Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, admitió ante un comité senatorial que había una creciente resistencia de los mandos militares a seguir participando en la lucha contra el narcotráfico. ¿La razón? El desgaste público que va en aumento, y el temor que una vez que termine el gobierno de Felipe Calderón comience la cacería de aquellos oficiales que, en el curso de las acciones, violaron derechos humanos. Lo que el general Galván omitió es que esa rebeldía silenciosa tiene un destinatario previo al Presidente: él mismo. Hay mandos molestos con Galván porque consideran que ha sido muy complaciente con Calderón y dicen que las cosas tienen que cambiar, ya.
Después de la experiencia por la que atravesaron por su participación en la época de la guerra sucia -algunos casos están bajo escrutinio internacionales hoy en día-, hay mandos que evocan al general Clemente Vega cuando el presidente Vicente Fox, en su obsesión por descarrilar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, le dijo que si encarcelaban al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal y generaba problemas sociales, el Ejército contendría el enojo popular. El ex secretario de la Defensa dijo que no, que si el presidente Fox insistía, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tendría que darle la orden por escrito.
Ese espejo hace una diferencia entre los dos jefes de las Fuerzas Armadas. El general Galván acató la instrucción presidencial y lanzó tropas de élite a las calles del país en defensa de la seguridad interna, pero sin el marco jurídico para proteger a sus oficiales, soldados y él mismo, de un juicio posterior. No hubo reflexión en ese momento, ni el general Galván, quien lleva pidiendo al Senado desde hace poco más de un año que regulen la presencia y participación del Ejército en las calles, ha actuado con la fuerza suficiente para que, ante el vacío legal existente, ofrezca garantías a los militares de que no van a ser acusados y perseguidos en el futuro.
En la lucha contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas enviaron a lo mejor que tenían. ¿Qué saben hacer las tropas de élite? Están entrenadas para matar. Al mandarlos a las calles a hacer tareas que corresponden a policías, comenzaron los problemas. Los incidentes contra población civil se han intensificado. Comenzaron en forma aislada en retenes, donde a diferencia de un policía que cuando alguien lo salta persigue al infractor y muestra el arma con la intención de no utilizarla, los militares sacaban inmediatamente el arma y disparaban. Las cosas, naturalmente, se han complicado.
Hay más heridos que muertos, pero un muerto es demasiado. Por la forma como circula la información, los casos han sido de alto impacto porque, como sucedió recientemente en Tamaulipas y Durango, hubo jóvenes y niños entre los muertos. El asesinato de los dos jóvenes graduados en el Tecnológico de Monterrey es un estudio de caso de cómo están adiestrados los militares: los jóvenes quedaron atrapados en medio de una persecución y tiroteo entre militares y narcotraficantes; corrieron asustados; los soldados, que no sabían quiénes eran, fueron tras ellos; les dispararon y les tiraron explosivos de fragmentación, mutilando a uno de ellos.
En términos de garantías individuales, es inadmisible que este tipo de situaciones se esté dando. Al mismo tiempo, es totalmente injusto que haya una condena a los militares por haber salido a las calles a realizar la defensa de la seguridad interna del país ante la incapacidad de la autoridad civil por hacerla. Los militares lo resienten. En un libro de circulación limitada de reciente aparición (“La Participación de las Fuerzas Armadas en el Entorno Actual de la Seguridad Pública”) , el general Moisés García Ochoa, ex secretario particular del general Vega, y actual director de Administración de la Secretaría, apuntó que como consecuencia de una concepción “demasiado vaga”, se coloca al Ejército como “comodín de muchos males sociales, por lo que si surgen problemas en la sociedad, tanto de delincuencia como políticos…, se determina que ante lo drástico debe intervenir el Ejército”.
