Álvaro Cepeda Neri
Van cinco sexenios y la mitad del actual, que el derecho a la información, con su adición en el Art. 6 de la Constitución proporcionó a los ciudadanos, con sus leyes reglamentarias en las 32 entidades de la Federación (ésta a punto de ser anulada por la propuesta de un mando único policiaco, con lo cual iríamos del Estado Federal al Estado Unitario), los instrumentos para exigir a los gobernantes de los tres poderes, que proporcionen la información que se les solicita. Empero, todo sigue siendo una cofradía de funcionarios (más del PAN, después del PRD y le sigue el PRI) que se niegan a cumplir con esa obligación.
Para ese servicio ante los órganos federales que incluye a la Presidencia de la humillada República por los derechazos del PAN, y a las empresas e instituciones descentralizadas, existe el Instituto Federal del Acceso a la Información, el ya conocido IFAI, por medio del cual los ciudadanos tramitamos el cumplimiento de que recibamos lo que queremos saber sobre todo del uso de los recursos monetarios, y otros asuntos más. El penúltimo de los presidentes de ese órgano colegiado, llamado comisionado, fue el tal Lujambio (panista de corazón y de presupuesto), quien había jurado no separase del cargo... y en cuanto Calderón lo nombró en la SEP, dejó todo y hasta ya precandidato a la sucesión es.
El caso es que Calderón y sus más cómplices que colaboradores, se niegan constantemente a dar la información a los peticionarios. La reportara Elizabeth Velasco (La Jornada: 1/IV/10), acaba ella sí de informar, que las 245 dependencias que integran la administración pública federal, contestan que se proporciona lo solicitado amparándose en la reserva y confidencialidad de los expedientes. La suma de estos es de 6 millones y medio. Al negar la información, el calderonismo ha hecho de la ley una norma, si bien vigente, inéditamente inoperante, para encubrir la corrupción panista.
Con Fox se tenían poco más de 6 millones de expedientes confiscados por el secreto gubernamental. Con Calderón se acumulan más de 500 mil expedientes inaccesibles para el derecho a la información. Estamos, pues, en el sexenio de la desinformación. Solamente se obedece la Ley de Acceso a la Información hasta que se tramita la petición ciudadana, pero no se cumple en cuanto los calderonistas rechazan cumplirla. De Los Pinos nada se puede obtener, ya que su inquilino ha dado la orden de negar toda información. Y las dependencias hacen lo mismo, contestando lo que les conviene. No podemos los mexicanos saber a ciencia cierta cómo deciden, cómo invierten y cuanto regresan (si regresan) de los dineros públicos. Esto significa que la corrupción panista está encubierta por el “obedézcase” (La Ley de Acceso a la Información), pero no se cumpla”. Esta es la divisa que nos dejaron los españoles durante 300 años de coloniaje y tras el Bicentenario de la Independencia no hemos logrado deshacernos de ella, ya que los funcionarios, desde entonces niegan información para poder saquear las finanzas de la Nación.
Van cinco sexenios y la mitad del actual, que el derecho a la información, con su adición en el Art. 6 de la Constitución proporcionó a los ciudadanos, con sus leyes reglamentarias en las 32 entidades de la Federación (ésta a punto de ser anulada por la propuesta de un mando único policiaco, con lo cual iríamos del Estado Federal al Estado Unitario), los instrumentos para exigir a los gobernantes de los tres poderes, que proporcionen la información que se les solicita. Empero, todo sigue siendo una cofradía de funcionarios (más del PAN, después del PRD y le sigue el PRI) que se niegan a cumplir con esa obligación.
Para ese servicio ante los órganos federales que incluye a la Presidencia de la humillada República por los derechazos del PAN, y a las empresas e instituciones descentralizadas, existe el Instituto Federal del Acceso a la Información, el ya conocido IFAI, por medio del cual los ciudadanos tramitamos el cumplimiento de que recibamos lo que queremos saber sobre todo del uso de los recursos monetarios, y otros asuntos más. El penúltimo de los presidentes de ese órgano colegiado, llamado comisionado, fue el tal Lujambio (panista de corazón y de presupuesto), quien había jurado no separase del cargo... y en cuanto Calderón lo nombró en la SEP, dejó todo y hasta ya precandidato a la sucesión es.
El caso es que Calderón y sus más cómplices que colaboradores, se niegan constantemente a dar la información a los peticionarios. La reportara Elizabeth Velasco (La Jornada: 1/IV/10), acaba ella sí de informar, que las 245 dependencias que integran la administración pública federal, contestan que se proporciona lo solicitado amparándose en la reserva y confidencialidad de los expedientes. La suma de estos es de 6 millones y medio. Al negar la información, el calderonismo ha hecho de la ley una norma, si bien vigente, inéditamente inoperante, para encubrir la corrupción panista.
Con Fox se tenían poco más de 6 millones de expedientes confiscados por el secreto gubernamental. Con Calderón se acumulan más de 500 mil expedientes inaccesibles para el derecho a la información. Estamos, pues, en el sexenio de la desinformación. Solamente se obedece la Ley de Acceso a la Información hasta que se tramita la petición ciudadana, pero no se cumple en cuanto los calderonistas rechazan cumplirla. De Los Pinos nada se puede obtener, ya que su inquilino ha dado la orden de negar toda información. Y las dependencias hacen lo mismo, contestando lo que les conviene. No podemos los mexicanos saber a ciencia cierta cómo deciden, cómo invierten y cuanto regresan (si regresan) de los dineros públicos. Esto significa que la corrupción panista está encubierta por el “obedézcase” (La Ley de Acceso a la Información), pero no se cumpla”. Esta es la divisa que nos dejaron los españoles durante 300 años de coloniaje y tras el Bicentenario de la Independencia no hemos logrado deshacernos de ella, ya que los funcionarios, desde entonces niegan información para poder saquear las finanzas de la Nación.
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