Miguel Ángel Granados Chapa
Varias veces se ha reunido el “gabinete de seguridad” con diputados y senadores. El propósito es que los legisladores conozcan, de voz de sus directos responsables, la política gubernamental en esa materia. Asisten los dos secretarios militares: el general Guillermo Galván, de la Defensa, y de Marina, almirante Francisco Saynes; el del ramo, Genaro García Luna, y el de Gobernación, Fernando Gómez Mont; así como el procurador general de la República. Desde diciembre de 2000, el ministerio de Bucareli carece de competencia en la materia, pues entonces se creó precisamente la Secretaría de Seguridad Pública. Pero el presidente Calderón ha confiado en Gómez Mont el papel de su vocero en asuntos de ese género, y eso, más que ninguna responsabilidad específica, explica su presencia en esas reuniones.
En cambio, no es explicable (o sí, por lo que diremos a continuación) la ausencia de los secretarios de Salud y de Hacienda, porque sus oficinas tienen asignadas tareas que corresponden a eslabones indispensables de la política contra el narcotráfico, el ámbito más dilatado de la delincuencia organizada. La ausencia de esos funcionarios deja vastas lagunas en la información que deben recibir senadores y diputados, aunque seguramente no pierden mucho, pues esa misma ausencia revela faltantes en la integración de las estrategias contra el crimen organizado. A Salud (si bien debe participar también el DIF) corresponde aplicar la política, si la hay, si la hubiera, contra las adicciones. A Hacienda, combatir por medios financieros el lavado de dinero. Por eso sus titulares no participan en el gabinete de seguridad: porque sus acciones, no obstante su vínculo con el narcotráfico y la delincuencia organizada, no se conciben como parte de una lucha que implica la persecución a balazos y, en un afortunado extremo, la aprehensión y procesamiento de los delincuentes.
México era hasta hace muy poco tiempo un corredor de paso desde los centros de producción y distribución, situados sobre todo en Sudamérica (Colombia, Perú, Bolivia), hasta el mayor mercado de drogas del mundo, Estados Unidos. México era también exportador, de mariguana sobre todo, y de amapola o su primer producto, la heroína.
Poco a poco, sin embargo, fue creándose un mercado de estupefacientes en México. O se amplió, mejor dicho, porque lo había, pero de reducidas dimensiones. Se consumía sobre todo mariguana. Antaño, la yerba estaba reservada para los cuarteles. La fumaban soldados, cabos y sargentos, sobre todo. Había una notoria permisividad de los mandos hacia esa práctica. Cuando se intensificó la participación militar en la destrucción de plantíos y quema de cosechas, una pequeña porción de la mariguana decomisada quedaba a salvo del exterminio, oculta por allí. Con ella se comerciaba en los pequeños núcleos de estudiantes, artistas e intelectuales que por espíritu libertario y afanes creadores chupaban carrujos para provocarse ensueños. En otros niveles de la sociedad la cocaína era el producto preferido, no en demasía, pues era muy caro.
Pero la avaricia de los mercaderes, que de ese modo pagaban los gastos de traslado, hizo que aumentara el consumo de esos enervantes. La insistencia mercadotécnica no halló valladares que la frenaran. En los años setenta Gobernación abrió unos cuantos centros contra las adicciones, pero eran dispensarios de atención directa, no focos de irradiación de una política contra las crecientes ofertas del mercado. Y así seguimos hoy, cuando el consumo local es tan cuantioso como las exportaciones. De allí que la contienda de las bandas por controlar las rutas de entrada y salida se haya acrecentado y adquirido rasgos de violencia cada vez mayor. Sin nadie que frene las adicciones (o lo haga en la medida necesaria, capaz de generar efectos), el mercado crece.