La queja abierta del general García Ochoa es un viejo reclamo castrense a los políticos. Los militares no hablan abiertamente de lo que piensan de ellos, pero la percepción que tienen es muy negativa. En el libro, el general García Ochoa, que cita un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, dijo que anualmente los narcotraficantes mexicanos gastan alrededor de seis mil millones de dólares para sobornar funcionarios gubernamentales y policías en todos los niveles. En el reclamo al general Galván por aceptar acríticamente muchas de las instrucciones del Presidente para que sean ellos la primera trinchera en la lucha contra el narcotráfico, se encuentra esa idea de corrupción que tienen sobre aquellos que los presiona y lleva al descrédito.
Se acabó. No se habían terminado de reponer moralmente del desprestigio popular por una sola acción, la matanza en la Noche de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, cuando les cayó el juicio político por la guerra sucia, cuyos casos de torturas y desapariciones aún los persigue. Con ese lastre están ahora en la lucha contra y en un país que, a diferencia del pasado, es una pecera. No tienen mucho espacio para donde hacerse. Como sugirió el general García Ochoa, el Estado ha sido desbordado por el crimen organizado. “En este último caso, la actuación de las Fuerzas Armadas debe darse en colaboración con el resto de instituciones estatales e incluso con colaboración internacional”, escribió.
“Resulta pertinente, para evitar especulaciones o cuestionamientos más de carácter partidista electoral que de carácter legal, en el presente o en el futuro, promover las reformas y adiciones legales necesarias para que en forma expresa se señalen las funciones, atribuciones, autoridades, modo, tiempo, lugar y circunstancias en que deben participar las Fuerzas Armadas”, precisó el general. “Con ello, además de dar una mayor tranquilidad a los gobernados, daría sobretodo una certidumbre jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas, previniendo así juicios de exhibición que sólo desalientan a quienes exponen incluso sus vidas en cumplimiento de un honroso deber, como ha ocurrido en el pasado reciente”.
El Ejército está enviando señales urgentes a la sociedad política que no están a gusto con el estado de cosas actual. Ya empujaron al general secretario a levantar la voz. Merecen la regulación, porque como dijo el general García Ochoa, sí están dando pocos, la vida por muchos de nosotros.
El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, admitió ante un comité senatorial que había una creciente resistencia de los mandos militares a seguir participando en la lucha contra el narcotráfico. ¿La razón? El desgaste público que va en aumento, y el temor que una vez que termine el gobierno de Felipe Calderón comience la cacería de aquellos oficiales que, en el curso de las acciones, violaron derechos humanos. Lo que el general Galván omitió es que esa rebeldía silenciosa tiene un destinatario previo al Presidente: él mismo. Hay mandos molestos con Galván porque consideran que ha sido muy complaciente con Calderón y dicen que las cosas tienen que cambiar, ya.
Después de la experiencia por la que atravesaron por su participación en la época de la guerra sucia -algunos casos están bajo escrutinio internacionales hoy en día-, hay mandos que evocan al general Clemente Vega cuando el presidente Vicente Fox, en su obsesión por descarrilar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, le dijo que si encarcelaban al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal y generaba problemas sociales, el Ejército contendría el enojo popular. El ex secretario de la Defensa dijo que no, que si el presidente Fox insistía, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tendría que darle la orden por escrito.
Ese espejo hace una diferencia entre los dos jefes de las Fuerzas Armadas. El general Galván acató la instrucción presidencial y lanzó tropas de élite a las calles del país en defensa de la seguridad interna, pero sin el marco jurídico para proteger a sus oficiales, soldados y él mismo, de un juicio posterior. No hubo reflexión en ese momento, ni el general Galván, quien lleva pidiendo al Senado desde hace poco más de un año que regulen la presencia y participación del Ejército en las calles, ha actuado con la fuerza suficiente para que, ante el vacío legal existente, ofrezca garantías a los militares de que no van a ser acusados y perseguidos en el futuro.
