El secretario de la Defensa, Guillermo Galván, logró la primera parte de lo que venía reclamando desde hace más de un año, un marco regulatorio para la presencia de soldados en las calles que los blinde para que en el futuro no puedan ser juzgados por genocidio como sucedió con sus antecesores por abusos cometidos durante el periodo de la guerra sucia. El Senado votó este martes por esa regulación, que se espera camine sin problema por la Cámara de Diputados. Sin embargo, el general Galván no tiene mucho de qué celebrar, pues de las demandas que hizo durante semanas en privado a los senadores, no le dieron ni una.
El general sorprendió a muchos con sus exigencias. “Quería que se incrementaran las atribuciones al Ejército, y las pedía abiertamente”, dijo una fuente parlamentaria que lo escuchó en una de las reuniones. “Quería tener todo el control bajo el mando militar y sin contrapesos civiles”. El general Galván buscó borrar todas las instancias de administración y procuración de justicia civiles, y que se le entregaran a él.
Uno de los planteamientos que más sorprendieron a los senadores fue cuando pidió que le otorgaran a los militares atribuciones que hoy están asignadas formalmente a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la Procuraduría General de la República y al Cisen. “El general pidió que el Senado le entregara la facultad de investigar, perseguir, detener, arraigar y consignar, como hacen las autoridades civiles”, añadieron las fuentes parlamentarias. “Quería la facultad para realizar el espionaje telefónico sin que tuviera que pasar por una autorización de un juez”.
Las peticiones del general Galván dejó en la mente de varios senadores una intencionalidad de ampliar su poder político dentro del gobierno del presidente Felipe Calderón, y la percepción de que el mandatario estaba de acuerdo en cedérselo. Las exigencias del secretario de la Defensa no son compartidas homogéneamente dentro de las Fuerzas Armadas, donde hay generales en activo y retirados que consideran que el papel que juegan no debe ser en el campo de la política sino en el de la seguridad nacional.
El general Galván, que tuvo el apoyo activo del presidente Felipe Calderón para evitar que se legislara sobre el fuero militar en este periodo de sesiones para que como en el mundo democrático los militares paguen en tribunales civiles los abusos y excesos cometidos en tareas que corresponden a las autoridades civiles, no logró persuadir a los senadores del objetivo que realmente perseguía: fuero de guerra. El fuero de guerra es superior al fuero militar, y significa que por ninguna muerte que causaran durante sus campañas militares en tareas de seguridad pública -como la lucha contra el narcotráfico- pudieran ser llevados a tribunales.
“Buscaba que el Senado le otorgara un salvoconducto para que pudieran actuar los militares como lo hicieron durante la guerra sucia con toda impunidad”, dijeron las fuentes. La única analogía que se puede encontrar a las atribuciones solicitadas por el general secretario es cuando el ex presidente George Bush logró atribuciones sin precedente del Capitolio para la lucha contra el terrorismo, plasmadas bajo el Acta Patriótica, un paraguas legal que permitió a las Fuerzas Armadas incurrir en excesos y abusos de fuerza –como torturas- que dividieron a la población y tuvo un costo político muy elevado para la Casa Blanca y el Pentágono.
El general Galván llegó a sugerir a los senadores en una de las reuniones a puerta cerrada que sostuvieron, que le dieran esas atribuciones a cambio de la regulación de las tropas, que desde un principio rechazaron los legisladores. “No le importaba tanto el blindaje a las tropas como el tener carta blanca para hacer tareas en las calles”, dijeron las fuentes parlamentarias. La razón que expuso a los senadores para que le dieran esas facultades al Ejército, dijo abiertamente según las fuentes, era que no confiaba ni en la Secretaría de Seguridad Pública Federal ni en la PGR.
Pero el México que desea el general Galván para los militares no es el mejor de los Méxicos para los mexicanos. El secretario de la Defensa, respaldado por el Presidente, buscaba una nueva atribución para el Ejecutivo en materia de estado de excepción. La petición era que sólo bastara una orden del Presidente para que se aplicara esa situación extrema, que hoy tiene que ser aprobada por el Congreso antes de ser puesta en práctica. No lo obtuvieron, como tampoco la ausencia de candados para la presencia de tropas en la calle. El Presidente podrá, bajo el argumento de amenaza a la seguridad nacional, enviar al Ejército a la calle, pero el Senado le estableció un límite de hasta 90 días, al final del cual un gobierno estatal o uno municipal podrán solicitar la ampliación del plazo, regresarán a los cuarteles.
La posición de la mayoría de los senadores fue fundamental por el control que impuso al Ejército, cuyos jefes superiores, el Presidente y el secretario de la Defensa, querían ampliación de atribuciones, responsabilidades y poder político. El Senado los frenó. Los soldados podrán salir a la calle a defender a los mexicanos, pero tendrán que regresar a los cuarteles cuando terminen, no cuando lo quieran. Hace todavía dos décadas, con el temor de un golpe de Estado, el gobierno federal sólo le daba combustible para tres días, al término de lo cual tenían que reabastecerse, y jugaban con la rivalidad entre el Ejército y el Estado Mayor Presidencial como un juego de equilibrio y contrapesos.
Las condiciones han cambiado en todo este tiempo, pero con el envío de tropas a las calles del país para luchar contra el narcotráfico, la creciente ascendencia militar sobre el presidente Calderón y su inclinación abierta por el uniforme militar, los temores resurgieron dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Ya hay un primer dique en el Senado. Si la Cámara de Diputados actúa en consecuencia, la Ley de Seguridad Nacional que establece los frenos y candados al Ejército, será aprobada en términos similares. Esto no evita, por supuesto, eventuales acciones de fuerza de los militares, pero a diferencia de cómo arrancó esta semana, el costo de hacerlo, para cualquiera que quiera transgredir el orden constitucional, será más alto.
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