Gloria Leticia Díaz / Apro
Los periodistas de la revista Contralínea, David Cilia y Érika Ramírez, reportados como desaparecidos desde el martes pasado, cuando paramilitares emboscaron a una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, fueron reportados con vida y fuera de peligro de muerte.
Así lo confirmaron los activistas David Venegas y Noé Bautista, quienes también formaban parte de la caravana y se encontraban escondidos con ambos periodistas.
David y Noé lograron romper este jueves el cerco paramilitar para llegar a la ciudad de Juxtlahuaca, portando un video en el cual los periodistas dan testimonio de su estado y piden auxilio para su rescate.
Los defensores de derechos humanos advirtieron que “si ellos llegan a morir, será de hambre o sed, porque las autoridades del gobierno de Oaxaca no han desalojado a los paramilitares”.
Aclararon que Érika Ramírez se encuentra sin ningún tipo de lesión, en tanto David Cilia presenta una herida de bala en el pie izquierdo y un rozón de bala a la altura de la cintura.
Miguel Badillo, director de Contralínea, adelantó que este viernes buscarán incursionar vía aérea en la zona para buscar a los periodistas:
“Nos encontramos en Huajuapan de León seis reporteros más y el padre de uno de los desaparecidos, pero no ingresaremos todos, sólo algunos”, detalló Badillo.
Por su parte el Ministerio de Exteriores de Italia informó hoy que el internacionalista italiano David Casinori, también reportado como desaparecido en Oaxaca, fue localizado sano y salvo.
Destacó que Casinori se puso en contacto telefónicamente con un funcionario de la embajada italiana en México que se había trasladado a Oaxaca para tener informaciones sobre la suerte del activista.
Según la dependencia, Casinori no fue secuestrado y no había podido comunicarse debido a que le fueron robados sus objetos personales, incluido un teléfono celular.
El brigadista confirmó que el convoy humanitario en que participaba fue atacado el martes por individuos armados en las cercanías de la localidad indígena de San Juan Copala.
Dijo que los encapuchados comenzaron a disparar y que los participantes en la llamada Caravana de la Paz huyeron a la selva.
En el tiroteo murieron Beatriz Cariño, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y el ciudadano finlandés Jyri Antero Jaakkola, miembro de la Zezta.
Condena internacional
En tanto organizaciones de derechos humanos de Alemania condenaron enérgicamente la agresión armada perpetrada en contra de la Caravana de Apoyo con el municipio autónomo de San Juan Copala.
En un documento, las organizaciones Initiative Mexiko, de Hamburgo; Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, de Munich, así como del Gruppe B.A.S.T.A, de Münster, se quejaron de que “esta agresión armada es producto de las condiciones de violencia institucional e impunidad de la que gozan los grupos paramilitares en esa región del estado de Oaxaca”.
Así mismo, consideran que ese hecho es producto de la “violencia institucional dirigida a las diferentes expresiones de la lucha social en Oaxaca y, específicamente, contra la construcción de procesos autónomos”.
Es por ello que exigieron al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz la presentación inmediata de todos los desaparecidos, el cese a los ataques por parte de paramilitares en la región triqui y castigo a los responsables de esta agresión, “pues la impunidad sólo genera más violencia”.
Además, reprobaron la actitud del gobierno de Oaxaca, al pretender deslindarse de su responsabilidad en estos hechos, luego que el conflicto en la región triqui se ha mantenido al amparo de los gobiernos federal y estatales, ya que poco han hecho para solucionar la problemática; al contrario, “más bien su estrategia ha sido la de alimentar los rencores y así aprovecharse de la situación de inestabilidad”.
También reprobaron el intento del secretario general de Gobierno de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, de no responsabilizarse por la seguridad de los integrantes de la caravana.
Recordaron que el gobierno estatal es el responsable de garantizar la integridad de todas las personas que habitan y transitan en su territorio.
Los periodistas de la revista Contralínea, David Cilia y Érika Ramírez, reportados como desaparecidos desde el martes pasado, cuando paramilitares emboscaron a una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, fueron reportados con vida y fuera de peligro de muerte.
Así lo confirmaron los activistas David Venegas y Noé Bautista, quienes también formaban parte de la caravana y se encontraban escondidos con ambos periodistas.
David y Noé lograron romper este jueves el cerco paramilitar para llegar a la ciudad de Juxtlahuaca, portando un video en el cual los periodistas dan testimonio de su estado y piden auxilio para su rescate.
Los defensores de derechos humanos advirtieron que “si ellos llegan a morir, será de hambre o sed, porque las autoridades del gobierno de Oaxaca no han desalojado a los paramilitares”.
Aclararon que Érika Ramírez se encuentra sin ningún tipo de lesión, en tanto David Cilia presenta una herida de bala en el pie izquierdo y un rozón de bala a la altura de la cintura.
Miguel Badillo, director de Contralínea, adelantó que este viernes buscarán incursionar vía aérea en la zona para buscar a los periodistas:
“Nos encontramos en Huajuapan de León seis reporteros más y el padre de uno de los desaparecidos, pero no ingresaremos todos, sólo algunos”, detalló Badillo.
Por su parte el Ministerio de Exteriores de Italia informó hoy que el internacionalista italiano David Casinori, también reportado como desaparecido en Oaxaca, fue localizado sano y salvo.
Destacó que Casinori se puso en contacto telefónicamente con un funcionario de la embajada italiana en México que se había trasladado a Oaxaca para tener informaciones sobre la suerte del activista.
Según la dependencia, Casinori no fue secuestrado y no había podido comunicarse debido a que le fueron robados sus objetos personales, incluido un teléfono celular.
El brigadista confirmó que el convoy humanitario en que participaba fue atacado el martes por individuos armados en las cercanías de la localidad indígena de San Juan Copala.
Dijo que los encapuchados comenzaron a disparar y que los participantes en la llamada Caravana de la Paz huyeron a la selva.
En el tiroteo murieron Beatriz Cariño, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y el ciudadano finlandés Jyri Antero Jaakkola, miembro de la Zezta.
Condena internacional
En tanto organizaciones de derechos humanos de Alemania condenaron enérgicamente la agresión armada perpetrada en contra de la Caravana de Apoyo con el municipio autónomo de San Juan Copala.
En un documento, las organizaciones Initiative Mexiko, de Hamburgo; Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, de Munich, así como del Gruppe B.A.S.T.A, de Münster, se quejaron de que “esta agresión armada es producto de las condiciones de violencia institucional e impunidad de la que gozan los grupos paramilitares en esa región del estado de Oaxaca”.
Así mismo, consideran que ese hecho es producto de la “violencia institucional dirigida a las diferentes expresiones de la lucha social en Oaxaca y, específicamente, contra la construcción de procesos autónomos”.
Es por ello que exigieron al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz la presentación inmediata de todos los desaparecidos, el cese a los ataques por parte de paramilitares en la región triqui y castigo a los responsables de esta agresión, “pues la impunidad sólo genera más violencia”.
Además, reprobaron la actitud del gobierno de Oaxaca, al pretender deslindarse de su responsabilidad en estos hechos, luego que el conflicto en la región triqui se ha mantenido al amparo de los gobiernos federal y estatales, ya que poco han hecho para solucionar la problemática; al contrario, “más bien su estrategia ha sido la de alimentar los rencores y así aprovecharse de la situación de inestabilidad”.
También reprobaron el intento del secretario general de Gobierno de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, de no responsabilizarse por la seguridad de los integrantes de la caravana.
Recordaron que el gobierno estatal es el responsable de garantizar la integridad de todas las personas que habitan y transitan en su territorio.
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