En la lucha contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas enviaron a lo mejor que tenían. ¿Qué saben hacer las tropas de élite? Están entrenadas para matar. Al mandarlos a las calles a hacer tareas que corresponden a policías, comenzaron los problemas. Los incidentes contra población civil se han intensificado. Comenzaron en forma aislada en retenes, donde a diferencia de un policía que cuando alguien lo salta persigue al infractor y muestra el arma con la intención de no utilizarla, los militares sacaban inmediatamente el arma y disparaban. Las cosas, naturalmente, se han complicado.
Hay más heridos que muertos, pero un muerto es demasiado. Por la forma como circula la información, los casos han sido de alto impacto porque, como sucedió recientemente en Tamaulipas y Durango, hubo jóvenes y niños entre los muertos. El asesinato de los dos jóvenes graduados en el Tecnológico de Monterrey es un estudio de caso de cómo están adiestrados los militares: los jóvenes quedaron atrapados en medio de una persecución y tiroteo entre militares y narcotraficantes; corrieron asustados; los soldados, que no sabían quiénes eran, fueron tras ellos; les dispararon y les tiraron explosivos de fragmentación, mutilando a uno de ellos.
En términos de garantías individuales, es inadmisible que este tipo de situaciones se esté dando. Al mismo tiempo, es totalmente injusto que haya una condena a los militares por haber salido a las calles a realizar la defensa de la seguridad interna del país ante la incapacidad de la autoridad civil por hacerla. Los militares lo resienten. En un libro de circulación limitada de reciente aparición (“La Participación de las Fuerzas Armadas en el Entorno Actual de la Seguridad Pública”) , el general Moisés García Ochoa, ex secretario particular del general Vega, y actual director de Administración de la Secretaría, apuntó que como consecuencia de una concepción “demasiado vaga”, se coloca al Ejército como “comodín de muchos males sociales, por lo que si surgen problemas en la sociedad, tanto de delincuencia como políticos…, se determina que ante lo drástico debe intervenir el Ejército”.
La queja abierta del general García Ochoa es un viejo reclamo castrense a los políticos. Los militares no hablan abiertamente de lo que piensan de ellos, pero la percepción que tienen es muy negativa. En el libro, el general García Ochoa, que cita un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, dijo que anualmente los narcotraficantes mexicanos gastan alrededor de seis mil millones de dólares para sobornar funcionarios gubernamentales y policías en todos los niveles. En el reclamo al general Galván por aceptar acríticamente muchas de las instrucciones del Presidente para que sean ellos la primera trinchera en la lucha contra el narcotráfico, se encuentra esa idea de corrupción que tienen sobre aquellos que los presiona y lleva al descrédito.
Se acabó. No se habían terminado de reponer moralmente del desprestigio popular por una sola acción, la matanza en la Noche de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, cuando les cayó el juicio político por la guerra sucia, cuyos casos de torturas y desapariciones aún los persigue. Con ese lastre están ahora en la lucha contra y en un país que, a diferencia del pasado, es una pecera. No tienen mucho espacio para donde hacerse. Como sugirió el general García Ochoa, el Estado ha sido desbordado por el crimen organizado. “En este último caso, la actuación de las Fuerzas Armadas debe darse en colaboración con el resto de instituciones estatales e incluso con colaboración internacional”, escribió.
“Resulta pertinente, para evitar especulaciones o cuestionamientos más de carácter partidista electoral que de carácter legal, en el presente o en el futuro, promover las reformas y adiciones legales necesarias para que en forma expresa se señalen las funciones, atribuciones, autoridades, modo, tiempo, lugar y circunstancias en que deben participar las Fuerzas Armadas”, precisó el general. “Con ello, además de dar una mayor tranquilidad a los gobernados, daría sobretodo una certidumbre jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas, previniendo así juicios de exhibición que sólo desalientan a quienes exponen incluso sus vidas en cumplimiento de un honroso deber, como ha ocurrido en el pasado reciente”.
El Ejército está enviando señales urgentes a la sociedad política que no están a gusto con el estado de cosas actual. Ya empujaron al general secretario a levantar la voz. Merecen la regulación, porque como dijo el general García Ochoa, sí están dando pocos, la vida por muchos de nosotros.
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