Miguel Ángel Granados Chapa
El procurador del estado de México debe irse por su incompetencia en frenar, entre otros graves delitos, los feminicidios en los que su entidad se lleva la palma
Como pocas veces se ha visto, la infracción a la ley procesal mexiquense se exhibe abiertamente día con día. La característica principal de una averiguación previa, fase en que se encuentra el caso de la muerte de la niña Paulette Gebara Farah, debe ser su discreción, su sigilo. A diferencia del proceso penal, que se inicia con un auto de formal prisión, la averiguación ministerial debe ocurrir lejos de la atención pública. En el caso famoso, en cambio, todo el mundo está convocado cada día: se difunde, ni siquiera se filtra solamente la agenda de los peritajes, la presentación de los testigos. Parte del manejo de los medios a este caso, inmundo a veces, resulta de la irresponsable apertura con que, contra la ley, procede el Ministerio Público del fuero común en el estado de México.
Se acumulan los dislates en que incurre el personal de la Procuraduría del estado de México, cuyo titular Alberto Bazbaz ha enseñado sus limitaciones e intereses de un modo que no se sabe si calificar de arrogante o ingenuo. Su ineptitud está siendo denunciada. La diputada federal perredista Leticia Quezada lo hizo ante la Procuraduría General de la República. A su vez, diputados locales y dirigentes de la oposición en el estado de México organizan una petición formal de renuncia. El gobernador Enrique Peña Nieto, el jefe de Bazbaz, tan pronto como volvió de una gira por Sudamérica, donde intenta presentarse como jefe de Estado, en exagerado anticipo de su pronóstico propio, ha restado importancia a las faltas de su procurador. De igual modo que la Iglesia católica procuraba hasta recientemente desvirtuar las acusaciones sobre pederastia teniéndolas como una simple intención de calumniar a la institución para desprestigiarla, Peña Nieto atribuye el zarandeo público a Bazbaz a propósitos políticos, destinados a minar a su gobierno.
Es seguro que una porción de la crítica pública al procurador tenga esa motivación, dado el lugar eminente que ocupa en el elenco político, ahora mismo y con miras a la sucesión presidencial de 2012. Pero es también seguro que otra parte de la crítica pública se basa simplemente en la observación y examen de cómo Peña Nieto ha abordado la procuración de justicia en su entidad, que sin exageración puede proclamarse como zona de desastre. Ya es indicativo que Bazbaz sea el tercer procurador nombrado por Peña Nieto. Conservó inicialmente a Alfonso Navarrete Prida, designado por su antecesor y tío Arturo Montiel, y lo sustituyó por Abel Villicaña, hasta que hace dos años éste fue reemplazado por Bazbaz.
Ninguno de esos procuradores, y tampoco los del gobierno anterior, Luis Arturo Aguilar Basurto, Jorge Reyes Santana y Gerardo Sánchez y Sánchez, realizaron una tarea memorable por eficaz. Y es que ni a Arturo Montiel ni a su sobrino les ha interesado la procuración de justicia. Cuando más, les importa disponer de un órgano de represión al que se le pueda imprimir sentido político, como ocurrió en la batida de mayo de 2006 contra pobladores de Atenco y acompañantes. Amén de la barbarie a cargo de la Agencia de Seguridad Estatal, los miembros de la Procuraduría entonces a cargo de Villicaña se ensañaron con los detenidos, con una tenacidad que se extraña en el enfrentamiento ministerial a otros delitos.
Y es que si Bazbaz tiene que irse, no debería ser por sus yerros en el asunto de la niña Gebara Farah, o no sólo por ellos, sino por su insuficiencia en el abordamiento de la violencia criminal en el estado, comarca en donde se halla uno de los principales defectos del gobierno de Peña Nieto. No se trata sólo de las incursiones de la delincuencia organizada, sino de algo mucho peor, la configuración creciente del feminicidio como el principal delito en esa entidad, que está ya marcada por enfrentamientos entre narcotraficantes y agentes de la autoridad y donde, por ende, fluye la sangre cotidianamente. La de las mujeres se derrama a ritmos cada vez más acelerados.
