Laura Itzel Castillo
“La empresa consultora McKinsey fue contratada en enero de 2010, y está desarrollando actualmente una herramienta que sea capaz de integrar y optimizar los sistemas de refinación de petróleo, distribución de hidrocarburos y generación y transmisión de energía eléctrica para contribuir a la planeación integral del sector”.
El párrafo anterior es cita textual del documento elaborado por Georgina Kessel, secretaria de Energía del régimen de facto, mediante el cual responde a 137 preguntas parlamentarias que le formuló la Cámara de Diputados con motivo del procedimiento legislativo para ratificar, o no, la Estrategia Nacional de Energía, hoy conocida como ENE.
La ENE representa el primer ejercicio de planeación prospectiva del Estado mexicano que incluye dos variables jamás contempladas en la ley. En primer lugar la estrategia energética cuenta con una visión a 15 años. En segundo lugar, y no por ello menos importante, por primera vez corresponde al Poder Legislativo y no al Ejecutivo, otorgar la validez legal a este plan.
La importancia de este documento para los intereses de todas y todos los mexicanos contrasta con la desfachatez de quienes hoy controlan a este país. Por un lado Kessel reconoce haber contratado a McKinsey para “contribuir en la planeación integral del sector”. Por otro lado el Congreso actúa como si se tratase de un maestro corrupto.
Es el caso de la resolución del Senado en relación con la ENE. Resulta que el Senado optó por ratificar la ENE y después hacer observaciones para que una vez más corresponda toda la definición del plan al poder presidencialista. Como dijera Jaime Cárdenas: el Senado actuó como si un profesor calificara con 10 a un alumno y le diera, después de calificado, 90 días para contestar el examen. De ese tamaño es la visión republicana de Labastida.
Hoy la Cámara de Diputados, con el tiempo encima, tendrá que definir si sigue el método Labastida o el procedimiento legislativo que establece la Constitución en su artículo 72, y que recomendó el licenciado Emilio Suárez Licona, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara, a través de un estudio que elaboró el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria.
En otras palabras, la Cámara de Diputados puede ratificar la estrategia nacional de energía y pedirle a otro poder que le haga caso, o bien puede modificar y adicionar los artículos del decreto que el Senado aprobó.
Desde este espacio hago un llamado a que el Poder Legislativo actúe como tal, como todo un poder independiente.
De pasillo. Georgina Kessel desconoce cuáles son las reservas de hidrocarburos en Chicontepec. Basa la rentabilidad del proyecto en una investigación de tecnologías que desconoce. Incluso en el mundo todavía no se ha inventado la tecnología para la extracción en ese tipo de yacimientos. Lo que paradójicamente sí se conoce en otras latitudes son los llamados contratos de desempeño (mejor conocidos en México como contratos de riesgo). Dicho modelo de contrato aún no es aprobado por el Consejo de Administración de Pemex y ya está en manos de las empresas. Según dijo el secretario de Economía en Davos, son las empresas trasnacionales las que participaron en su elaboración. En él se establecen, entre otras cosas, que Pemex renuncia a los tribunales mexicanos, otorga jurisdicción a tribunales extranjeros y cede a los contratistas extranjeros el derecho exclusivo de explotar el petróleo. ¿Será esta la razón de tantas anomalías en la ratificación de la ENE?
“La empresa consultora McKinsey fue contratada en enero de 2010, y está desarrollando actualmente una herramienta que sea capaz de integrar y optimizar los sistemas de refinación de petróleo, distribución de hidrocarburos y generación y transmisión de energía eléctrica para contribuir a la planeación integral del sector”.
El párrafo anterior es cita textual del documento elaborado por Georgina Kessel, secretaria de Energía del régimen de facto, mediante el cual responde a 137 preguntas parlamentarias que le formuló la Cámara de Diputados con motivo del procedimiento legislativo para ratificar, o no, la Estrategia Nacional de Energía, hoy conocida como ENE.
La ENE representa el primer ejercicio de planeación prospectiva del Estado mexicano que incluye dos variables jamás contempladas en la ley. En primer lugar la estrategia energética cuenta con una visión a 15 años. En segundo lugar, y no por ello menos importante, por primera vez corresponde al Poder Legislativo y no al Ejecutivo, otorgar la validez legal a este plan.
La importancia de este documento para los intereses de todas y todos los mexicanos contrasta con la desfachatez de quienes hoy controlan a este país. Por un lado Kessel reconoce haber contratado a McKinsey para “contribuir en la planeación integral del sector”. Por otro lado el Congreso actúa como si se tratase de un maestro corrupto.
Es el caso de la resolución del Senado en relación con la ENE. Resulta que el Senado optó por ratificar la ENE y después hacer observaciones para que una vez más corresponda toda la definición del plan al poder presidencialista. Como dijera Jaime Cárdenas: el Senado actuó como si un profesor calificara con 10 a un alumno y le diera, después de calificado, 90 días para contestar el examen. De ese tamaño es la visión republicana de Labastida.
Hoy la Cámara de Diputados, con el tiempo encima, tendrá que definir si sigue el método Labastida o el procedimiento legislativo que establece la Constitución en su artículo 72, y que recomendó el licenciado Emilio Suárez Licona, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara, a través de un estudio que elaboró el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria.
En otras palabras, la Cámara de Diputados puede ratificar la estrategia nacional de energía y pedirle a otro poder que le haga caso, o bien puede modificar y adicionar los artículos del decreto que el Senado aprobó.
Desde este espacio hago un llamado a que el Poder Legislativo actúe como tal, como todo un poder independiente.
De pasillo. Georgina Kessel desconoce cuáles son las reservas de hidrocarburos en Chicontepec. Basa la rentabilidad del proyecto en una investigación de tecnologías que desconoce. Incluso en el mundo todavía no se ha inventado la tecnología para la extracción en ese tipo de yacimientos. Lo que paradójicamente sí se conoce en otras latitudes son los llamados contratos de desempeño (mejor conocidos en México como contratos de riesgo). Dicho modelo de contrato aún no es aprobado por el Consejo de Administración de Pemex y ya está en manos de las empresas. Según dijo el secretario de Economía en Davos, son las empresas trasnacionales las que participaron en su elaboración. En él se establecen, entre otras cosas, que Pemex renuncia a los tribunales mexicanos, otorga jurisdicción a tribunales extranjeros y cede a los contratistas extranjeros el derecho exclusivo de explotar el petróleo. ¿Será esta la razón de tantas anomalías en la ratificación de la ENE?
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