Falta asimismo atender el extremo final de la cadena. Toda la organización logística, la violencia que viene adosada al comercio mismo, tienen sólo un sentido, el de todo negocio: hacer dinero. Por tratarse de un mercado clandestino, las transacciones se consuman en efectivo. Algunos de sus montos son útiles, así, para la vida diaria, para cubrir el ostentoso tren de vida de los jefes de bandas y sus colaboradores. Pero el elevado volumen de ganancias no puede ser almacenado en un colchón. Sólo excepcionalmente, por circunstancias que no han quedado claras todavía, el empresario Zhenli Ye Gon guardó más de 200 millones de dólares en su casa de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Es presumible que estuvieran allí sólo de paso, en espera de un pronto y mejor destino, cuando su propietario fue sorprendido. Pero, en general, se busca hacer entrar cuanto antes el efectivo en el circuito legal del dinero, donde se manejan cuentas de inversión y de depósito, desde donde se operan negocios inmobiliarios y otros que generen ganancias o parezca que las producen.
Allí las autoridades financieras deberían actuar. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es el órgano regulador de la intermediación financiera, donde se expiden autorizaciones para la apertura y funcionamiento de casas de cambio, instituciones bancarias y bursátiles, así como se expiden reglas para las operaciones de esos centros de negocios. Desde allí debería practicar una vigilancia puntual. Por su parte, la Secretaría de Hacienda cuenta con una unidad de monitoreo, que debiera estar al tanto de transacciones y depósitos extraordinarios, ya sea por su monto u otras características, ya sea por su origen y su destino. Allí debería ser posible poner límite al lavado de dinero, a su conversión de dinero sucio en dinero limpio.
Y sin embargo no se hace, o no se hace en la medida suficiente. Las sumas millonarias que produce el tráfico de drogas son tan notorias que deberían ser sencillamente detectables, a fin de obrar sobre ellas. Pero no es posible debido no sólo a la deficiencia gubernamental, sino a lo que no puede ser sino deliberada falta de comprensión del dato elemental de que allí debe ponerse la atención en la lucha contra la delincuencia organizada, no en las balaceras en calles y caminos…
Varias veces se ha reunido el “gabinete de seguridad” con diputados y senadores. El propósito es que los legisladores conozcan, de voz de sus directos responsables, la política gubernamental en esa materia. Asisten los dos secretarios militares: el general Guillermo Galván, de la Defensa, y de Marina, almirante Francisco Saynes; el del ramo, Genaro García Luna, y el de Gobernación, Fernando Gómez Mont; así como el procurador general de la República. Desde diciembre de 2000, el ministerio de Bucareli carece de competencia en la materia, pues entonces se creó precisamente la Secretaría de Seguridad Pública. Pero el presidente Calderón ha confiado en Gómez Mont el papel de su vocero en asuntos de ese género, y eso, más que ninguna responsabilidad específica, explica su presencia en esas reuniones.
En cambio, no es explicable (o sí, por lo que diremos a continuación) la ausencia de los secretarios de Salud y de Hacienda, porque sus oficinas tienen asignadas tareas que corresponden a eslabones indispensables de la política contra el narcotráfico, el ámbito más dilatado de la delincuencia organizada. La ausencia de esos funcionarios deja vastas lagunas en la información que deben recibir senadores y diputados, aunque seguramente no pierden mucho, pues esa misma ausencia revela faltantes en la integración de las estrategias contra el crimen organizado. A Salud (si bien debe participar también el DIF) corresponde aplicar la política, si la hay, si la hubiera, contra las adicciones. A Hacienda, combatir por medios financieros el lavado de dinero. Por eso sus titulares no participan en el gabinete de seguridad: porque sus acciones, no obstante su vínculo con el narcotráfico y la delincuencia organizada, no se conciben como parte de una lucha que implica la persecución a balazos y, en un afortunado extremo, la aprehensión y procesamiento de los delincuentes.
