José Gil Olmos
El papel que la prensa mexicana ha desempeñado frente al creciente poder de los cárteles del narcotráfico ha sido incierto, pues va desde la amplia cobertura de sus acciones, con un tinte de nota roja y testimonial, hasta la decisión de la autocensura, originada por las amenazas de muerte.
En medio de esta incertidumbre y del terror que en algunas zonas del país ocasiona a los reporteros cubrir la violencia provocada por los distintos grupos de narcotraficantes, lo que llama la atención es la ausencia de los dueños y directores de los principales medios –televisión, radio y prensa--, quienes no han fijado una posición o una estrategia clara para informar a la ciudadanía sobre uno de los acontecimientos que más le han afectado al país desde hace un siglo.
En Colombia fueron los dueños de los medios y no los periodistas quienes acordaron las medidas para cubrir la información generada por el narcotráfico, a finales de los años ochenta. Y no fue gratuita la posición unificada que tomaron, sino que se originó porque muchos de ellos son parte de la clase política colombiana –hijos o parientes de expresidentes, legisladores, gobernadores, etcétera--, y recibieron amenazas y extorsiones; además, fueron víctimas de terrorismo de los carteles que los obligó a tomar una posición.
Esto no ha ocurrido en México y es posible que por eso no veamos que haya un frente común de dueños y directores de los principales medios, no obstante que en la última década 59 periodistas han sido asesinados y otros ocho se encuentran desaparecidos.
Por la gravedad de la situación no se trata sólo de definir cómo informar de lo que ocurre con el narco, sino también de cómo se protege a los periodistas, cómo realizar un trabajo periodístico de profundidad que informe no sólo del número de muertes violentas, sino de todas las aristas del fenómeno y, asimismo, de los alcances del crimen organizado. Todo esto sin menoscabo al ejercicio de la libertad de expresión.
Hasta el momento cada medio, dependiendo de su propia situación, ha tomado sus medidas para informar del narcotráfico.
En los estados de mayor riesgo como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas, la mayoría de los medios han optado por la autocensura; mientras que en el Distrito Federal, donde se vive una especie de burbuja, algunos han decidido no acreditar los trabajos informativos de sus corresponsales. Las televisoras y las estaciones de radio, por su parte, decidieron dar cuenta de los hechos sin profundizar, es decir sin hacer ninguna investigación sobre el tema del narcotráfico.
Salvo algunos casos, la prensa mexicana en general ha optado por la nota roja y la cobertura testimonial. Es decir, informar como si fuera una nota policíaca y sólo ofrecer un registro de los hechos.
A pesar de que se adolece de investigación, al gobierno panista de Felipe Calderón la difusión de una guerra perdida le sigue incomodando.
Hace poco Felipe Calderón, en una más de sus declaraciones inoportunas, reclamó que se publiquen los mensajes que los narcotraficantes dejan en mantas colgadas en puentes y calles de las ciudades del país, o en los cuerpos de algunos de los ejecutados. Pidió que ya no se difundan más para no hacerles el juego y, al mismo tiempo, instó difundir más las acciones que su gobierno realiza para combatirlos.
Como si fuera un problema de percepción y no estructural, Calderón hizo la petición desesperada a los medios para mejorar su imagen y, en una especie de truco de ilusión, transformar la realidad.
En ese contexto fue que se publicó el encuentro entre Julio Scherer e Ismael El Mayo Zambada, el cual sigue provocando polémica en el medio periodístico y disgusto en el gobierno federal.
La molestia del gobierno es que se evidencio su incapacidad de perseguir a los jefes del narcotráfico, mientras que el debate entre algunos periodistas, intelectuales y analistas se centró en alabar o criticar el trabajo de Scherer, sin reparar en la oportunidad de revisar las formas en que se ha trabajado el tema del narcotráfico y la falta de medidas de protección para los reporteros.
En México, como en su momento en Colombia, el inicio de la cobertura de la violencia ocasionada por el narcotráfico ha sido de nota roja, de dar testimonio de los hechos si reparar en el fondo del fenómeno. Las fotos de ejecutados y el número de muertos, sin embargo, han comenzado a dejar de ser la principal noticia por la cantidad de casos y la espiral de violencia que escala cada día.
Ha llegado el momento de replantear la cobertura periodística del narcotráfico, dar los pasos hacia la investigación y ver las ramificaciones políticas y financieras dentro y fuera del país, verlo también como un problema de salud y no sólo policíaco militar; dar la protección necesaria a los reporteros que son sujetos de amenazas, intimidaciones, torturas y secuestros.
Sobre todo, que los dueños y directores de los medios tomen posiciones y acuerdos para afrontar este poder que tiene bajo su yugo a parte de la prensa mexicana.