Datos de la Secretaría de Salud federal indican que entre 2000 y 2009 murieron por agresiones cerca de 3 mil mujeres (2 mil 881), asesinadas en los cuatro puntos cardinales del estado de México. La cifra es tres veces mayor que la de Chihuahua, incluido Ciudad Juárez, en el mismo lapso, donde ascendió a 843 víctimas. Esos números son la base de un reportaje de Humberto Padgett, titulado "Un feminicidio peor que el del norte. Las muertas del Edomex son muchas más que las de Juárez", aparecido en el número de la revista emeequis que está circulando y lleva por fecha 12 de abril.
"En una docena de municipios mexiquenses, el índice de asesinatos de mujeres durante la última década es superior al de Ciudad Juárez (6.4 asesinatos por 100 mil mujeres). En tanto que en 107 de 125 municipios del estado la tasa de asesinatos es mayor que la media nacional (2.4 muertes por cada 100 mil mujeres)...
"Esa violencia no está focalizada. Se asesinan mujeres en la tierra caliente en el sur o en el árido norte de la entidad, en los límites con Michoacán o con el Distrito Federal, en municipios industrializados y prósperos o en municipios rurales, en los diminutos o en los gigantescos. El ansia de matar mujeres lo cubre todo: en la última década sólo 2 de 125 municipios en los que la violencia no se extendió".
Las causas de estas muertes son diversas. Pero a la mayor parte de ellas las une un elemento en común. Sus autores no son castigados. Permanecen en la impunidad por negligencia, corrupción y en último término ineficacia de la Procuraduría.
Cajón de Sastre
El semanario Zeta, de Tijuana, cumple 30 años y los festejará mañana. Su fundación fue la respuesta a un ataque gubernamental, que acabó con el diario ABC dirigido por Jesús Blancornelas, un periódico que pronto hartó al gobernador Roberto de la Madrid, valido de López Portillo. Se generó un violento conflicto artificial y el diario tuvo que cerrar. Por eso, cuando se rehicieron, los periodistas golpeados resolvieron continuar su tarea y bautizaron a su nuevo periódico con la última letra del alfabeto, la más distante del ABC. Héctor Félix y Francisco Ortiz Franco, codirector y editor del semanario, murieron a balazos, mismo modo con que se pretendió acabar con la vida de su fundador, el 27 de noviembre de 1997. Sobreviviente, dirigido hoy por Adela Navarro, Zeta es una sólida expresión de periodismo independiente.
El procurador del estado de México debe irse por su incompetencia en frenar, entre otros graves delitos, los feminicidios en los que su entidad se lleva la palma
Como pocas veces se ha visto, la infracción a la ley procesal mexiquense se exhibe abiertamente día con día. La característica principal de una averiguación previa, fase en que se encuentra el caso de la muerte de la niña Paulette Gebara Farah, debe ser su discreción, su sigilo. A diferencia del proceso penal, que se inicia con un auto de formal prisión, la averiguación ministerial debe ocurrir lejos de la atención pública. En el caso famoso, en cambio, todo el mundo está convocado cada día: se difunde, ni siquiera se filtra solamente la agenda de los peritajes, la presentación de los testigos. Parte del manejo de los medios a este caso, inmundo a veces, resulta de la irresponsable apertura con que, contra la ley, procede el Ministerio Público del fuero común en el estado de México.
Se acumulan los dislates en que incurre el personal de la Procuraduría del estado de México, cuyo titular Alberto Bazbaz ha enseñado sus limitaciones e intereses de un modo que no se sabe si calificar de arrogante o ingenuo. Su ineptitud está siendo denunciada. La diputada federal perredista Leticia Quezada lo hizo ante la Procuraduría General de la República. A su vez, diputados locales y dirigentes de la oposición en el estado de México organizan una petición formal de renuncia. El gobernador Enrique Peña Nieto, el jefe de Bazbaz, tan pronto como volvió de una gira por Sudamérica, donde intenta presentarse como jefe de Estado, en exagerado anticipo de su pronóstico propio, ha restado importancia a las faltas de su procurador. De igual modo que la Iglesia católica procuraba hasta recientemente desvirtuar las acusaciones sobre pederastia teniéndolas como una simple intención de calumniar a la institución para desprestigiarla, Peña Nieto atribuye el zarandeo público a Bazbaz a propósitos políticos, destinados a minar a su gobierno.
