La violencia contra el gremio periodístico se incrementa cada día y se ha vuelto imparable, como lo confirman los hechos de las últimas horas y días en los que fueron allanadas las oficinas de la revista Contralínea, además del asesinato y desaparición de dos periodistas en el estado de Michoacán.
Armando Prida Huerta, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión dijo que los hechos violentos en contra de la Libertad de Expresión “no pueden oscurecer el futuro de nuestro país ni mucho menos romper los sueños de alcanzar una sociedad verdaderamente democrática”.
El periodista Miguel Badillo Cruz dio a conocer a la Fundación para la Libertad de Expresión que esta mañana al llegar a las oficinas de la revista Contralínea encontraron que las cerraduras de la oficina ubicada en un cuarto piso habían sido violadas, varias puertas y cajones de escritorios fueron rotos y sustraída información contable y administrativa, además de sustraer teléfonos celulares y equipo de cómputo, entre ellas su computadora personal.
Badillo Cruz, Director General de Contralínea, recordó que en dos ocasiones anteriores hubo acoso con supuestas órdenes judiciales por parte de empresarios ligados a la paraestatal Petróleos Mexicanos, pero esta ocasión ya es un abierto acto delicuencial “y lo que nos queda muy claro es que no se trata de un robo del fuero común, sino que esto es un ataque dirigido porque estamos en un edificio de varios pisos y la única oficina violentada fue la nuestra”.
En un comunicado de la revista, se recuerda que “actualmente, Contralínea enfrenta seis demandas civiles y una penal interpuestas por los corporativos Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine”, además de que esta publicación con sede en la ciudad de México y ediciones en varios estados de la República “investiga temas relacionados con la seguridad nacional, la corrupción gubernamental, los delitos de cuello blanco, narcotráfico, lavado de dinero, así como temas sociales relacionados con la pobreza, la marginación y la guerrilla”.
Asimismo, recuerda el comunicado de Contralínea que “el 14 de septiembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009, en la cual determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación”, donde “se acreditó como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos”.
Reportero desaparecido en Michoacán
Conocido por la publicación de los conflictos sociales que en la meseta purépecha, en Michoacán, han protagonizado indígenas campesinos contra talamontes, el periodista Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal del periódico Cambio de Michoacán, desapareció el 6 de abril último.
Del corresponsal del periódico Cambio de Michoacán se perdió toda comunicación y rastro desde esa fecha cuando, a las 13 horas, se dirigía a las instalaciones de la Universidad Nacional Pedagógica, en el municipio de Paracho.
La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) lamenta la desaparición del periodista de extracción purépecha, quien es parte de esta comunidad y cuyo trabajo en el referido medio es bien conocido, tanto por sus vecinos campesinos, como por quienes se dedican a la deforestación en la zona.
Ramón Ángeles Zalpa, especializado en política, seguridad pública, temas agrarios y ambientales, hacía poco había informado del ataque de un grupo armado contra una familia indígena en los límites de los municipios de Angahuen y San Juan Nuevo Parangaricutiro.
Tras ese trabajo, el viernes 2 de abril comenzaron a recibirse llamadas telefónicas en su domicilio, la última de las cuales contestó el propio Ángeles Zalpa y, como sus familiares en las anteriores, tampoco escuchó voz alguna del otro lado de la línea; cuatro días después se produjo su desaparición.
El trabajo de Ramón Ángeles Zalpa no sólo daba cuenta de la lucha de indígenas campesinos de la región en contra de talamontes, sino también de la complacencia de autoridades municipales y estatales que permitían el saqueo de la riqueza maderera de la región.
Como en el caso de la desaparición de otra periodista, María Esther Aguilar Casimbe, ocurrida el 11 de noviembre último e igualmente colaboradora de Cambio de Michoacán, tampoco en éste se tiene evidencia de que la investigación demandada, realmente se lleve a cabo.
De la desaparición de Aguilar Casimbe ocurrida hace cinco meses, nada se sabe hasta esta fecha.
La Fundación para la Libertad de Expresión, que preside Armando Prida Huerta, sostiene que las autoridades legalmente constituidas están obligadas a poner un alto al método del terror que poderes, institucionales o no, utilizan para limitar o de plano detener la búsqueda de la verdad, que es substancia del periodismo.
Columnista asesinado
El cadáver del columnista, catedrático, notario y político, Enrique Villicaña Palomares, de aproximadamente 55 años de edad, fue localizado este domingo en la capital de Michoacán, luego de haber sido secuestrado el lunes 5 de abril y pese a que su familia habría pagado el rescate exigido para entregarlo con vida.
Además de notario y político, Villicaña Palomares fue Director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Secretario Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Presidente del Patronato para el Rescate del Centro Histórico y Columnista de periódicos locales.
Fundalex expresa su preocupación por el clima de hostigamiento e inseguridad que pesa sobre los periodistas en Michoacán y el resto de la República, toda vez que la desaparición de Ángeles Zalpa, es la cuarta en Michoacán, desde 2006, y la décima a nivel nacional, desde 2000. Asimismo, el asesinato de Enrique Villicaña Palomares es el quinto en este año.
La Fundación para la Libertad de Expresión se suma a la exigencia de los familiares de los periodistas, así como del periódico Cambio de Michoacán y de diversas organizaciones, para que las autoridades locales esclarezcan cuanto antes el paradero de Ángeles Zalpa, encuentren a los asesinos de Enrique Villicaña Palomares y establezcan garantías reales al libre ejercicio del oficio periodístico.
También, considera inadmisible que las instituciones de seguridad del Estado se hayan vuelto tan débiles como para no poder garantizar el ejercicio de uno de los derechos fundamentales de la sociedad, el de la libertad de expresión, al que han dejado vulnerable y, prácticamente, en estado de indefensión absoluta.