El papel que la prensa mexicana ha desempeñado frente al creciente poder de los cárteles del narcotráfico ha sido incierto, pues va desde la amplia cobertura de sus acciones, con un tinte de nota roja y testimonial, hasta la decisión de la autocensura, originada por las amenazas de muerte.
En medio de esta incertidumbre y del terror que en algunas zonas del país ocasiona a los reporteros cubrir la violencia provocada por los distintos grupos de narcotraficantes, lo que llama la atención es la ausencia de los dueños y directores de los principales medios –televisión, radio y prensa--, quienes no han fijado una posición o una estrategia clara para informar a la ciudadanía sobre uno de los acontecimientos que más le han afectado al país desde hace un siglo.
En Colombia fueron los dueños de los medios y no los periodistas quienes acordaron las medidas para cubrir la información generada por el narcotráfico, a finales de los años ochenta. Y no fue gratuita la posición unificada que tomaron, sino que se originó porque muchos de ellos son parte de la clase política colombiana –hijos o parientes de expresidentes, legisladores, gobernadores, etcétera--, y recibieron amenazas y extorsiones; además, fueron víctimas de terrorismo de los carteles que los obligó a tomar una posición.
Esto no ha ocurrido en México y es posible que por eso no veamos que haya un frente común de dueños y directores de los principales medios, no obstante que en la última década 59 periodistas han sido asesinados y otros ocho se encuentran desaparecidos.
Por la gravedad de la situación no se trata sólo de definir cómo informar de lo que ocurre con el narco, sino también de cómo se protege a los periodistas, cómo realizar un trabajo periodístico de profundidad que informe no sólo del número de muertes violentas, sino de todas las aristas del fenómeno y, asimismo, de los alcances del crimen organizado. Todo esto sin menoscabo al ejercicio de la libertad de expresión.
Hasta el momento cada medio, dependiendo de su propia situación, ha tomado sus medidas para informar del narcotráfico.
En los estados de mayor riesgo como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas, la mayoría de los medios han optado por la autocensura; mientras que en el Distrito Federal, donde se vive una especie de burbuja, algunos han decidido no acreditar los trabajos informativos de sus corresponsales. Las televisoras y las estaciones de radio, por su parte, decidieron dar cuenta de los hechos sin profundizar, es decir sin hacer ninguna investigación sobre el tema del narcotráfico.
Salvo algunos casos, la prensa mexicana en general ha optado por la nota roja y la cobertura testimonial. Es decir, informar como si fuera una nota policíaca y sólo ofrecer un registro de los hechos.
A pesar de que se adolece de investigación, al gobierno panista de Felipe Calderón la difusión de una guerra perdida le sigue incomodando.
Hace poco Felipe Calderón, en una más de sus declaraciones inoportunas, reclamó que se publiquen los mensajes que los narcotraficantes dejan en mantas colgadas en puentes y calles de las ciudades del país, o en los cuerpos de algunos de los ejecutados. Pidió que ya no se difundan más para no hacerles el juego y, al mismo tiempo, instó difundir más las acciones que su gobierno realiza para combatirlos.
Como si fuera un problema de percepción y no estructural, Calderón hizo la petición desesperada a los medios para mejorar su imagen y, en una especie de truco de ilusión, transformar la realidad.
En ese contexto fue que se publicó el encuentro entre Julio Scherer e Ismael El Mayo Zambada, el cual sigue provocando polémica en el medio periodístico y disgusto en el gobierno federal.
La molestia del gobierno es que se evidencio su incapacidad de perseguir a los jefes del narcotráfico, mientras que el debate entre algunos periodistas, intelectuales y analistas se centró en alabar o criticar el trabajo de Scherer, sin reparar en la oportunidad de revisar las formas en que se ha trabajado el tema del narcotráfico y la falta de medidas de protección para los reporteros.
En México, como en su momento en Colombia, el inicio de la cobertura de la violencia ocasionada por el narcotráfico ha sido de nota roja, de dar testimonio de los hechos si reparar en el fondo del fenómeno. Las fotos de ejecutados y el número de muertos, sin embargo, han comenzado a dejar de ser la principal noticia por la cantidad de casos y la espiral de violencia que escala cada día.
Ha llegado el momento de replantear la cobertura periodística del narcotráfico, dar los pasos hacia la investigación y ver las ramificaciones políticas y financieras dentro y fuera del país, verlo también como un problema de salud y no sólo policíaco militar; dar la protección necesaria a los reporteros que son sujetos de amenazas, intimidaciones, torturas y secuestros.
Sobre todo, que los dueños y directores de los medios tomen posiciones y acuerdos para afrontar este poder que tiene bajo su yugo a parte de la prensa mexicana.
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