Jorge Alejandro Medellín / De orden superior
Los “daños colaterales“ –ominoso eufemismo para justificar el acribillamiento de civiles inocentes– de la lucha contra los cárteles de la droga también se hacen sentir entre los mandos del Ejército que desde hace tres años o menos cumplen funciones policiacas en diversos puntos del país.
A ellos se refería el pasado lunes el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, cuando revelaba a un grupo de senadores que desde hace unos meses ha empezado a tener “resistencias” de varios generales, quienes se rehúsan a ir más allá en el combate al narco por la falta de garantías y de blindaje jurídico que los proteja a ellos y a sus mandos, también militares, en las secretarías y direcciones municipales de Seguridad Pública que encabezan.
Esta confesión de parte, muestra el tamaño del desgaste que han sufrido las fuerzas armadas al encabezar en este sexenio el combate al narcotráfico, que cumple poco más de trece años teniendo a los militares como responsables de llevar adelante la misión, pero también es un doble mensaje del alto mando.
Con la revelación, el general Galván sigue adelante con su estrategia de presión constante al Legislativo para que atienda la urgencia de los militares y apruebe al menos la Ley de Seguridad Nacional (LSN), con la que se definirían con precisión las atribuciones de las fuerzas armadas en la lucha contra el narco.
Esto sucederá la próxima semana, que será la última del Periodo Ordinario de Sesiones y en la que se definirá esta parte de la agenda de seguridad nacional que desde el inicio del sexenio ha sido el dolor de cabeza de Galván.
El general sabe que pese a las seis tesis de Jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 1996, el Ejército y la Fuerza Aérea están en las calles, ciudades, pueblos, plazas y carreteras del país contraviniendo el Artículo 129 constitucional, el cual señala que en tiempos de paz las fuerzas armadas mexicanas deberán permanecer en sus cuarteles, dedicadas exclusivamente a actividades propias de su naturaleza.
Si en lo jurídico la actuación militar sigue prendida con alfileres, social y mediáticamente ésta podría haberse derrumbado con el acribillamiento de una familia ocurrido hace casi una semana en la carretera de La Ribereña, en donde soldados instalados en un retén abrieron fuego contra una camioneta en la que había al menos cinco niños.
Dos de ellos murieron en el lugar. Bryan, de cinco años, falleció en los brazos de su madre mientras los soldados seguían disparando y arrojándole granadas a la camioneta en la que viajaba la familia Almanza.
En este contexto de abusos y desatinos que el Secretario de Gobernación ha intentado encubrir repitiendo como propio el eufemismo de los “daños colaterales” a la población civil, el general Galván enfrenta otra crisis en la que al menos ocho generales que tienen cargos como secretarios o directores de Seguridad Pública muestran reticencias para cumplir con su labor.
En el municipio de San Pedro Garza García, el general Gonzalo Miguel Adalid Mier enfrenta una guerra alterna a los problemas de seguridad habituales. El campo de batalla en que se convirtió Monterrey ha rebasado las capacidades de respuesta del general y del alcalde Mauricio Fernández Garza, con todo y sus 2 mil elementos de inteligencia, entre los que hay sicarios y operadores de cárteles de la droga.
En Puebla, el secretario de Seguridad Pública, el general Mario Ayón Rodríguez, también ha visto decrecer el poder de las medidas de contención para frenar la presencia de cárteles de la droga como el de La Empresa (antes conocidos como Los Zetas).
En Veracruz, el general Sergio López Esquer, también secretario de Seguridad Pública estatal, ha sido rebasado por la presencia de La Empresa y de sicarios del cartel del Golfo (CDG) que siguen enfrentándose a lo largo de la franja de las costas en esa región del país.
En tanto, el general Juan Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad Pública en Guerrero, se ha convertido en un inoperante testigo de la violencia y la guerra entre los cárteles de Sinaloa y gente de Edgar Valdez Villarreal por el control del estado. Los enfrentamientos en Guerrero ocurren a diario.
Las carreteras, las montañas, los poblados y rancherías son escenarios de ejecuciones masivas y de balaceras que ahora se han extendido a la Costera Miguel Alemán, en pleno corazón de Acapulco, sin que el Ejército, la Marina y mucho menos el general Salinas Altés sean capaces de detener esta ola de violencia.
En Coahuila, el general Carlos Bibiano Villa, director de Seguridad Pública del estado, está atrapado entre dos o tres fuegos del narco por la guerra de exterminio que llevan a cabo el cartel del Golfo, la gente del cartel de Sinaloa, así como varias fracciones de Los Zetas, de La Empresa y de otras bandas.
En Durango, el polémico general Valentín Romano López, también secretario de Seguridad estatal, vive situaciones similares con los enfrentamientos entre cárteles y sobre todo con la dispar distribución y proporción entre policías estatales y municipales, y con los levantones del narco contra los agentes de seguridad de las corporaciones duranguenses.