Armando Prida Huerta, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión dijo que los hechos violentos en contra de la Libertad de Expresión “no pueden oscurecer el futuro de nuestro país ni mucho menos romper los sueños de alcanzar una sociedad verdaderamente democrática”.
El periodista Miguel Badillo Cruz dio a conocer a la Fundación para la Libertad de Expresión que esta mañana al llegar a las oficinas de la revista Contralínea encontraron que las cerraduras de la oficina ubicada en un cuarto piso habían sido violadas, varias puertas y cajones de escritorios fueron rotos y sustraída información contable y administrativa, además de sustraer teléfonos celulares y equipo de cómputo, entre ellas su computadora personal.
Badillo Cruz, Director General de Contralínea, recordó que en dos ocasiones anteriores hubo acoso con supuestas órdenes judiciales por parte de empresarios ligados a la paraestatal Petróleos Mexicanos, pero esta ocasión ya es un abierto acto delicuencial “y lo que nos queda muy claro es que no se trata de un robo del fuero común, sino que esto es un ataque dirigido porque estamos en un edificio de varios pisos y la única oficina violentada fue la nuestra”.
En un comunicado de la revista, se recuerda que “actualmente, Contralínea enfrenta seis demandas civiles y una penal interpuestas por los corporativos Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine”, además de que esta publicación con sede en la ciudad de México y ediciones en varios estados de la República “investiga temas relacionados con la seguridad nacional, la corrupción gubernamental, los delitos de cuello blanco, narcotráfico, lavado de dinero, así como temas sociales relacionados con la pobreza, la marginación y la guerrilla”.
Asimismo, recuerda el comunicado de Contralínea que “el 14 de septiembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009, en la cual determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación”, donde “se acreditó como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos”.
Reportero desaparecido en Michoacán
Conocido por la publicación de los conflictos sociales que en la meseta purépecha, en Michoacán, han protagonizado indígenas campesinos contra talamontes, el periodista Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal del periódico Cambio de Michoacán, desapareció el 6 de abril último.
Del corresponsal del periódico Cambio de Michoacán se perdió toda comunicación y rastro desde esa fecha cuando, a las 13 horas, se dirigía a las instalaciones de la Universidad Nacional Pedagógica, en el municipio de Paracho.
La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) lamenta la desaparición del periodista de extracción purépecha, quien es parte de esta comunidad y cuyo trabajo en el referido medio es bien conocido, tanto por sus vecinos campesinos, como por quienes se dedican a la deforestación en la zona.
Ramón Ángeles Zalpa, especializado en política, seguridad pública, temas agrarios y ambientales, hacía poco había informado del ataque de un grupo armado contra una familia indígena en los límites de los municipios de Angahuen y San Juan Nuevo Parangaricutiro.
Tras ese trabajo, el viernes 2 de abril comenzaron a recibirse llamadas telefónicas en su domicilio, la última de las cuales contestó el propio Ángeles Zalpa y, como sus familiares en las anteriores, tampoco escuchó voz alguna del otro lado de la línea; cuatro días después se produjo su desaparición.
El trabajo de Ramón Ángeles Zalpa no sólo daba cuenta de la lucha de indígenas campesinos de la región en contra de talamontes, sino también de la complacencia de autoridades municipales y estatales que permitían el saqueo de la riqueza maderera de la región.
Como en el caso de la desaparición de otra periodista, María Esther Aguilar Casimbe, ocurrida el 11 de noviembre último e igualmente colaboradora de Cambio de Michoacán, tampoco en éste se tiene evidencia de que la investigación demandada, realmente se lleve a cabo.
De la desaparición de Aguilar Casimbe ocurrida hace cinco meses, nada se sabe hasta esta fecha.
La Fundación para la Libertad de Expresión, que preside Armando Prida Huerta, sostiene que las autoridades legalmente constituidas están obligadas a poner un alto al método del terror que poderes, institucionales o no, utilizan para limitar o de plano detener la búsqueda de la verdad, que es substancia del periodismo.
Columnista asesinado
El cadáver del columnista, catedrático, notario y político, Enrique Villicaña Palomares, de aproximadamente 55 años de edad, fue localizado este domingo en la capital de Michoacán, luego de haber sido secuestrado el lunes 5 de abril y pese a que su familia habría pagado el rescate exigido para entregarlo con vida.
Además de notario y político, Villicaña Palomares fue Director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Secretario Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Presidente del Patronato para el Rescate del Centro Histórico y Columnista de periódicos locales.
Fundalex expresa su preocupación por el clima de hostigamiento e inseguridad que pesa sobre los periodistas en Michoacán y el resto de la República, toda vez que la desaparición de Ángeles Zalpa, es la cuarta en Michoacán, desde 2006, y la décima a nivel nacional, desde 2000. Asimismo, el asesinato de Enrique Villicaña Palomares es el quinto en este año.
La Fundación para la Libertad de Expresión se suma a la exigencia de los familiares de los periodistas, así como del periódico Cambio de Michoacán y de diversas organizaciones, para que las autoridades locales esclarezcan cuanto antes el paradero de Ángeles Zalpa, encuentren a los asesinos de Enrique Villicaña Palomares y establezcan garantías reales al libre ejercicio del oficio periodístico.
También, considera inadmisible que las instituciones de seguridad del Estado se hayan vuelto tan débiles como para no poder garantizar el ejercicio de uno de los derechos fundamentales de la sociedad, el de la libertad de expresión, al que han dejado vulnerable y, prácticamente, en estado de indefensión absoluta.
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