Sin investigaciones terminadas, sin trabajos periciales, sin tomar en cuenta las declaraciones de los civiles, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se ha convertido en una suerte de fiscal, de juez para exonerar al Ejército, para intentar tapar la muerte de civiles que han caído en hechos violentos en los que han participado elementos de las Fuerzas Armadas. El abogado lo hizo primero con la muerte de dos brillantes estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso, originario de Saltillo, y Javier Francisco Arredondo Verdugo, de Baja California, y ahora con los homicidios de los menores de edad, Bryan y Martín Almanza Salazar, de cinco y nueve años de edad, hechos ocurridos en un retén en la carretera nacional Nuevo Laredo-Reynosa-Matamoros.
Con gesto adusto, conmovido, el miembro del gabinete prometió en el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey una investigación de los hechos, pero de entrada sugirió que las balas que mataron a los muchachos no provinieron de las armas de los militares. Los alumnos cayeron en un fuego cruzado, del lado de los elementos del Ejército. Identificados en principio como sicarios, los muchachos perecieron, según la versión de Gómez Mont, del lado de los buenos. Nunca explicó la razón para que los cuerpos fueran arrastrados. Han pasado semanas y la Procuraduría General de la República no ha dado a conocer los avances de la investigación. ¿Será necesario conocer cómo van las indagatorias? Sí pero el secretario de Gobernación exculpó a priori a los elementos de las Fuerzas Armadas.
Gómez Mont asumió la misma conducta con el caso de Nuevo Laredo. Desde luego, el funcionario se ha presentando como una especie de vocero del Ejército, institución que nada informa, que nada comenta sobre los hechos donde mueren civiles inocentes. Sin investigaciones de por medio y sin tomar en cuenta los testimonios de los sobrevivientes, las declaraciones de los padres de los dos niños asesinados, el secretario de Gobernación dio por descontado que los muertos y los heridos son producto de un operativo contra integrantes del crimen organizado. Y, ni modo, los menores de edad cayeron en medio de la refriega. Baladrón, exigió a los criminales que den la cara, que peleen de frente.
Claro, el funcionario da la cara para servir de tapadera y para dar a conocer la versión oficial: “El pasado 3 de abril, el personal militar de la Octava Zona Militar recibió información de que se había realizado un enfrentamiento entre presuntos delincuentes en la carretera que conduce a Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, por lo que se procedió a hacer una verificación terrestre. Al llegar a la zona, un grupo de sujetos armados atacaron a los elementos del Ejército, quienes repelieron la agresión. Derivado de los enfrentamientos, en la secuencia de estas agresiones, fallecieron dos menores: Bryan Almanza Salazar, de cinco años de edad, y Martín Almanza Salazar, de nueve años de edad.
“El gobierno federal se une a la pena que embarga a los familiares de los menores fallecidos en este enfrentamiento y está procediendo a la investigación de los hechos, para que en su momento, de manera seria y clara, sean informados primero los familiares y luego a la opinión pública en cuanto a los resultados que determinan con claridad la dinámica de los hechos en que sucedieron estas pérdidas”.
La versión de los familiares difiere de las palabras del secretario de Gobernación. Medios locales han dado espacios a los testimonios de los padres de los niños asesinados: cuatro adultos y siete niños viajaban en una camioneta tipo Tahoe, conducida por Martín Almanza Rodríguez. Al pasar por un retén, redujo la velocidad y bajo los cristales, pero no recibió indicación para hacer alto. Los militares comenzaron a disparar. Cinthia Salazar Castillo, madre de los niños muertos, relató a la prensa que se bajó del vehículo con su hijo Bryan en los brazos.
“Mi hijo murió en mis brazos”. “La bala era para mí pero mató a mi hijo”. “Fueron minutos de terror, de miedo, de coraje”. “Fueron soldados, todos uniformados”. “A uno de ellos, que me apuntaba con su arma le dije que me matara, total que dos de mis cinco hijos ya estaban muertos”, son las frases de la madre de dos niños asesinados.
El gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, dio la cara de frente para decir que “en el caso de la familia Almanza Salazar, que nos duele muchísimo, de verdad, la muerte de estos dos pequeños; pero también el Ejército está haciendo su tarea, está cumpliendo cabalmente con México”.
¿El gobierno federal dará la batalla de frente para evitar la impunidad? Todo indica que no lo hará. Gómez Mont dio su veredicto para hacer de tapadera de los excesos de las fuerzas federales en la guerra contra las drogas. La credibilidad sigue en juego.
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