Martha Anaya / Crónica de Política
A las 13:15 horas, el senador Pedro Joaquín Coldwell se asomó al salón donde supuestamente debían trabajar ayer las comisiones unidas de Seguridad Pública, de Gobernación y de Estudios Legislativos el proyecto de Ley de Seguridad Nacional.
Pocos, muy pocos eran los asistentes en ese momento –unos cuantos panistas y los asesores de Gobernación–, aunque la cita era a la una de la tarde. A las 13:30 eran aún menos los presentes.
El tema del fuero militar, se sabía, era uno de los principales asuntos que tenía atorado el dictamen en el Senado. Los militares se niegan a ser juzgados por civiles y el PAN lleva su defensa en ello: simplemente lo desaparecieron del proyecto de dictamen.
Pero no era el único punto que tenía entrampada la discusión de la Ley de Seguridad Nacional, 23 reservas se habían manifestado la noche anterior. Entre otras, estaba aquella de si los militares debían estar subordinados al poder civil o no.
Había también una propuesta de la secretaría de Gobernación que arrancó risas y protestas de los senadores perredistas y priistas, pues establecía que abría la posibilidad de que el Presidente de la República pudiese autorizar el despliegue de tropas sin autorización del Senado.
Tal articulado dispone que el Ejecutivo Federal pueda declarar la afectación de la seguridad interior “bajo su más estricta responsabilidad”.
Eso es lo que se habían encontrado los senadores el lunes por la noche y que este martes supuestamente discutirían. Los perredistas estaban dispuestos a entrarle al toro, a discutir sobre la mesa. Los priistas no. De no ser Pedro Joaquín Coldwell (quien asiste como observador) ningún otro tricolor se paró por el salón.
Los panistas seguían esperando. Los enviados de Gobernación aguardaban también. Para las dos y media de la tarde, el panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, declaró definitivamente la falta de quórum y citó para este miércoles a las cinco de la tarde.
Según el perredista Tomás Torres, la ausencia de los priistas se debía a que “se están cruzando temas políticos” y se está negociando “una ley por otra”. (No hay que olvidar que en otro carril está la discusión de la Ley de Radio y Televisión).
Mientras tanto, en el patio de Xicoténcatl, representantes del Comité del 68 –encabezados por Raúl Álvarez Garín—demandaban “una gran consulta nacional” sobre la Ley de Seguridad Nacional.
Según Álvarez Garín, el andamiaje jurídico que se ha ido construyendo en los últimos años es “un aparato represivo” que trata de imponer por la vía de los hechos la militarización del país para sofocar las inconformidades sociales y de los grupos de izquierda.
Esta Ley de Seguridad Nacional que proponen, diría: “trata de la construcción de un aparato policiaco diseñado para la seguridad del gobierno en turno”.
Carlos Navarrete (PRD), presidente del Senado, se sentó a hablar con ellos.
Así pasaron las horas y el proyecto de Ley quedó a la espera de un mejor momento para su discusión.
A las 13:15 horas, el senador Pedro Joaquín Coldwell se asomó al salón donde supuestamente debían trabajar ayer las comisiones unidas de Seguridad Pública, de Gobernación y de Estudios Legislativos el proyecto de Ley de Seguridad Nacional.
Pocos, muy pocos eran los asistentes en ese momento –unos cuantos panistas y los asesores de Gobernación–, aunque la cita era a la una de la tarde. A las 13:30 eran aún menos los presentes.
El tema del fuero militar, se sabía, era uno de los principales asuntos que tenía atorado el dictamen en el Senado. Los militares se niegan a ser juzgados por civiles y el PAN lleva su defensa en ello: simplemente lo desaparecieron del proyecto de dictamen.
Pero no era el único punto que tenía entrampada la discusión de la Ley de Seguridad Nacional, 23 reservas se habían manifestado la noche anterior. Entre otras, estaba aquella de si los militares debían estar subordinados al poder civil o no.
Había también una propuesta de la secretaría de Gobernación que arrancó risas y protestas de los senadores perredistas y priistas, pues establecía que abría la posibilidad de que el Presidente de la República pudiese autorizar el despliegue de tropas sin autorización del Senado.
Tal articulado dispone que el Ejecutivo Federal pueda declarar la afectación de la seguridad interior “bajo su más estricta responsabilidad”.
Eso es lo que se habían encontrado los senadores el lunes por la noche y que este martes supuestamente discutirían. Los perredistas estaban dispuestos a entrarle al toro, a discutir sobre la mesa. Los priistas no. De no ser Pedro Joaquín Coldwell (quien asiste como observador) ningún otro tricolor se paró por el salón.
Los panistas seguían esperando. Los enviados de Gobernación aguardaban también. Para las dos y media de la tarde, el panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, declaró definitivamente la falta de quórum y citó para este miércoles a las cinco de la tarde.
Según el perredista Tomás Torres, la ausencia de los priistas se debía a que “se están cruzando temas políticos” y se está negociando “una ley por otra”. (No hay que olvidar que en otro carril está la discusión de la Ley de Radio y Televisión).
Mientras tanto, en el patio de Xicoténcatl, representantes del Comité del 68 –encabezados por Raúl Álvarez Garín—demandaban “una gran consulta nacional” sobre la Ley de Seguridad Nacional.
Según Álvarez Garín, el andamiaje jurídico que se ha ido construyendo en los últimos años es “un aparato represivo” que trata de imponer por la vía de los hechos la militarización del país para sofocar las inconformidades sociales y de los grupos de izquierda.
Esta Ley de Seguridad Nacional que proponen, diría: “trata de la construcción de un aparato policiaco diseñado para la seguridad del gobierno en turno”.
Carlos Navarrete (PRD), presidente del Senado, se sentó a hablar con ellos.
Así pasaron las horas y el proyecto de Ley quedó a la espera de un mejor momento para su discusión.
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