En el estado de Morelos el veterano y también polémico general Gastón Menchaca Arias, experto en contrainsurgencia, quedó exhibido como secretario de Seguridad Pública estatal tras la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y las revelaciones de la propia Armada de México sobre la residencia del extinto jefe del cartel que tenía varios años viviendo en Cuernavaca a unas calles del cuartel militar de zona.
Ahora Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, se ha ostentado como el jefe de esa plaza colocando narcomantas y mensajes frente a las oficinas del gobernador Adame.
En Quintana Roo, el general Urbano Pérez Bañuelos, titular de Seguridad Pública estatal, sigue bajo el asedio de sicarios de Los Zetas, de la Empresa y de otro grupos que se disputan ese punto de entrada y salida de drogas, dinero, armas y personas.
Estos generales forman parte de una lista más amplia a al que se suman militares como el general Felipe de Jesús Espitia, comandante de la Quinta Zona Militar y quien era el responsable de coordinar la Operación Conjunta Chihuahua.
Espitia vio degradada su actuación en la medida en que los hechos sangrientos en Ciudad Juárez fueron sumándose a cifras dramáticas, como el abandono de más de cien mil inmuebles en ese punto fronterizo (casas, tiendas, locales comerciales, bares, restaurantes) como consecuencia del terror sembrado por cárteles de Sinaloa y de Vicente Carrillo.
Se menciona que su remoción es inminente y que se dará en las próximas semanas.
Se buscan…militares.
Este es el panorama que enfrenta el general Galván y que lo ha obligado a lanzar desde el pasado martes una Convocatoria a los militares retirados con los grados de Capitanes Primeros y hasta Generales de División para que a partir del siete de mayo acudan a la SEDENA a tomar un curso especial de Seguridad Pública.
La intención de Galván es tener listo al personal suficiente para responder a la inminente desaparición de las policías municipales y su fusión con las estatales para darle vida al nuevo modelo policial que deberá enfrentar al crimen organizado.
El esquema propuesto en principio por Genaro García Luna, titular de la SSPF, sería modificado para que los cuerpos policiacos surgidos de esta reestructuración tengan Estados Mayores dirigidos por mandos militares en retiro o con licencia.
Este es el as bajo la magna del secretario de la Defensa, en aras de no perder presencia para equilibrar el poder que tendrían los gobernadores y el propio García Luna y para respaldar desde diversos ángulos los cinco o diez años más que los militares seguirán en las calles combatiendo al narco, como lo ha adelantado el propio Guillermo Galván.
Los “daños colaterales“ –ominoso eufemismo para justificar el acribillamiento de civiles inocentes– de la lucha contra los cárteles de la droga también se hacen sentir entre los mandos del Ejército que desde hace tres años o menos cumplen funciones policiacas en diversos puntos del país.
A ellos se refería el pasado lunes el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, cuando revelaba a un grupo de senadores que desde hace unos meses ha empezado a tener “resistencias” de varios generales, quienes se rehúsan a ir más allá en el combate al narco por la falta de garantías y de blindaje jurídico que los proteja a ellos y a sus mandos, también militares, en las secretarías y direcciones municipales de Seguridad Pública que encabezan.
Esta confesión de parte, muestra el tamaño del desgaste que han sufrido las fuerzas armadas al encabezar en este sexenio el combate al narcotráfico, que cumple poco más de trece años teniendo a los militares como responsables de llevar adelante la misión, pero también es un doble mensaje del alto mando.
Con la revelación, el general Galván sigue adelante con su estrategia de presión constante al Legislativo para que atienda la urgencia de los militares y apruebe al menos la Ley de Seguridad Nacional (LSN), con la que se definirían con precisión las atribuciones de las fuerzas armadas en la lucha contra el narco.
Esto sucederá la próxima semana, que será la última del Periodo Ordinario de Sesiones y en la que se definirá esta parte de la agenda de seguridad nacional que desde el inicio del sexenio ha sido el dolor de cabeza de Galván.
El general sabe que pese a las seis tesis de Jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 1996, el Ejército y la Fuerza Aérea están en las calles, ciudades, pueblos, plazas y carreteras del país contraviniendo el Artículo 129 constitucional, el cual señala que en tiempos de paz las fuerzas armadas mexicanas deberán permanecer en sus cuarteles, dedicadas exclusivamente a actividades propias de su naturaleza.
Si en lo jurídico la actuación militar sigue prendida con alfileres, social y mediáticamente ésta podría haberse derrumbado con el acribillamiento de una familia ocurrido hace casi una semana en la carretera de La Ribereña, en donde soldados instalados en un retén abrieron fuego contra una camioneta en la que había al menos cinco niños.
Dos de ellos murieron en el lugar. Bryan, de cinco años, falleció en los brazos de su madre mientras los soldados seguían disparando y arrojándole granadas a la camioneta en la que viajaba la familia Almanza.