Es seguro que una porción de la crítica pública al procurador tenga esa motivación, dado el lugar eminente que ocupa en el elenco político, ahora mismo y con miras a la sucesión presidencial de 2012. Pero es también seguro que otra parte de la crítica pública se basa simplemente en la observación y examen de cómo Peña Nieto ha abordado la procuración de justicia en su entidad, que sin exageración puede proclamarse como zona de desastre. Ya es indicativo que Bazbaz sea el tercer procurador nombrado por Peña Nieto. Conservó inicialmente a Alfonso Navarrete Prida, designado por su antecesor y tío Arturo Montiel, y lo sustituyó por Abel Villicaña, hasta que hace dos años éste fue reemplazado por Bazbaz.
Ninguno de esos procuradores, y tampoco los del gobierno anterior, Luis Arturo Aguilar Basurto, Jorge Reyes Santana y Gerardo Sánchez y Sánchez, realizaron una tarea memorable por eficaz. Y es que ni a Arturo Montiel ni a su sobrino les ha interesado la procuración de justicia. Cuando más, les importa disponer de un órgano de represión al que se le pueda imprimir sentido político, como ocurrió en la batida de mayo de 2006 contra pobladores de Atenco y acompañantes. Amén de la barbarie a cargo de la Agencia de Seguridad Estatal, los miembros de la Procuraduría entonces a cargo de Villicaña se ensañaron con los detenidos, con una tenacidad que se extraña en el enfrentamiento ministerial a otros delitos.
Y es que si Bazbaz tiene que irse, no debería ser por sus yerros en el asunto de la niña Gebara Farah, o no sólo por ellos, sino por su insuficiencia en el abordamiento de la violencia criminal en el estado, comarca en donde se halla uno de los principales defectos del gobierno de Peña Nieto. No se trata sólo de las incursiones de la delincuencia organizada, sino de algo mucho peor, la configuración creciente del feminicidio como el principal delito en esa entidad, que está ya marcada por enfrentamientos entre narcotraficantes y agentes de la autoridad y donde, por ende, fluye la sangre cotidianamente. La de las mujeres se derrama a ritmos cada vez más acelerados.
Datos de la Secretaría de Salud federal indican que entre 2000 y 2009 murieron por agresiones cerca de 3 mil mujeres (2 mil 881), asesinadas en los cuatro puntos cardinales del estado de México. La cifra es tres veces mayor que la de Chihuahua, incluido Ciudad Juárez, en el mismo lapso, donde ascendió a 843 víctimas. Esos números son la base de un reportaje de Humberto Padgett, titulado "Un feminicidio peor que el del norte. Las muertas del Edomex son muchas más que las de Juárez", aparecido en el número de la revista emeequis que está circulando y lleva por fecha 12 de abril.
"En una docena de municipios mexiquenses, el índice de asesinatos de mujeres durante la última década es superior al de Ciudad Juárez (6.4 asesinatos por 100 mil mujeres). En tanto que en 107 de 125 municipios del estado la tasa de asesinatos es mayor que la media nacional (2.4 muertes por cada 100 mil mujeres)...
"Esa violencia no está focalizada. Se asesinan mujeres en la tierra caliente en el sur o en el árido norte de la entidad, en los límites con Michoacán o con el Distrito Federal, en municipios industrializados y prósperos o en municipios rurales, en los diminutos o en los gigantescos. El ansia de matar mujeres lo cubre todo: en la última década sólo 2 de 125 municipios en los que la violencia no se extendió".
Las causas de estas muertes son diversas. Pero a la mayor parte de ellas las une un elemento en común. Sus autores no son castigados. Permanecen en la impunidad por negligencia, corrupción y en último término ineficacia de la Procuraduría.
Cajón de Sastre
El semanario Zeta, de Tijuana, cumple 30 años y los festejará mañana. Su fundación fue la respuesta a un ataque gubernamental, que acabó con el diario ABC dirigido por Jesús Blancornelas, un periódico que pronto hartó al gobernador Roberto de la Madrid, valido de López Portillo. Se generó un violento conflicto artificial y el diario tuvo que cerrar. Por eso, cuando se rehicieron, los periodistas golpeados resolvieron continuar su tarea y bautizaron a su nuevo periódico con la última letra del alfabeto, la más distante del ABC. Héctor Félix y Francisco Ortiz Franco, codirector y editor del semanario, murieron a balazos, mismo modo con que se pretendió acabar con la vida de su fundador, el 27 de noviembre de 1997. Sobreviviente, dirigido hoy por Adela Navarro, Zeta es una sólida expresión de periodismo independiente.
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