenses desde hace varios sexenios y evidente de manera acusada en los dos más recientes, en que ha gobernado Acción Nacional. Por otro lado, el temor de la gente a denunciar siquiera la aparición de víctimas en lugares públicos.
Es que, al menos en Cuernavaca, la población vive bajo los efectos de un terror de origen difuso, y por ello causante de un pánico mayor, como lo mostró la desmovilización de "la ciudad de la eterna primavera" el fin de semana pasado. A través de internet, y de las redes sociales que multiplican sus alcances por la telefonía móvil, se difundió a gran velocidad el aviso de que al anochecer del viernes se entablaría una batalla entre bandas de narcotraficantes, por lo cual se alertaba a la gente a permanecer en su casa, como en efecto ocurrió.
Un fenómeno semejante había tenido lugar en la semana de Pascua en Tampico, que de pronto mostró los signos de una ciudad fantasma. Sus habitantes y visitantes fueron urgidos a no salir a las calles, y los comerciantes establecidos a cerrar la puerta de sus negocios por una amenaza semejante a la que se reproduciría en Cuernavaca. Sobra decir que se trató de una falsa alarma, que sin embargo generó el claro efecto de paralizar de miedo a ciudades muy pobladas y visitadas.
Es comprensible que mensajes sin origen determinado provoquen psicosis como las de esas ciudades. En Tamaulipas y en Morelos la acción persistente de la delincuencia organizada ha conducido a la gente común a un estado de zozobra agravado por la convicción de que las autoridades son insuficientes e incapaces para poner coto a la violencia, si no es que se suman a ella sin precauciones que eviten la muerte de personas inocentes. Imagino la rabia, en el caso de Cuernavaca, de la familia del pequeño industrial productor de tortillas cuando escucha al presidente Calderón desdeñar la importancia de los asesinatos de personas que, como él, no pudieron ponerse a salvo de la acción de policías o militares.
El gobierno de Morelos, panista como el federal, disfruta de privilegios que a su vez son factores de daño para la sociedad. El gobernador Marco Antonio Adame está acurrucado al calor de la protección o indolencia federal y no fue capaz de tomar una posición el viernes ante la profusión de mensajes que anunciaban un desastre para la capital del estado que gobierna. En mayor medida que al municipio gobernado por un priista -pues en julio pasado los ciudadanos hicieron al PAN pagar la factura de su mala administración- el gobierno del estado debió salir al paso del rumor. Tal vez lo inhibió de hacerlo la certidumbre de que hubiera sido peor negar que se gestara la balacera anunciada. El público quizá creyera que una negativa oficial era en realidad una confirmación.
El gobernador Sergio Estrada Cajigal, como empresario recién ingresado en la política cuando ganó la alcaldía de Cuernavaca y después el gobierno del estado, sin conciencia de las graves responsabilidades de su mandato, gobernó en la frivolidad, que lo condujo hasta entablar relación con la familia de Juan José Esparragoza, un alto jefe del narcotráfico, apodado El Azul y avecindado en la capital de la entidad.
Adame, su sucesor, quizá es peor. Lo sostiene el sectarismo de Los Pinos, que en mayo pasado asestó golpes a alcaldes y funcionarios en Michoacán, tan arbitrarios que la mayor parte de los afectados han sido puestos en libertad por la justicia federal. A los colaboradores del gobernador morelense, en cambio, se les asignó un trato especial, al que tal vez se debe el auge de la delincuencia organizada que deambula por Cuernavaca como por su casa.
Cajón de Sastre
La doctora Esther Orozco fue elegida rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, institución a la que estuvo ligada como integrante del Consejo asesor de la rectoría y como impulsora del posgrado en ciencias genómicas. Originaria de Chihuahua, donde estudió la normal y la licenciatura en química bacterióloga, para alcanzar la maestría y el doctorado en biología celular, ingresó al Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), de donde ha sido también investigadora eminente. En los tres últimos años ha dirigido el Instituto de ciencia y tecnología del gobierno de la ciudad de México. Para su desempeño en ese cargo, y seguramente ocurrirá lo mismo en la Universidad capitalina, ha sido clave su reputación en el ámbito científico, expresada en la diversidad de premios que se le han conferido.
Acurrucado por el gobierno federal, que arropa sus malos pasos en materia de seguridad pública, el gobernador Marco Antonio Adame no es capaz de contener la violencia criminal en su entidad
Como parte de una cadena interminable -sólo en lo que va del año han sido asesinadas 50 personas en Morelos- ayer aparecieron los cuerpos de dos personas ultimadas con violencia en pleno centro de Cuernavaca. Se trata, o al menos así se busca que aparezca, de un ajuste de cuentas entre la banda de Édgar Valdez Villarreal, apodado La Barbie y la de los Beltrán Leyva, uno de cuyos integrantes, Arturo, murió en diciembre pasado en un ataque de la Marina a un edificio, igualmente céntrico en la capital del estado.
Los muertos de ayer son la respuesta (o parecen serlo) a un ataque en sentido contrario al perpetrado con saña inaudita hace dos semanas: el 9 de abril amanecieron colgantes de un puente principal de la porción urbana de la carretera México-Acapulco los cuerpos de dos personas que fueron degolladas, antes de su muerte torturadas y después de ello blanco de muchos disparos, cuando ya pendían del paso peatonal en la Plaza Galerías.