México era hasta hace muy poco tiempo un corredor de paso desde los centros de producción y distribución, situados sobre todo en Sudamérica (Colombia, Perú, Bolivia), hasta el mayor mercado de drogas del mundo, Estados Unidos. México era también exportador, de mariguana sobre todo, y de amapola o su primer producto, la heroína.
Poco a poco, sin embargo, fue creándose un mercado de estupefacientes en México. O se amplió, mejor dicho, porque lo había, pero de reducidas dimensiones. Se consumía sobre todo mariguana. Antaño, la yerba estaba reservada para los cuarteles. La fumaban soldados, cabos y sargentos, sobre todo. Había una notoria permisividad de los mandos hacia esa práctica. Cuando se intensificó la participación militar en la destrucción de plantíos y quema de cosechas, una pequeña porción de la mariguana decomisada quedaba a salvo del exterminio, oculta por allí. Con ella se comerciaba en los pequeños núcleos de estudiantes, artistas e intelectuales que por espíritu libertario y afanes creadores chupaban carrujos para provocarse ensueños. En otros niveles de la sociedad la cocaína era el producto preferido, no en demasía, pues era muy caro.
Pero la avaricia de los mercaderes, que de ese modo pagaban los gastos de traslado, hizo que aumentara el consumo de esos enervantes. La insistencia mercadotécnica no halló valladares que la frenaran. En los años setenta Gobernación abrió unos cuantos centros contra las adicciones, pero eran dispensarios de atención directa, no focos de irradiación de una política contra las crecientes ofertas del mercado. Y así seguimos hoy, cuando el consumo local es tan cuantioso como las exportaciones. De allí que la contienda de las bandas por controlar las rutas de entrada y salida se haya acrecentado y adquirido rasgos de violencia cada vez mayor. Sin nadie que frene las adicciones (o lo haga en la medida necesaria, capaz de generar efectos), el mercado crece.
Falta asimismo atender el extremo final de la cadena. Toda la organización logística, la violencia que viene adosada al comercio mismo, tienen sólo un sentido, el de todo negocio: hacer dinero. Por tratarse de un mercado clandestino, las transacciones se consuman en efectivo. Algunos de sus montos son útiles, así, para la vida diaria, para cubrir el ostentoso tren de vida de los jefes de bandas y sus colaboradores. Pero el elevado volumen de ganancias no puede ser almacenado en un colchón. Sólo excepcionalmente, por circunstancias que no han quedado claras todavía, el empresario Zhenli Ye Gon guardó más de 200 millones de dólares en su casa de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Es presumible que estuvieran allí sólo de paso, en espera de un pronto y mejor destino, cuando su propietario fue sorprendido. Pero, en general, se busca hacer entrar cuanto antes el efectivo en el circuito legal del dinero, donde se manejan cuentas de inversión y de depósito, desde donde se operan negocios inmobiliarios y otros que generen ganancias o parezca que las producen.
Allí las autoridades financieras deberían actuar. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es el órgano regulador de la intermediación financiera, donde se expiden autorizaciones para la apertura y funcionamiento de casas de cambio, instituciones bancarias y bursátiles, así como se expiden reglas para las operaciones de esos centros de negocios. Desde allí debería practicar una vigilancia puntual. Por su parte, la Secretaría de Hacienda cuenta con una unidad de monitoreo, que debiera estar al tanto de transacciones y depósitos extraordinarios, ya sea por su monto u otras características, ya sea por su origen y su destino. Allí debería ser posible poner límite al lavado de dinero, a su conversión de dinero sucio en dinero limpio.
Y sin embargo no se hace, o no se hace en la medida suficiente. Las sumas millonarias que produce el tráfico de drogas son tan notorias que deberían ser sencillamente detectables, a fin de obrar sobre ellas. Pero no es posible debido no sólo a la deficiencia gubernamental, sino a lo que no puede ser sino deliberada falta de comprensión del dato elemental de que allí debe ponerse la atención en la lucha contra la delincuencia organizada, no en las balaceras en calles y caminos…
Comentarios