En este contexto de abusos y desatinos que el Secretario de Gobernación ha intentado encubrir repitiendo como propio el eufemismo de los “daños colaterales” a la población civil, el general Galván enfrenta otra crisis en la que al menos ocho generales que tienen cargos como secretarios o directores de Seguridad Pública muestran reticencias para cumplir con su labor.
En el municipio de San Pedro Garza García, el general Gonzalo Miguel Adalid Mier enfrenta una guerra alterna a los problemas de seguridad habituales. El campo de batalla en que se convirtió Monterrey ha rebasado las capacidades de respuesta del general y del alcalde Mauricio Fernández Garza, con todo y sus 2 mil elementos de inteligencia, entre los que hay sicarios y operadores de cárteles de la droga.
En Puebla, el secretario de Seguridad Pública, el general Mario Ayón Rodríguez, también ha visto decrecer el poder de las medidas de contención para frenar la presencia de cárteles de la droga como el de La Empresa (antes conocidos como Los Zetas).
En Veracruz, el general Sergio López Esquer, también secretario de Seguridad Pública estatal, ha sido rebasado por la presencia de La Empresa y de sicarios del cartel del Golfo (CDG) que siguen enfrentándose a lo largo de la franja de las costas en esa región del país.
En tanto, el general Juan Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad Pública en Guerrero, se ha convertido en un inoperante testigo de la violencia y la guerra entre los cárteles de Sinaloa y gente de Edgar Valdez Villarreal por el control del estado. Los enfrentamientos en Guerrero ocurren a diario.
Las carreteras, las montañas, los poblados y rancherías son escenarios de ejecuciones masivas y de balaceras que ahora se han extendido a la Costera Miguel Alemán, en pleno corazón de Acapulco, sin que el Ejército, la Marina y mucho menos el general Salinas Altés sean capaces de detener esta ola de violencia.
En Coahuila, el general Carlos Bibiano Villa, director de Seguridad Pública del estado, está atrapado entre dos o tres fuegos del narco por la guerra de exterminio que llevan a cabo el cartel del Golfo, la gente del cartel de Sinaloa, así como varias fracciones de Los Zetas, de La Empresa y de otras bandas.
En Durango, el polémico general Valentín Romano López, también secretario de Seguridad estatal, vive situaciones similares con los enfrentamientos entre cárteles y sobre todo con la dispar distribución y proporción entre policías estatales y municipales, y con los levantones del narco contra los agentes de seguridad de las corporaciones duranguenses.
En el estado de Morelos el veterano y también polémico general Gastón Menchaca Arias, experto en contrainsurgencia, quedó exhibido como secretario de Seguridad Pública estatal tras la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y las revelaciones de la propia Armada de México sobre la residencia del extinto jefe del cartel que tenía varios años viviendo en Cuernavaca a unas calles del cuartel militar de zona.
Ahora Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, se ha ostentado como el jefe de esa plaza colocando narcomantas y mensajes frente a las oficinas del gobernador Adame.
En Quintana Roo, el general Urbano Pérez Bañuelos, titular de Seguridad Pública estatal, sigue bajo el asedio de sicarios de Los Zetas, de la Empresa y de otro grupos que se disputan ese punto de entrada y salida de drogas, dinero, armas y personas.
Estos generales forman parte de una lista más amplia a al que se suman militares como el general Felipe de Jesús Espitia, comandante de la Quinta Zona Militar y quien era el responsable de coordinar la Operación Conjunta Chihuahua.
Espitia vio degradada su actuación en la medida en que los hechos sangrientos en Ciudad Juárez fueron sumándose a cifras dramáticas, como el abandono de más de cien mil inmuebles en ese punto fronterizo (casas, tiendas, locales comerciales, bares, restaurantes) como consecuencia del terror sembrado por cárteles de Sinaloa y de Vicente Carrillo.
Se menciona que su remoción es inminente y que se dará en las próximas semanas.
Se buscan…militares.
Este es el panorama que enfrenta el general Galván y que lo ha obligado a lanzar desde el pasado martes una Convocatoria a los militares retirados con los grados de Capitanes Primeros y hasta Generales de División para que a partir del siete de mayo acudan a la SEDENA a tomar un curso especial de Seguridad Pública.
La intención de Galván es tener listo al personal suficiente para responder a la inminente desaparición de las policías municipales y su fusión con las estatales para darle vida al nuevo modelo policial que deberá enfrentar al crimen organizado.
El esquema propuesto en principio por Genaro García Luna, titular de la SSPF, sería modificado para que los cuerpos policiacos surgidos de esta reestructuración tengan Estados Mayores dirigidos por mandos militares en retiro o con licencia.
Este es el as bajo la magna del secretario de la Defensa, en aras de no perder presencia para equilibrar el poder que tendrían los gobernadores y el propio García Luna y para respaldar desde diversos ángulos los cinco o diez años más que los militares seguirán en las calles combatiendo al narco, como lo ha adelantado el propio Guillermo Galván.
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