Todo esto ocurre no en despoblado, donde se diría que la soledad de los parajes favorece la autoría de crímenes atroces, como ocurrió poco antes, ya cerca de Acapulco. También fueron asesinatos crueles, pero carecieron del sello desafiante de las muertes de Cuernavaca, que permanecerán en la impunidad no sólo porque se trata de homicidios que las autoridades no investigan, parapetadas tras el pretexto de que se victiman "entre ellos", es decir entre mafias de la delincuencia organizada, frente a las cuales el gobierno federal reacciona con indolencia mezquina e inaceptable, como si los verdugos realizaran una plausible labor de limpieza social.
El medio centenar de asesinatos de esta índole ocurridos en 2010 en Morelos quedará sin castigo, además de por esa razón general, por dos causas particulares; por un lado, la indolencia o complicidad de las autoridades, una maldición que ha caído sobre los morelenses desde hace varios sexenios y evidente de manera acusada en los dos más recientes, en que ha gobernado Acción Nacional. Por otro lado, el temor de la gente a denunciar siquiera la aparición de víctimas en lugares públicos.
Es que, al menos en Cuernavaca, la población vive bajo los efectos de un terror de origen difuso, y por ello causante de un pánico mayor, como lo mostró la desmovilización de "la ciudad de la eterna primavera" el fin de semana pasado. A través de internet, y de las redes sociales que multiplican sus alcances por la telefonía móvil, se difundió a gran velocidad el aviso de que al anochecer del viernes se entablaría una batalla entre bandas de narcotraficantes, por lo cual se alertaba a la gente a permanecer en su casa, como en efecto ocurrió.
Un fenómeno semejante había tenido lugar en la semana de Pascua en Tampico, que de pronto mostró los signos de una ciudad fantasma. Sus habitantes y visitantes fueron urgidos a no salir a las calles, y los comerciantes establecidos a cerrar la puerta de sus negocios por una amenaza semejante a la que se reproduciría en Cuernavaca. Sobra decir que se trató de una falsa alarma, que sin embargo generó el claro efecto de paralizar de miedo a ciudades muy pobladas y visitadas.
Es comprensible que mensajes sin origen determinado provoquen psicosis como las de esas ciudades. En Tamaulipas y en Morelos la acción persistente de la delincuencia organizada ha conducido a la gente común a un estado de zozobra agravado por la convicción de que las autoridades son insuficientes e incapaces para poner coto a la violencia, si no es que se suman a ella sin precauciones que eviten la muerte de personas inocentes. Imagino la rabia, en el caso de Cuernavaca, de la familia del pequeño industrial productor de tortillas cuando escucha al presidente Calderón desdeñar la importancia de los asesinatos de personas que, como él, no pudieron ponerse a salvo de la acción de policías o militares.
El gobierno de Morelos, panista como el federal, disfruta de privilegios que a su vez son factores de daño para la sociedad. El gobernador Marco Antonio Adame está acurrucado al calor de la protección o indolencia federal y no fue capaz de tomar una posición el viernes ante la profusión de mensajes que anunciaban un desastre para la capital del estado que gobierna. En mayor medida que al municipio gobernado por un priista -pues en julio pasado los ciudadanos hicieron al PAN pagar la factura de su mala administración- el gobierno del estado debió salir al paso del rumor. Tal vez lo inhibió de hacerlo la certidumbre de que hubiera sido peor negar que se gestara la balacera anunciada. El público quizá creyera que una negativa oficial era en realidad una confirmación.
El gobernador Sergio Estrada Cajigal, como empresario recién ingresado en la política cuando ganó la alcaldía de Cuernavaca y después el gobierno del estado, sin conciencia de las graves responsabilidades de su mandato, gobernó en la frivolidad, que lo condujo hasta entablar relación con la familia de Juan José Esparragoza, un alto jefe del narcotráfico, apodado El Azul y avecindado en la capital de la entidad.
Adame, su sucesor, quizá es peor. Lo sostiene el sectarismo de Los Pinos, que en mayo pasado asestó golpes a alcaldes y funcionarios en Michoacán, tan arbitrarios que la mayor parte de los afectados han sido puestos en libertad por la justicia federal. A los colaboradores del gobernador morelense, en cambio, se les asignó un trato especial, al que tal vez se debe el auge de la delincuencia organizada que deambula por Cuernavaca como por su casa.
Cajón de Sastre
La doctora Esther Orozco fue elegida rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, institución a la que estuvo ligada como integrante del Consejo asesor de la rectoría y como impulsora del posgrado en ciencias genómicas. Originaria de Chihuahua, donde estudió la normal y la licenciatura en química bacterióloga, para alcanzar la maestría y el doctorado en biología celular, ingresó al Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), de donde ha sido también investigadora eminente. En los tres últimos años ha dirigido el Instituto de ciencia y tecnología del gobierno de la ciudad de México. Para su desempeño en ese cargo, y seguramente ocurrirá lo mismo en la Universidad capitalina, ha sido clave su reputación en el ámbito científico, expresada en la diversidad de premios que se le han conferido.
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